El ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, presentó este lunes, en la Asamblea Legslativa, una propuesta urgente para reducir la deuda pública, cuyo crecimiento calificó de “insostenible”.
La propuesta, explicó, no contempla despedir empleados públicos, aumentar impuestos o disminuir servicios.
Las medidas son las siguientes:
1- Reducir la deuda pública en $1.500 millones (2,35% del PIB) mediante pagos extraordinarios de deuda en los años 2020 y 2021.
Para ello, se destinarían los superávits de 11 instituciones autónomas, por un total de ¢226.000 millones, así como recursos generados mediante la venta del Banco Internacional de Costa Rica (BICSA), la concesión o venta de la Fábrica Nacional de Licores (FANAL) y otras fuentes de recursos estatales.
“Queremos, en vista de la deuda masiva, hacer pagos extraordinarios en el 2020, menores en el 2021; hay que bajar la hipoteca, meterle un guamazo a la deuda”, dijo Chaves.
Sobre BICSA, el jerarca dijo que la entidad no funciona en Costa Rica, es valor del Estado y el uso más adecuado es destinarla a bajar la deuda.
2- Reducir el gasto público en $630 millones por año (1% del PIB) mediante una nueva ley de empleo público que sería presentada el 27 de febrero y una mejor gestión administrativa.
El jerarca añadió que el gobierno, a la vez, trabaja en un plan de revisión de instituciones para eliminar duplicaciones o redundancias en el sector público, con 20 instituciones u organismos desconcentrados. “Ya vendrán los detalles”, dijo.
3- Ahorrar $138 millones por año (0,22% del PIB) mediante el reemplazo de deuda cara por deuda más barata, mediante préstamos de apoyos presupuestarios a una tasa ponderada del 3,14% y eurobonos accesibles a una tasa del 5,25% a diez años plazo.
“Les recuerdo diputados, que la tasa que estamos pagando (actualmente) es 7,9%, nos ahorramos mucho pagando deuda barata”, dijo Chaves.
“Amarrémonos por favor, que cada colón de deuda nuevo, principalmente extranjera, tiene que dedicarse a pagar deuda”, añadió el ministro ante el plenario.
4- Aumentar los ingresos en $3.900 millones (6,25% del PIB) en el periodo 2020-2023, a un promedio de $900 millones anuales, mediante la modificación de exenciones fiscales y el uso de una porción de las utilidades de las empresas estatales, para pagar deuda.
Sobre el uso de las utilidades de las empresas públicas, el jerarca explicó a la prensa que se requerirá de un proyecto de ley y que se evalúan dos mecanismos.
Mencionó que, en el caso de los bancos públicos, se discute si se tomaría dinero de sus utilidades después de que estos paguen sus cargas parafiscales a otras instituciones, o si se emplea otro modo.
"Que los bancos y las instituciones del Estado paguen un dividendo al Presupuesto de la República, que es como lo hacen los países modernos en el mundo, o tomar una porción de las utilidades, después de las cargas parafiscales, diga 20%, 40%, las que sobran en las entidades estatales para dárselo al Presupuesto y que el Presupuesto pague la deuda".
“Ese tema está siendo analizado, el presidente dio la instrucción, ya habló con las instituciones de que lo vamos a refinar; podría cambiar el mecanismo, no el propósito”.
Levantar secreto bancario
También, el gobierno propone “discutir y levantar el secreto bancario” como una medida para atacar la evasión fiscal.
La idea es reducir la evasión fiscal a la mitad, lo cual también se combatirá mediante la modernización de los sistemas de cobro, pues los cuales tienen décadas de antigüedad.
Lamentable panorama
Chaves explicó que este año, si no se toman medidas, la deuda pública de Costa Rica va a cruzar el umbral del 60% del producto interno bruto (PIB), lo que significa que los presupuestos futuros van a tener una limitación muy fuerte al gasto corriente y al gasto para infraestructura.
Y, para el 2024, el país tendría una deuda del 72,3% del PIB, situación que lo tornaría muy vulnerable a eventos mundiales y a conflictos entre las naciones más grandes. “Y con la dinámica de las tasas de interés, la factura por intereses anuales va a ser insostenible. Hay que tomar acciones ya”.
El ministro estimó que, con las medidas tomadas, la deuda podría bajar a un 47% del PIB en el 2024.
“Les repito: amárrennos. Los apoyos presupuestarios y los eurobonos se utilizarán para pagar deuda cara en un monto similar al recibido”, insistió.
Incluso, el ministro de Hacienda anunció que, lamentablemente, la calificadora de riesgo Moody’s comunicará este lunes que degradó la calificación de Costa Rica, lo que aumentará de nuevo el pago de intereses para el país.
“Este es un golpe duro y lo único que nos queda es dar muestras más duertes y duras de compromiso a la consolidación fiscal”, advirtió el jerarca.
El ministro agregó que las previsiones de tasas de interés, para eurobonos, no toman en cuenta los efectos de esta posible noticia.
Ante los diputados, Chaves dijo que el presidente le pidió exponerles la visión del gobierno para consolidar las finanzas públicas, como requisito para poder reactivar la economía y generar empleo en el país.
Proyecto Pagar
Antes de la comparecencia, el Ejecutivo presentó un proyecto de ley para destinar al pago de deuda pública poco más de ¢226.000 millones del superávit de instituciones autónomas, fondos y dependencias. por una única vez.
Ese dinero equivale a un 0,62% del producto interno bruto (PIB). El texto se denomina Reforma a la Ley de Eficiencia en la Administración de los Recursos Públicos.
Las instituciones que deberían aportar el superávit disponible son:
-Instituto Nacional de Aprendizaje (INA): ¢33.000 millones
-Instituto Costarricense de Turismo (ICT): ¢25.800 millones
-Junta de Protección Social (JPS): ¢34.000 millones
-Instituto de Desarrollo Rural (Inder): ¢17.000 millones
-Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP): ¢536 millones
-Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL): ¢5.600 millones
-Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel): ¢40.000 millones
-Junta Administrativa del Registro Nacional: ¢24.000 millones
-Imprenta Nacional: ¢18.600 millones
-Fondo del Consejo de Salud Ocupacional: ¢18.000 millones
-Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope): ¢9.500 millones, que deberá trasladar al Ministerio de Hacienda de la liquidación total de la Sociedad Reconstructora Chino Costarricense (SORESCO.
Ataque a evasión fiscal
Chaves insistió en las medidas para reducir la evasión fiscal.
“Eso no se puede hacer de manera sustancial sin tecnología que nos permita entender y trazar a todos los actores, como lo hacen los países desarrollados”, dijo el Ministro.
Por ello, añadió se requiere invertir entre $150 milones y $350 millones para renovar la tecnología de Hacienda
“Tenemos 54 sistemas independientes que no hablan, las cosas se hacen a pie, con hojas de excel y llaves maya” dijo Chaves.
“Con el 2020 siendo el año de implementación, empezar a cosechar en el 2021 hasta el 2023” dijo Chaves.
Crisis de infraestructura
Rodrigo Chaves explicó que la deuda pública actual es de $36.500 millones (unos ¢21 billones) y que la reforma fiscal del 2018 evitó una catástrofe.
¿Qué hubiese pasado si la reforma fiscal no hubiese sido aprobada?, expuso el ministro. Sostuvo que el déficit habría sido de 8,4% del PIB, la deuda habría crecido explosivamente y al país se le habría cerrado o limitado el acceso a los mercados internacionales.
Además, las tasas de interés habrían subido y se habría producido “una recesión importante, una crisis”. El país estuvo cerca de una crisis económica como la de los años 80, mencionó.
“No hay una crisis que no haya aumentado la pobreza”, dijo.
Expuso que, en el 2019, el déficit primario también creció por gastos excepcionales. Entre estos, citó la transferencia de ¢22.000 millones a Japdeva para su reestructuración, ¢12.000 millones en transferencias a las juntas de educación por deudas que el gobierno tenía con estas y ¢30.000 millones para compensar al Banco de Costa Rica (BCR) por la absorción del Bancrédito, el cual quebró.
Además, hubo un aumento en las transferencias al Conavi por ¢71.000 millones para obras de infraestructura fundamentales, como la carretera San José-San Ramón. Son obras urgentes, expuso, al tiempo que se gastaron ¢63.000 millones en acciones del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) para obtener recursos muy baratos y de largo plazo por $550 millones (¢315.000 millones).
También, citó ¢103.000 millones financiados por organismos internacionales en inversión de infraestructura.
Sostuvo que esos gastos en obra pública son necesarios porque inversión en infraestructura ha sido bajísima e insuficiente en el país, sostuvo. Mientras Costa Rica invierte $5.600 por persona en infraestructura, los países de la OCDE destinan, en promedio, $25.400.
Ese déficit en infraestructura “nos resta calidad de vida, competitividad, crecimiento económico”, adujo.
El país gasta más en pagar intereses que en obra pública.