EscucharLa cadena de desaciertos de la administración de Pedro Castillo, en Perú, culminó ayer con el intento de golpe de Estado para crear un “gobierno de excepción” encabezado por el propio mandatario y convocar, “en el más breve plazo”, elecciones para establecer un Congreso constituyente encargado de redactar una nueva carta fundamental en un período de nueve meses. Mientras tanto, Castillo gobernaría por decreto.
Las instituciones peruanas reaccionaron sin demora. En diecisiete meses, Castillo nombró varios gabinetes. La lista de más de 80 exministros aumentó aceleradamente con las dimisiones de los funcionarios sorprendidos por la ilícita disolución del Congreso. La propia vicepresidenta de la República, Dina Boluarte, se declaró en contra de la medida.
El Poder Judicial no tardó en sumarse y recordar a los ciudadanos que no hay obligación de acatar disposiciones de un gobierno usurpador. Además, reiteró estar en pleno ejercicio de sus facultades constitucionales. La autoridad electoral y el presidente del Tribunal Constitucional también protestaron por la lesión a la institucionalidad.
Las cámaras de empresarios, los medios de comunicación y diversas organizaciones de la sociedad civil salieron al paso de la intentona, aunque el gobernante prometió “escrupuloso” respeto al modelo económico. Hasta el abogado del presidente en las causas iniciadas en su contra por corrupción planteó su renuncia.
Las Fuerzas Armadas y la Policía, en un comunicado conjunto, rechazaron sumarse al golpe. “Cualquier acto contrario al orden constitucional establecido constituye una infracción a la Constitución y genera el no acatamiento de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú”, dice el pronunciamiento. Los militares también pidieron a la ciudadanía “mantener la calma y confiar en las instituciones legalmente establecidas”.
La intentona de Castillo procuraba adelantarse a una probable destitución. El Congreso había planeado votar ayer una moción de vacancia para cesar al mandatario a consecuencia de los crecientes escándalos de corrupción relacionados con nombramientos y contratos estatales. Familiares y allegados de Castillo participan, junto con él, en una organización criminal “enquistada en el palacio de Gobierno con la finalidad de copar, controlar y direccionar (sic) procesos de contrataciones para obtener ganancias ilícitas”, dice la Fiscalía.
El anuncio del golpe solo consiguió consolidar las intenciones de declarar a Castillo incapaz moral. La moción se aprobó con 101 votos, incluidos varios de congresistas afines al partido del mandatario. Solo seis votaron en contra y diez se abstuvieron. Acto seguido, los parlamentarios tomaron juramento a la vicepresidenta Boluarte. Castillo permanece detenido en la Prefectura de Lima y quedará a las órdenes de la justicia, ahora también por el intento de romper el orden constitucional.
La juramentación de la nueva mandataria, la detención de Castillo y la prueba superada por las instituciones peruanas están lejos de resolver la profunda crisis nacional. Boluarte es la sexta presidenta desde el 2016, y en la segunda ronda electoral ganada por Castillo a los votantes se les presentó la difícil opción de elegirlo a él o a Keiko Fujimori, hija de quien perpetró un golpe muy similar en 1992.
La situación económica tampoco es halagüeña. La inflación aumentó y el gobierno de Castillo enfrentó protestas donde el reclamo por las promesas incumplidas fue una constante. En las circunstancias, es difícil creer en la recuperación de la estabilidad de la mano de Boluarte. Comenzar a cerrar las grietas abiertas en la sociedad peruana será difícil sin una convocatoria de elecciones. No hay garantía de un resultado idóneo, pero vistos los acontecimientos, tampoco se vislumbra un rumbo para el mandato de Boluarte.
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