Contraloría reprueba liquidación presupuestaria del Gobierno del 2022

Mediante una auditoría, la Contraloría encontró errores materiales y generalizados que afectan la totalidad de la información.

En la parte de ingresos, no fueron incorporados al Presupuesto ¢176.276 millones provenientes de créditos externos aprobados por la Asamblea Legislativa, así como otros ¢12.390 millones que están registrados en cuentas contables de pasivos.

También existe incertidumbre sobre la existencia de ¢176.092 millones de ingresos tributarios y ¢111.800 millones de ingresos no tributarios que no pudieron ser debidamente clasificados durante los meses del ciberataque del 2022.

“Por lo tanto, no se tiene certeza si dichos recursos debieron registrarse como ingresos del Presupuesto de la República, o bien, podrían pertenecer, incluso, a otras instituciones”, explicó la contralora general, Marta Acosta.

Acosta indicó que, de los ingresos tributarios sin clasificar, el 99% corresponde a información que no pudo proporcionar la Dirección General de Aduanas.

Tampoco se tiene certeza del saldo registrado por ¢649 millones en la partida de impuesto por derechos arancelarios a la importación, pues no se puede identificar a qué tributo corresponden debido a que no se cuenta con información por parte de Aduanas para su clasificación.

La contralora general agregó que ¢201.457 millones se registraron como transferencias corrientes, cuando en realidad corresponden a superávits de órganos desconcentrados.

“Estas y otras situaciones que por temas de tiempo no detallamos afectan la liquidación del presupuesto y hacen que la misma no sea razonable por el lado de los ingresos y damos una opinión adversa”, indicó la jerarca.

En la parte del gasto, no se incluyeron ¢267.000 millones, equivalentes 0,6% del producto interno bruto (PIB), en el informe de liquidación presupuestaria, de acuerdo con la contralora.

De ese monto, la auditoría detectó ¢252.287 millones no registradas en la partida de transferencias corrientes. Este dinero corresponde a facturas realizadas por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) por concepto de cuotas estatales.

Así mismo, hallaron ¢6.825 millones de aportes patronales y estatales no registrados por el Ministerio de Educación Pública (MEP) cobrados por parte de la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (Jupema), así como ¢4.440 millones de resoluciones administrativas tampoco registradas.

Esas resoluciones no incorporadas se detectaron, principalmente, en los ministerios de Hacienda y de Trabajo y seguridad Social (MTSS).

El informe de la Contraloría también señala que en el MEP existen 83.855 reclamos administrativos no resueltos por diferencias salariales del personal que aduce pago incorrecto de sus salarios. Por estos reclamos, en 2022 ese ministerio pagó ¢15.811 millones.

En cambio, por posibles sumas giradas de más en salario el MEP gastó ¢3.875 millones el año pasado.

Por otra parte, Acosta indicó que a la CGR se le imposibilitó verificar el cumplimiento o incumplimiento de la regla fiscal durante el 2022, debido al decreto del Gobierno que aflojó la aplicación de este tope en el límite del gasto público.

Antes del cambio, el reglamento de la regla fiscal establecía que el cumplimiento de la norma debía verificarse al comparar el gasto realmente ejecutado en el año en curso con la ejecución del año anterior.

En lugar de ello, el actual gobierno modificó el decreto para que la verificación se haga solo comparando el presupuesto final del año con el presupuesto ordinario del año anterior. El ajuste le permitiría al Gobierno aumentar el gasto, sobre todo en el gasto corriente (salarios, intereses y servicios).