El aluvión de críticas a la propuesta de reglamento de afiliación de los trabajadores independientes a la CCSS, puesta en consulta en marzo, tuvo efectos.

Gustavo Picado, gerente de Finanzas de la Caja Costarricense de Seguro Social, confirmó que trabajan en un nuevo reglamento que se alejará de manera relevante del modelo tradicional utilizado por la institución para asegurar a las personas que laboran por cuenta propia.

Entre las novedades que incorporaría está la inclusión de tasas de cobro diferenciadas, en especial, para las personas jóvenes que inician una nueva actividad. También incluiría los pagos flexibles según la realidad de la actividad económica donde se desempeñe la persona.

Por ejemplo, si una persona debe contribuir con ¢300.000 en cuotas a la seguridad social, en un periodo de seis meses, la institución permitiría al trabajador pagar el dinero en distintos aportes, según su flujo de ingresos, dijo el jerarca.

“Los trabajadores independientes tienen ingresos que no son estables, en un mes les va bien y otro regular. Entonces, no se puede aplicar un modelo tradicional, porque no necesariamente se puede pagar el mismo monto. Se requiere un rediseño en el modelo que se adapte a la capacidad de pago variante”, reconoció Picado a La Nación.

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El gerente Financiero, además, confirmó que la nueva propuesta se limitará al cobro de contribuciones vinculadas a la actividad laboral.

Eso significa que no se incluirán en el cálculo las ganancias de capital por inversiones o alquileres, como se incorporó en el reglamento que se publicó para consulta, el 17 de marzo, en Diario Oficial La Gaceta.

“Uno de los elementos que se encuentra en revisión es el porcentaje de cotización que deben asumir los trabajadores independientes de más altos ingresos. La petición más reiterada es que la tasa de contribución de este grupo no supere la correspondiente a los trabajadores asalariados (9,5%)”, afirmó el funcionario.

Los independientes que cotizan a la CCSS pagan cuotas hasta del 18,5% de sus ingresos mensuales al Seguro de Salud y al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).

En tanto, los empleados de una compañía privada o el Estado contribuyen con el 9,5% de su sueldo mensual. El 5,5% es para el Seguro de Enfermedad y Maternidad (SEM) y el 4% para el fondo de pensiones.

Picado indicó que también están evaluando la revisión de los plazos de cobros retroactivos.

Cuando un independiente acude a formalizarse, la CCSS revisa las declaraciones de renta ante Hacienda para cobrarle todas las cuotas desde hace 15 años atrás o desde que ese trabajador comenzó su actividad económica.

El proyecto de marzo bajó ese plazo a 10 años, pero, el abogado constitucionalista, Rubén Hernández, explicó que la “Sala IV dijo que las cuotas del seguro son contribuciones parafiscales y si son parafiscales, lógicamente tienen que regir por el Código de Procedimientos Tributarios y la prescripción de materia tributaria es de cuatro años y la CCSS está poniendo una prescripción de 10 años. Eso es arbitrario e inconstitucional”.

Con la reforma al Reglamento de Afiliación de Trabajadores Independientes, el objetivo de la CCSS es incrementar la cobertura de aseguramiento para elevar los ingresos de la CCSS.

Picado recalcó que la Gerencia Financiera propondrá el nuevo texto, el cual deberá ser ratificado por la Junta Directiva de la institución, antes de ir de nuevo a consulta pública.

Al primer trimestre de este año, había 521.700 trabajadores independientes en Costa Rica, es decir, el 26% de la población ocupada, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

Sin embargo, de esa cantidad, 225.000 (43%) estaban asegurados y 297.000 (57%), no contaban con seguro, según la Encuesta Continua de Empleo (ECE).

Asimismo, el 60% de los trabajadores independientes tienen ingresos de menos de un salario mínimo por mes, es decir, por debajo de ¢265.000, según el INEC.

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En tanto que solo el 2% de las personas que laboran por cuenta propia tienen ingresos de al menos ¢1,3 millones por mes.

Los trabajadores independientes contribuyeron al Seguro de Salud y al IVM, durante el año pasado, con ¢314.185 millones, es decir, 20% menos respecto a los ¢393.432 millones del 2019, según los estados financieros de la CCSS.

La contribución hecha por este grupo significó, durante el 2020, el 9,9% del total de la contribución obrera-patronal que ascendió a ¢3,15 billones.

Las cuotas aportadas mensualmente a la institución autónoma financian el sistema de salud público del país y el pago de pensiones.

Principales peticiones

La CCSS envió a consulta, en marzo pasado, la propuesta de un nuevo reglamento para trabajadores independientes la cual fue catalogada de confiscatoria y discriminatoria por varios colegios profesionales.

Entre las principales objeciones están que la base contributiva se amplía más allá del salario recibido y se incluyen ingresos de capital, como inversiones en títulos valores o alquileres.

También se cuestiona la desigualdad entre el aporte de una persona asalariada y otra por cuenta propia.

Además, causaron polémica los pagos retroactivos, pues si una persona se inscribe voluntariamente como independiente, la Caja puede hacerle un cobro de cuotas no declaradas por el periodo que no estuvo afiliado al SEM.

Para Guillermo Smith, presidente del Colegio de Contadores Públicos, lo principal es que haya igualdad de condiciones entre los cotizantes de la institución.

“La Caja debe tener apertura en que si un trabajador independiente se acerca afiliarse no lo considere como una amenaza, sino al contrario, que lo motiven a que lo haga, ya que la misma CCSS realiza preguntas como: ¿desde cuándo (realiza la actividad)? y si es de meses anteriores, le pasa una factura adicional”, recalcó Smith.

Otra de las observaciones más recurrentes es que la política de aseguramiento está alejada a la realidad de la mayoría de los trabajadores independientes, pues se establecen supuestos de ingresos constantes, tal como ocurre con una persona asalariada.

“Se debe cambiar la base de cálculo para el pago de la cuota, pues está calculada sobre supuestos que no son correctos y que indican un desconocimiento de como recibe sus ingresos el trabajador independiente”, subrayó Olman Vargas, director ejecutivo del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA).

Vargas recalcó que la CCSS debe crear un esquema justo, destinado a promover el aseguramiento al sistema de seguridad social, en vez de ahuyentar a las personas.

Para José Salas, asesor de Talento Humano de la Cámara de Industrias, es fundamental que se modifique el plazo de prescripción de deudas para que sea de cuatro años, como se establece en la legislación administrativa, y no de 10 años como pretende la institución.

“Hay meses en que las entradas son cero y otras que son elevadas. Sin embargo, a como está diseñado el modelo actual, los trabajadores independientes deben de tributar aunque sus ingresos sean cero. Esto es un contrasentido”, destacó Salas.

El vocero resaltó que la institución debe impulsar, de manera más relevante, su transformación digital para adaptarse a la realidad laboral del país.

Las organizaciones gremiales coincidieron en que, si la Caja no modifica la propuesta, la ganadora en este proceso será la informalidad.

De acuerdo con los datos de la ECE, en Costa Rica existen 929.000 personas ocupadas con un empleo informal.