Por tercer año consecutivo, el Gobierno presupuestó menos de lo necesario para pagar las cuotas estatales al régimen de pensiones del fondo de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Para el 2024, el hueco será de ¢71.630 millones
La Contraloría General advirtió de que la situación se está convirtiendo en una “insuficiencia sistémica”.
El año pasado, el Gobierno omitió pagar al IVM ¢103.350 millones. Para el 2023, la Contraloría estimó un faltante presupuestario de ¢109.300 millones.
De acuerdo con el órgano contralor, para el 2024 la situación puede empeorar debido a que, en el transcurso del año, la CCSS suele comunicar incrementos en los requerimientos de cuotas estatales para pensiones, pero estas solicitudes no se reflejan en presupuestos extraordinarios del Gobierno.
¿Cuáles son las cuotas estatales?
Este dinero corresponde a las cuotas que el Gobierno debe pagar, como contribución estatal, para las pensiones de los trabajadores asalariados e independientes, asegurados voluntarios y de convenios especiales.
En el caso de los asalariados, el aporte estatal al IVM equivale a un 1,57% de cada salario.
En el caso de independientes, que no tienen patrono, el Estado debe pagar la diferencia entre lo que paga el asegurado y el porcentaje de contribución global definido actuarialmente.
Las cuotas estatales para la Caja tienen su asidero en el artículo 73 la Constitución Política, en el que se prevé el auxilio del Estado para complementar los aportes de los trabajadores y los patronos a la seguridad social, a fin de financiar los sistemas de pensiones y salud.
Para el 2024, la CCSS presupuestó recibir del Gobierno ¢300.571 millones por concepto de cuota estatal para el IVM, pero el Ministerio de Hacienda solo reservó ¢229.000 millones (el 75%) en el plan de gastos enviado a la Asamblea Legislativa.
Así consta en un análisis presupuestario elaborado por la Contraloría.
Según el ministro de Hacienda, Nogui Acosta Jaén, el pago de intereses de la deuda pública y la regla fiscal limitan la posibilidad de integrar en el presupuesto todo lo que la Caja factura.
“Sin embargo, no todo lo que factura la CCSS necesariamente lo cobra”, adujo Acosta.
Añadió que el Gobierno y la Caja se encuentran en proceso de definir el monto adeudado por el Poder Ejecutivo a la seguridad social. Insistió en que hay diferencias entre los números que la institución factura y lo que realmente está cobrando.
No obstante, la deuda histórica incluye otros rubros, aparte de las cuotas estatales para los seguros de Salud y Pensiones, como la atención de los asegurados por cuenta del Estado, entre los que se encuentran personas en condiciones de pobreza, pobreza extrema e indigentes.
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Aumento gradual de cuotas
En el 2016, la Junta Directiva de la CCSS aprobó subir paulatinamente las cuotas de trabajadores, patronos y Estado para el IVM, a fin de atenuar el déficit actuarial que amenaza el sistema.
En el caso del Estado, la Caja decidió subir el aporte de 0,58% a un 1,91% para el año 2029.
Entre el 2015 y el 2021, la morosidad acumulada del Estado por este rubro subió de ¢12.228 millones a ¢462.146 millones, de acuerdo con un informe de la CCSS dado a conocer a mediados del año pasado.
Actualmente, la cuota está en 1,57% y así se mantendrá hasta el 31 de diciembre del 2025. Luego, subirá a 1,75% en el 2026 y, finalmente, a 1,91% en el 2029.
Pensiones tienen gran peso
De los ¢2,9 billones previstos para transferencias en el Presupuesto de la República para el 2024, 41,4% corresponde a recursos destinados a Regímenes Especiales de Pensiones.
Estas son las jubilaciones de sistemas exclusivos de pensiones del Estado, aparte del IVM, como los regímenes de Hacienda o del Magisterio Nacional.
Desde hace muchos años, estos sistemas son ampliamente deficitarios y el Gobierno debe pagar la mayor parte de los beneficios. Para el 2024, Hacienda presupuestó casi ¢894.000 millones, lo que implica un crecimiento de casi el 1%.
La Contraloría insiste en que hay diferencias en el diseño y otorgamiento de los beneficios de estas pensiones en comparación con el régimen del IVM, lo que conlleva efectos fiscales y de justicia social.
Si bien algunos regímenes como el del Magisterio mantienen una población activa, existen los que están cerrados, lo que implica que el Estado debe pagar casi la totalidad de los pagos a los pensionados.
Para el 2024, el Gobierno presupuestó ¢1,2 billones dirigidos a cubrir las pensiones y aportes al IVM. Dicho monto representa un 2,4% del Producto Interno Bruto (PIB).
