30.076 patronos morosos se verán beneficiados con la amnistía de tres meses que aprobó el martes la junta directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para que cancelen las deudas pendientes sin pagar las multas respectivas,
De acuerdo con el presidente ejecutivo de la institución aseguradora, Alvaro Salas Chaves, esos patronos deben un total de ¢8.884 millones, y de ellos un 95,5 por ciento adeuda sumas inferiores a un millón de colones.
El período de gracia -que empezará a regir el 1°ree; de enero y que concluye el próximo 15 de marzo- tiene por objetivo disminuir los porcentajes de morosidad patronal que enfrenta la Caja y que constituye uno de los principales obstáculos para el crecimiento y la extensión de los servicios que ofrece esa institución.
Cabe destacar que con el monto pendiente de pago sería posible financiar la construcción del nuevo hospital San Rafael de Alajuela, adquirir los terrenos del nuevo hospital de Heredia -valorados en ¢250 millones- y hacer los planos del Enrique Baltodano de Liberia.
Con respaldo
Przedborski ha gozado hasta ahora del respaldo de importantes figuras de la política nacional, entre ellos los expresidentes Luis Alberto Monge y Rafael Angel Calderón Fournier --quienes lo han defendido públicamente-- y el presidente del Partido Liberación Nacional, Rolando Araya Monge. Monge admitió, en una entrevista concedida a La Nación el pasado 8 de noviembre, que el diplomático ha colaborado en el financiamiento de las campañas políticas de los dos partidos mayoritarios.
"Yo creo que sí. Y como él hay muchos que le dan a los dos partidos", respondió Monge, tras aceptar que conoció a Przedborski durante su campaña presidencial, en 1981. Monge se considera amigo personal de Przedborski y achaca las acusaciones en su contra a "un montaje criminal".
Un trabajo realizado para Przedborski por la periodista Isabel Ovares, en agosto pasado, recabó el criterio que tenían del polémico funcionario ad honórem 20 figuras vinculadas con la política y la diplomacia costarricenses.
El presidente del Partido Liberación Nacional, Rolando Araya, resultó ser uno de sus más firmes defensores, junto con Ricardo Castro Calvo, abogado de Przedborski en el país.
El presidente José María Figueres fue consultado por La Nación sobre dicho caso, el 8 de agosto, a lo cual respondió: "Es un diplomático que le ha servido al país en varias administraciones. Contra él se han dicho varias cosas, pero nunca se ha probado nada."
Condicionamiento
A los patronos que se encuentren morosos administrativamente, se les exonerará del ciento por ciento de los recargos y multas que establecen los artículos 12 y 38 de los reglamentos de Enfermedad y Maternidad e Invalidez, Vejez y Muerte, respectivamente. Para ello deberán cancelar el débito en efectivo.
Mientras tanto, aquellos empleadores con deudas ya en cobro judicial y que opten por este beneficio, deberánr cancelar de previo las costas procesales y personales.
Un sistema similar de amnistía se puso a funcionar en 1980 y en 1986 y dio muy buenos resultados, especialmente entre aquellas personas con un pendiente de pago inferior al millón de colones.
Dentro de las empresas que se encuentran en estas condiciones figuran algunos clubes deportivos; sin embargo, según Salas Chaves, estas empresas se han acercado para efectuar arreglos de pago.
De acuerdo con el funcionario existen ocho empresas que tienen débitos que superan los ¢50 millones. En relación con la deuda estatal -que asciende a ¢25.000 millones-, Salas expresó que las obligaciones de este año fueron liquidadas oportunamente y que siguen en conversaciones con el propósito de que disminuya ese monto.
Una de las condiciones de la ley que abrió las puertas a las reformas del sector salud, con el financiamiento del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo, señala que, a partir de 1997, el Estado deberá estar al día en estas obligaciones y pagar puntual y oportunamente a la Caja.
Según Alvaro Salas, el monto de esa deuda se reducirá en vista de que todos los empréstitos que están dando soporte a la reforma, así como el crédito con el Gobierno español por $40 millones para equipamiento, será pagado por el Estado costarricense.
