Hay una agenda nacional más allá del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y las urgentes medidas de ajuste fiscal intensamente debatidas en los últimos días. No cabe la menor duda y no debemos perderlo de vista ahora ni olvidarlo una vez superada la crisis del momento.
En el frente fiscal, darnos por satisfechos con las medidas contenidas en el acuerdo con el FMI es invitar a una nueva crisis en cuanto varíen las condiciones o vuelvan a entronizarse las malas prácticas. Los objetivos del programa de reducción del endeudamiento son más modestos que en el primer planteamiento de la reforma, divulgado en setiembre y fracasado por su excesivo acento en lo tributario.
Esos objetivos no perdieron validez por el rechazo a los medios propuestos para alcanzarlos. Una política vigorosa de reducción de la deuda es perfectamente posible con base en reformas estructurales no contempladas en el acuerdo con el FMI. Ese convenio no es el lugar para plantearlas y su incorporación al debate público, en este momento, complicaría la adopción de medidas urgentes.
La venta de activos del Estado, la fusión de instituciones, la búsqueda de eficiencia en el gasto social, la eliminación de duplicidades y el cierre de programas cuya utilidad está en entredicho son elementos fundamentales de la discusión futura. Iniciativas como el Plan CERRAR, propuesto por el exdiputado Ottón Solís, merecen nueva consideración, así como el funcionamiento de las empresas estatales, comenzando por la Refinadora Costarricense de Petróleo.
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Las reformas necesarias para estimular el crecimiento económico son de todos conocidas y en algunos ámbitos hay programas de mejoramiento, pero seguimos sufriendo carlancas como la incapacidad de los Ministerios de Agricultura, Salud y Ambiente para tramitar solicitudes de inscripción de agroquímicos, denunciada en estas páginas por el académico Víctor Umaña en días recientes.
Por razones desesperantemente burocráticas, hace más de 15 años Costa Rica no registra agroquímicos con ingredientes activos modernos, más eficientes, seguros y ambientalmente sostenibles, lo cual pone a nuestros productores en desventaja frente a sus competidores internacionales. El caso es emblemático de muchas otras limitaciones al emprendimiento, la competitividad y la atracción de inversiones.
El impulso a la economía depende de la solución de nuestras deficiencias en el campo energético, no en calidad o cantidad, pero sí en precio. Tampoco debe quedar relegada la redistribución de las cargas sociales para estimular el empleo y la formalidad. El acceso al crédito, ampliado por iniciativas como el fondo de avales, debe ser constante, así como el desarrollo de infraestructura.
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La lista es larga y siempre debe coronarla el desarrollo de una cultura de rendición de cuentas y fijación de responsabilidades. Un enorme caudal de recursos públicos terminan en desperdicio porque no hay a quien reclamar, como acaba de suceder con la carretera entre Chilamate y Vuelta de Kooper, por la cual pagamos ¢17.000 millones más de lo presupuestado y esperamos más del doble del tiempo previsto sin que exista reclamo contra funcionario alguno, pues la investigación interna no encontró mérito para pasar siquiera de la fase preliminar.
La agenda es larga, pero prácticamente toda incide en el equilibrio fiscal. Sin él, no hay reactivación económica ni serenidad para promover las reformas estructurales necesarias. El acuerdo negociado con el FMI es políticamente viable. Esa es una valiosa virtud cuando se está a punto de caer por la pendiente.
