La Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (Jupema) pidió a los diputados rechazar el proyecto de ley que bajaría el aporte patronal del Estado a las pensiones del Poder Judicial y el Magisterio, para equipararlo con el aporte patronal que recibe el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
También, se opone al proyecto de creación de la Pensión Básica Universal, del diputado Rodrigo Arias.
La Junta Directiva de Jupema alega que ambas iniciativas carecen de sustento técnico y pondrían en riesgo las finanzas de su sistema de pensiones.
El primer proyecto, impulsado por la diputada oficialista Pilar Cisneros, plantea reducir gradualmente el aporte patronal para las pensiones del Poder Judicial, de 14,36% a 5,75% del salario, en un plazo de 35 años, a partir del momento en que las jubilaciones en curso estén financiadas.
En tanto, en las pensiones del Régimen de Capitalización Colectiva del Magisterio Nacional (RCC), la contribución bajaría de 6,75% a un 5,75% en 10 años.
El 5,75% es el aporte que los patronos aportarán sobre el salario del trabajador en el IVM, a partir del 2029.
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En tanto, el proyecto del diputado Arias pide crear un beneficio para todas las personas adultas mayores, costarricenses o extranjeras, que hayan vivido en el país por al menos 40 años.
Una de las fuentes de financiamiento provendría del actual aporte estatal a los regímenes básicos de pensiones, a fin de recaudar al menos 3% sobre una base cotizable mensual determinada por la CCSS por cada una de las personas que recibirán una pensión básica universal.
Según la Junta, el proyecto de Pensión Básica Universal también ocasionará otro desequilibrio actuarial con la supresión total o parcial del aporte estatal a las pensiones básicas como las del IVM, el Poder Judicial y el Magisterio.
“Exhortamos a las señoras y señores diputados a que se busquen las soluciones para mejorar las condiciones del IVM de la CCSS, sin desmejorar la estabilidad del RCC”, indica un pronunciamiento de la Junta Directiva de Jupema.
El llamado de la Junta coincide con la comparecencia en el Congreso de Álvaro Ramos, exsuperintendente de pensiones y exjerarca de la CCSS, quien expresó su preocupación acerca de los posibles efectos negativos de la reducción del aporte patronal al 5,75% de los sistemas de pensiones del Poder Judicial y del Magisterio.
Ramos señaló, este miércoles, que el proyecto de Cisneros podría generar complicaciones en el futuro, particularmente si se necesitara aumentar la contribución estatal al sistema en momentos posteriores.
“Si el día de mañana decimos que el IVM debe de subir un poco, el resto dirá cómo vamos a subir ese 5,75% al IVM si nosotros estamos en ese (mismo) porcentaje”, apuntó Ramos.
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En tanto, Jupema añade que ambas iniciativas ponen en riesgo la solidez y sostenibilidad del RCC, perjudicando la calidad de vida y el derecho a una jubilación justa y oportuna.
Asegura que el RCC actualmente se encuentra con solvencia financiera, garantizando así el pago de pensiones por los próximos 100 años.
Añaden que reducir en 1% el aporte patronal, el efecto al fondo sería de ¢152.923 millones, poniendo en peligro el superávit de ¢74.116 millones y creando un déficit de ¢78.807 millones. Ello pone en riesgo el pago de las pensiones, afirma.
“Su enfoque es fiscalista, pues solo le interesa disminuir los aportes del Estado y del sector privado para generarles ahorros, sin ponderar las implicaciones futuras para el fondo, y en especial para los afiliados”, indica el pronunciamiento.
En cuanto al plan de pensión universal, la Jupema alega que afectaría el régimen de pensiones básicas. También, alega que elimina el derecho de sucesión, lo que perjudica a viudas y huérfanos en todos los regímenes, y elimina esa proporción de pensión básica universal, a quienes por la razón que sea, dejen de residir en Costa Rica.
“En otros países, las reformas excluyen a las personas con ingresos por encima de los rangos de pobreza y provee esa pensión a quienes están en pobreza extrema tal y como lo hace hoy en día el régimen no contributivo de la CCSS, por ello, no es aceptable que todos los trabajadores del país se vean afectados eliminándoles la contribución Estatal”, señala Jupema.
En ambos proyectos, la Junta quedaría condicionada a modificar la edad de retiro, aumentar los aportes de los afiliados y a disminuir el monto de las pensiones para poder “compensar” la cuota patronal, así como buscar alternativas de inversión que generen una mayor tasa actuarial para compensar ingresos, lo que genera una mayor exposición al riesgo.
