El presidente de la República, Carlos Alvarado, se sentará con los ministros a revisar las cuentas de las seis empresas públicas que sumaron pérdidas por ¢298.000 millones el año anterior.
La jerarca del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán), Pilar Garrido, afirmó que una unidad especializada para evaluar la situación de las empresas propiedad del Estado, prepara un informe que será conocido en Consejo de Gobierno.
Este ejercicio, según dijo, tiene como fin evaluar la situación financiera y de otra índole de esas y otras instituciones autónomas.
El comité está integrado por los ministros de Planificación, Hacienda y Presidencia.
La Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva), es la entidad que se encuentra en peor situación, pues necesita reestructurarse y desprenderse de hasta el 80% de la planilla para salir a flote con sus finanzas.
El Gobierno también le ha dado especial énfasis a la situación financiera del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).
“El Instituto cuenta con una hoja de ruta enfocada en reducir las presiones al flujo de caja, la gestión de la deuda, rentabilizar los servicios y las inversiones. Así como reducir la concentración de costos fijos, mejorar la competitividad tarifaria e implementar instrumentos de gobernanza financiera”, señaló Garrido.
El Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer), el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), y el Sistema Nacional de Radio y Televisón (Sinart) también cerraron con pérdidas el año anterior.
El Consejo Nacional de Producción (CNP) es la otra entidad pública con números negativos en sus estados de resultados.
En este último caso, la ministra indicó que pretenden impulsar un plan de mejora de la institución, similar al que impulsan en la Asamblea Legislativa con la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), que aunque no tiene finanzas negativas, el Gobierno busca darle un giro de enfoque a su negocio.
“De momento, adicional a Japdeva, están las propuestas para modernizar Recope y el CNP. Sin embargo, no se descarta que puedan generarse propuestas para mejorar aspectos de algunas empresas del Estado”, señaló Garrido.
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La ministra de Planificación señaló que también debe tomarse en cuenta la labor social que realizan esas entidades autónomas, pues no todas tienen como fin principal generarle dividendos al Estado.
“Las empresas públicas tienen un fin público adicional a la sostenibilidad financiera. Es por eso que debe analizarse cada caso específico. Precisamente, el protocolo de entendimiento establece una serie de criterios que deben revisarse para asegurar el cumplimiento de su finalidad de producir valor público para la población mediante sus actividades”, señaló Garrido.
Pese a ello, la jerarca señaló que se deben ajustar los números en esas empresas estatales, para no comprometer sus servicios públicos a futuro.
Ese es el caso del Incofer, que al no tener una tarifa subsidiada por el Estado, no le queda más que operar con pérdidas desde que retomó el servicios de transporte de pasajeros, en 2005.
Para lograr su punto de equilibrio, esta empresa estatal dará en concesión la operación del Tren Eléctrico de Pasajeros.
En cambio, impulsará la construcción del Tren Eléctrico Limonense de Carga (Telca) y la rehabilitación del tren de carga al Pacífico.
“Debe destacarse que los proyectos de carga ferroviaria normalmente son muy rentables, por lo que se avanza en la evaluación económica y financiera de los proyectos, con miras a determinar su contribución con la sostenibilidad del Instituto”, afirmó Garrido.
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