El Gobierno considera concesionar o incluso vender la Fábrica Nacional de Licores (Fanal) como parte de un paquete de medidas anunciadas este lunes, para reducir el déficit fiscal y el peso de la deuda pública sobre las finanzas del Estado.
Así lo confirmó esta mañana Rodrigo Chaves, ministro de Hacienda, durante una amplia exposición ante el plenario de la Asamblea Legislativa, en la que también mencionó la posibilidad de vender el Banco Internacional de Costa Rica (BICSA).
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Según Hacienda, la venta o la concesión de la Fábrica tendría un impacto equivalente al 0,03% del producto interno gruto (PIB) y, además, permitirá fortalecer al Consejo Nacional de Producción (CNP), el cual debe hacer frente a las millonarias obligaciones de Fanal.
Dicha empresa estatal cerró con pérdidas por ¢3.170 millones en 2017 y ¢3.998 millones en 2018. Sin embargo, sus resultados financieros podrían ser más graves, pues la fábrica posee deudas que no están registradas en su contabilidad.
El anuncio sobre la posibilidad de vender el negocio propiedad del CNP tomó por sorpresa a Rogis Bermúdez, presidente ejecutivo del Consejo, quien esta mañana comentó a La Nación que esa alternativa no estaba contemplada.
“Esa es una posición de él (ministro de Hacienda) que tengo que revisar y hablar con él, pero de parte nuestra no hemos planteado ningún escenario que diga venta”, afirmó Bermúdez.
El jerarca del CNP fue enfático en que mantendrá su posición. “Vender no. Ese escenario lo voy a defender siempre. Lo he hablado con el ministro. Lo que pasa es que también hay presiones políticas”, aseveró.
Semanas atrás, el jerarca del CNP había comentado a este diario que la Fábrica dejó de pagar impuestos durante algunos períodos desde 2002, por razones que él dice desconocer.
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También se dejaron de honrar algunas obligaciones con otras entidades como el Instituto Nacional de Desarrollo Rural (Inder) y el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), originadas en leyes que establecen el traslado de algún porcentaje de los ingresos generados por la venta de licores.
Los estados financieros de 2018 de la Fanal reflejaron que el negocio tenía pasivos de corto y largo plazo por ¢13.900 millones; sin embargo, el número real se desconoce.
Ante esa situación, el Gobierno decidió conformar una mesa interinstitucional para definir cuánto y a quién le debe la Fábrica.
De los resultados de esos análisis se tomarían decisiones, según había adelantado Bermúdez a La Nación.
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El temor que compartieron el Gobierno y el Consejo Nacional de Producción era que los acreedores embargaran las cuentas de la empresa estatal por las deudas que mantiene la Fanal.
Eso podría dejar sin pago a los productores agrícolas que le venden alimentos al CNP, a través del Programa de Abastecimiento Institucional (PAI). A su vez, el Consejo se los vende a comedores escolares, Cen-Cinái, cárceles y comisarías de Fuerza Pública, entre otras dependencias.
“Con esa medida de la concesión, que hay que ver por el tema de las deudas, se le estaría dando seguridad al CNP, al PAI, a los programas de valor agregado y de seguridad alimentaria. Y además de eso, estaríamos eliminando el riesgo que le genera la Fanal al CNP por un posible embargo o por un posible impago de Fanal a Hacienda, IFAM o Inder”, señaló Bermúdez este lunes.
Fanal se creó en 1853 bajo el nombre de Fábrica Nacional de Aguardientes.
Su actual planta de destilación, ubicada en Grecia, se inauguró en 1981. El producto estrella, Guaro Cacique, se vende bajo esa marca desde 1980.
