El Gobierno omitió pagar a la CCSS, el año pasado, ¢174.570 millones correspondientes a las cuotas estatales para las pensiones y el seguro de salud de trabajadores privados y públicos.
La mayor parte del dinero no pagado concierne a los aportes para financiar las jubilaciones de los asalariados del sector privado y el público descentralizado (por un monto de ¢70.931 millones).
En segundo lugar, el impago del Gobierno recae sobre la contribución estatal para el seguro de salud de los trabajadores independientes (¢44.662 millones) y las pensiones de este mismo grupo (casi ¢22.000 millones).
El Poder Ejecutivo también quedó debiendo cuotas estatales correspondientes a los regímenes de convenios especiales y asegurados voluntarios, tanto en salud como en pensiones, así como al seguro de salud de trabajadores del sector privado y el descentralizado.
En total, ¢103.351 millones no pagados atañen al régimen de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y ¢71.219 millones al Seguro de Enfermedad y Maternidad (SEM).
Así se desprende de información recopilada por la Contraloría General de la República (CGR) sobre la forma en que el Gobierno ejecutó el Presupuesto Nacional del 2022.
Las cuotas estatales para la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) son una obligación fijada en el artículo 73 la Constitución Política para complementar los aportes de los trabajadores y los patronos a la seguridad social, a fin de financiar el sistema de salud y de pensiones.
Por ejemplo, el Estado debe aportar para el SEM un monto equivalente al 0,25% de todos los salarios reportados en el país.
Otro ejemplo: en el caso de trabajadores independientes, que no tienen patrono, el Estado debe pagar la diferencia entre lo que paga el asegurado y el porcentaje de contribución global definido actuarialmente.
Deuda con Jupema
Además de no pagar estas cuotas a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el Gobierno tampoco pagó obligaciones patronales y estatales por ¢6.825 millones a la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (Jupema).
Según la Contraloría, así ocurrió a pensar de que la Dirección General de la Presupuesto Nacional solicitó realizar el pago, con base en la factura emitida por la Jupema, institución que administra las pensiones de los docentes.
El informe de liquidación del Presupuesto del 2022, elaborado por la Contraloría, añade que el Gobierno tampoco pagó a la CCSS facturas por otros ¢77.700 millones, pero estos obedecen a transferencias fijadas en leyes especiales como el Código de Niñez y Adolescencia, ley sobre el tabaco y el financiamiento del servicio de fertilización in vitro, entre otros.
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Desde el 2022 se había advertido
Tanto la contralora general, Marta Acosta, como el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, dijeron, por separado, que la CCSS emitió las facturas, pero el Gobierno no las pagó porque los recursos no estaban presupuestados.
“Existen las facturas recibidas y no registradas por falta de contenido presupuestario”, dijo la contralora en la Asamblea Legislativa, sobre el monto correspondiente a la CCSS.
Desde el año pasado, la Contraloría había advertido de que el Presupuesto elaborado por el Gobierno omitía al menos ¢54.000 millones en cuotas estatales para la CCSS.
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¿Qué dice el ministro de Hacienda?
El ministro de Hacienda, Nogui Acosta, dijo en principio que los montos señalados por la Contraloría “son recursos que no constituyen un gasto verificable en la liquidación porque no están presupuestados en el 2022″.
“Para poder honrar un cobro debe existir su presupuestación, la cual se rige y debe ajustarse al cumplimiento del bloque de legalidad”, declaró.
Ministerio de Salud no presentó reclamos
El Ministerio de Salud, encargado de trasladar a la CCSS los aportes al seguro de salud, no presentó ningún reclamo sobre las facturas emitidas por la institución, citó la Contraloría en un informe financiero.
Más bien, dijo que el dinero disponible era insuficiente para pagar la menor de las facturas hechas por la Caja.
“Además, se hizo énfasis en que el Ministerio de Salud no tiene injerencia en la labor de presupuestación de los recursos asignados a las partidas en cuestión, siendo que dicha presupuestación es realizada por el Ministerio de Hacienda”, reseñó la Contraloría, la cual agregó que esta situación provoca que el déficit fiscal esté subestimado.
El ministro de Hacienda insistió en que el Gobierno no puede pagar montos por deudas que no haya conciliado con la CCSS y que no hayan sido presupuestados.
En cuanto a las cuotas estatales, que son aportes ordinarios, dijo: “Algunas veces, como en el caso del Ministerio de Educación Pública (MEP) hace algunos años, hay recalificaciones de salario. O pueden ser casos en los cuales aumenta el número de trabajadores y no se había presupuestado el monto”.
