El uso de las reservas del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) para pagar pensiones este año prueba que la reforma que entra en vigor el 11 de enero del 2024, con el fin de solucionar los problemas de solvencia, es insuficiente.
Así lo advirtió Rocío Aguilar Montoya, jerarca de la Superintendencia de Pensiones (Supén), luego de que La Nación diera a conocer el lunes el faltante de ¢51.380 millones en ingresos del IVM para hacer frente al pago de pensiones del 2023.
Como las cotizaciones y los intereses de las inversiones de las reservas no son suficientes, el régimen tendrá que tomar, por primera vez, dinero del fondo de la reserva para pagar la diferencia. Ese es el primer escenario crítico.
El segundo es que ese faltante de recursos no estaba previsto para ahora, sino para el 2030.
Y el tercero es solo una posibilidad que debe prender alertas en lo fiscal, dijo Aguilar ante una consulta de este diario. Esa posibilidad es que si los ingresos corrientes y la reserva no logran cubrir los egresos (el régimen estaría completamente desfinanciado). Bajo esta condición es que el Gobierno se vería obligado a intervenir directamente para sostener el régimen.
“Este tema, además, genera alertas en el ámbito de lo fiscal, porque, al fin y al cabo, si llegamos y se profundiza ese problema, el Estado es que el que va a tener que pagar las pensiones. Entonces, se puede materializar el otro riesgo del cual siempre se ha hablado, que es el riesgo fiscal que implican las pensiones”, advirtió.
Propuestas de la Supén
Las modificaciones más inmediatas para cambiar el rumbo del régimen son las que empezarán a regir 11 de enero del 2024, las cuales, según Aguilar, “van en la dirección correcta”, pero “tampoco vienen a resolver el problema”.
“Esto no es ni más ni menos el resultado de la posposición de decisiones que durante años hemos tenido en el régimen básico de pensiones. Creo que esto debería ser, además, una alerta de hacer reformas de mayor calado”, indicó.
La pensión básica universal, la definición de mecanismos de autobalance para determinar cuánto se ajustan o no las pensiones y aspectos relacionados con la edad de las personas para pensionarse, son algunos de los elementos que Aguilar considera deben ser discutidos para cambiar el rumbo del régimen y garantizar la robustez del sistema.
“Y que las mesas de trabajo de la CCSS en esta materia realmente funcionen, porque las reformas no son sencillas (...). Va a ser difícil pensar que todos los ajustes se pueden hacer con mayores contribuciones, porque lo que hemos visto es que, a mayor contribución, lo que empieza a fomentarse es la informalidad y, más bien, hacemos más grande el problema”, añadió.
Aguilar también abogó por el avance de proyectos de ley que se encuentran en la Asamblea Legislativa, que amplificarían las capacidades de supervisión de la Supén en cuanto al régimen de pensiones del IVM, que, por su naturaleza jurídica, goza de una amplia independencia.
“A diferencia de los regímenes de capitalización individual, donde tenemos la capacidad de regular, en el caso del régimen básico (IVM), por temas de constitucionalidad, nuestra participación de alguna forma es menor. Por eso es importante también que algunos proyectos de ley que están en la Asamblea Legislativa, que fortalecen a la Supén en su carácter de supervisor, también se puedan avanzar”.
Los cambios a partir de 2024
Los cambios que introduce la reforma de 2024 incluyen la eliminación de la pensión anticipada para los hombres; en las mujeres el beneficio se mantiene, pero la edad para anticipar el retiro se eleva de 59 años y 11 meses, con 450 cuotas actuales, a 63 años con 405 cuotas.
De igual forma, los hombres pasarán de jubilarse a los 61 años y 11 meses (con 462 cuotas), a recibir su pensión hasta los 65 años (con al menos 300 cuotas).
A su vez, se disminuiría el monto de la jubilación futura entre un 3% y un 12% porque la Gerencia de Pensiones planteó cambiar las dos principales variables de la fórmula, es decir, el sueldo promedio cotizado por la persona y el cálculo del monto de la pensión.
Contribución del Estado necesaria
El escenario del uso de reservas para hacer frente al pago de pensiones este 2023 se adelantó en siete años porque el Gobierno ha incumplido con el pago completo de las cuotas estatales al IVM, detallan actas del Comité de Vigilancia del IVM.
Esto porque en el caso de los asalariados, el aporte que debe dar el Estado al IVM equivale a un 1,57% de cada salario.
El subdirector de la Dirección Actuarial y Económica de la CCSS, Luis Guillermo López Vargas, también expresó dudas sobre el impacto que tendría la reforma que comienza a aplicarse en enero si no se generan cambios en uno de los elementos fundamentales que alimentan el fondo: las contribuciones estatales al IVM.
“Yo lo que visualizo en esto es que el peso relativo de la obligación del Estado de una u otra forma hacen que se anulen los efectos de la reforma y si el Estado lejos de incrementar su financiamiento y su presupuestación, la mantiene igual o busca resultados fiscales, yo creo que llegaría ese momento crítico y se mantendría”, alertó al Comité de Vigilancia del IVM el 28 de julio.
De forma similar se manifestó el representante patronal, Frank Cerdas, al cuestionar la posibilidad de generar acciones que mejoren la sostenibilidad del régimen, si la morosidad del Estado continúa sin resolverse.
“Podemos hacer muchos ajustes al régimen para mover el momento crítico, pero, finalmente, va a depender del nivel de cumplimiento o incumplimiento del Estado; podemos hacer muchos ajustes, pero la decisión del Estado está adelantando siete años el momento crítico”, expresó.
Según cálculos de la CCSS, para febrero del 2023, la deuda acumulada del Gobierno en el pago de las cuotas estatales al IVM era de ¢531.000 millones y se espera que, para finales de año, se eleve a unos ¢600.000 millones.
Para el año próximo, la situación persistirá porque el Gobierno presupuestó menos de lo necesario para pagar las cuotas estatales al IVM. Para el 2024, el hueco será de ¢71.630 millones.
La CCSS tenía previsto recibir del Gobierno ¢300.571 millones por concepto de cuota estatal para el IVM el año entrante, pero el Ministerio de Hacienda solo reservó ¢229.000 millones (el 75%) en el plan de gastos enviado a la Asamblea Legislativa.
Según el ministro de Hacienda, Nogui Acosta Jaén, el pago de intereses de la deuda pública y la regla fiscal limitan la posibilidad de integrar en el presupuesto todo lo que la Caja factura.