EscucharEn estos días, la Dirección Actuarial de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) es fuente de pésimas noticias, pero debemos agradecérselas. Comenzó por informar al Comité de Vigilancia del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) sobre el arribo anticipado del día en que será necesario echar mano de las reservas del sistema porque los ingresos e intereses no alcanzan para pagar a los jubilados.
Eso no ocurrirá en el 2038, como durante largo tiempo dijo la Caja. Tampoco en el 2030, como lo aseguró después, sino este año, cuando será necesario sustraer ¢51.380 millones de la reserva después de gastar la totalidad de los ingresos e intereses, salvo la deuda no pagada del Estado, que pronto alcanzará ¢600.000 millones. Solo en el 2024, el presupuesto del Ministerio de Hacienda refleja un faltante de ¢71.630 millones en la cuota estatal.
Pero la Dirección Actuarial también señaló al Comité de Vigilancia una consecuencia dramática de la crisis: la “cruda” realidad impide ajustar las pensiones del régimen por el incremento en el costo de vida. Luis Guillermo López Vargas, subdirector de la Dirección Actuarial y Económica de la Caja, anunció al Comité de Vigilancia la oposición de su departamento a los aumentos. En las circunstancias, es imposible imaginar otra recomendación de los técnicos.
La medida implica la paulatina pérdida del poder adquisitivo de las pensiones y muestra su extrema vulnerabilidad ante la inflación. Es una consecuencia directa y actual de la crisis de las pensiones. La franqueza de la Dirección Actuarial debe ser agradecida porque, hasta hace poco, todos los escenarios previstos por la Caja eran irresponsablemente optimistas, como queda en evidencia por el hecho de que hoy vivimos el escenario anunciado para el 2038, pese a los ajustes practicados al sistema desde los tiempos, ya lejanos, de aquellos estudios tan ajenos a la realidad.
Hace más de una década, la Caja rechazaba las peticiones de información de la Superintendencia de Pensiones y alegaba su autonomía para mantener el secreto de los datos. Esa autonomía, llevada al extremo de evadir la supervisión establecida para todos los demás regímenes, le está saliendo cara al país y a sus jubilados, uno de los grupos más vulnerables de la sociedad.
La lección debe quedar aprendida y, si bien cabe argumentar que la claridad de los datos ofrecidos en la actualidad obedece a la imposibilidad de tapar el sol con un dedo, el cambio es bienvenido porque solo con la “cruda” realidad enfrente hay esperanza de una rectificación. El faltante de ¢71.630 millones en el presupuesto del año entrante para pagar las obligaciones del Estado con el régimen ya no implica la amenaza futura de desfinanciamiento, sino la pérdida actual de poder adquisitivo de los ingresos del abuelo, cuya angustia aumentará con el paso del tiempo.
El escenario temido y advertido por los expertos se hizo presente y la inacción solo puede acelerar el deterioro. Como siempre ocurre en esta materia, no hay soluciones fáciles, pero serán más dolorosas con el paso del tiempo. Por lo pronto, el subdirector actuarial recomendó negociar por aparte el pago de las deudas del gobierno con el Seguro de Salud y lo adeudado al seguro de pensiones. Las primeras son tan grandes que intentar un acuerdo global podría dar al traste con la recuperación de lo adeudado a las jubilaciones.
Si el pago del Estado se logra, el sistema no quedará exento de una profunda revisión para evitar una nueva crisis a la vuelta de los años, pero la tentación de posponer el examen volverá a presentarse y entonces sabremos si las lecciones de hoy fueron aprendidas.
