Uno de los sectores más resilientes de la economía nacional durante la pandemia ha sido la agricultura. No solamente la contracción de la producción ha sido poca —comparada con otras actividades—, también cerró el año de forma brillante, pues exportó un 2 % más que en el 2019.
La agricultura representa el 24 % de las exportaciones de bienes y, junto con el sector alimentario, aporta el 38 % del total. Además, el 13 % de la población económicamente activa trabaja en agricultura y esta provee el 35 % de los empleos en la zona rural.
El desempeño sobresaliente se da pese al sesgo antiagrícola que impera en Costa Rica. Este sesgo tiene varias características.
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Para empezar, la agricultura dejó de ser prioritaria en la agenda estratégica de los gobiernos, lo cual se refleja en la escasez de recursos económicos y técnicos asignados al campo, en la timidez para impulsar proyectos de envergadura, en la incoherencia de las políticas públicas respecto del desarrollo sostenible y, sobre todo, en el abandono de las zonas rurales.
Hay dos ejemplos que muestran claramente la falta de prioridad estratégica del Estado en lo referido a la agricultura.
Costa Rica tiene más de 15 años de no registrar agroquímicos con ingredientes activos modernos, que son más eficientes, seguros y ambientalmente sostenibles.
La penosa situación se origina en la incapacidad de los Ministerios de Agricultura, Salud y Ambiente para tramitar las solicitudes existentes, con repercusiones en las tres dimensiones del desarrollo sostenible.
En lo económico, la ausencia de moléculas de última generación limita la eficiencia y el acceso a los mercados; en lo social, impide a los pequeños productores utilizar las mejores tecnologías para mejorar su bienestar; y, en lo ambiental, los agricultores se ven forzados a emplear productos más tóxicos en mayor cantidad. En fin, la incoherencia absoluta.
Cáñamo. En mayo del 2020, atendiendo una recomendación del Programa Descubre, el presidente Alvarado anunció el cultivo de cáñamo como uno de los proyectos prioritarios para la reactivación económica. No obstante, la iniciativa avanza exasperadamente lenta y es víctima de la descoordinación y la contradicción entre el Ministerio de Agricultura, el Servicio Fitosanitario del Estado y el Ministerio de Seguridad.
Esta situación se presenta aun cuando las dudas sobre la producción y comercialización de cáñamo fueron resueltas por las Naciones Unidas, que eliminó al cannabis de la lista IV de la Convención Única de Estupefacientes de 1961, y por el dictamen C-079-2018 de la Procuraduría General de la República.
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No hay ninguna razón para que el cáñamo no sea tratado como cualquier otro cultivo agrícola en el país. A lo sumo, un decreto ejecutivo normando el contenido máximo de tetrahidrocannabinol —el contenido psicoactivo del cannabis— sería suficiente.
Si eso no bastara, y aunque fuera redundante, es cuestión de que se convoque el proyecto de ley de la diputada Zoila Rosa Volio, que, una vez aprobado, sepultaría toda objeción para la producción. Tristemente, el tren del cáñamo ya salió y no se ve que Costa Rica pueda tomarlo.
Los ejemplos anteriores no deberían sorprendernos. Queda patente que falta liderazgo de las instituciones rectoras de la agricultura.
El sector agropecuario público tiene más de 10 instituciones con sus respectivas gobernanzas, con una línea de mando difusa y actividades redundantes conferidas por ley. Adicionalmente, el Estado delegó funciones en organizaciones no estatales con participación privada —algunas hasta funcionan más como un gremio—, con lo cual atomizó, aún más, la política agrícola y exacerbó el traslape y la incoherencia con respecto al desarrollo sostenible. Por más bienintencionada que sea la rectoría de turno, es poco lo que hace por mover el alambicado diseño institucional.
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El mejor camino. ¿Cuál debe ser la ruta para una agricultura más competitiva, que provea mayor bienestar a las zonas rurales y atienda las necesidades de seguridad alimentarias del país? Me parece que hay cuatro elementos. El primero, obviamente, es elevar el perfil estratégico a esta actividad económica, lo cual conlleva el alineamiento de recursos y objetivos.
Segundo, deshacer la maraña institucional y generar el liderazgo necesario para que la toma de decisiones sea un proceso eficiente y, sobre todo, coherente con el desarrollo sostenible.
No deben permitirse contradicciones dentro del Estado y mucho menos dentro del mismo Poder Ejecutivo. Esto incluye resolver los conflictos perennes entre ambiente y salud.
Tercero, redoblar esfuerzos por mejorar el acceso al financiamiento para la agricultura. Las colocaciones apenas representaron un 3 % del total del sistema financiero en el 2019, inferior a lo que debería ser su participación estimada de acuerdo con su contribución al PIB.
Los programas del Sistema de Banca para el Desarrollo y el proyecto de ley de avales y garantías van en la dirección correcta, pero necesitan el apoyo de los operadores financieros para la ejecución.
Paralelo a lo anterior, debe establecerse un programa de atracción de inversiones para la agricultura, que revierta la tendencia de los escasísimos flujos de recursos económicos hacia el sector.
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Según datos del Banco Central, la inversión extranjera directa hacia la agricultura es apenas marginal y no llega al 1 % de lo que recibe el país. Cabe recordar que Costa Rica compite con muchos países con características similares.
Las zonas rurales tienen una estructura particular de factores de producción que hacen necesario un abordaje específico y a la medida. Lo que sirve para atraer inversión hacia las zonas francas en sectores avanzados de manufactura no funciona necesariamente en el agroalimentario.
Cuarto, es preciso el incremento de los programas de triple hélice —sector privado, gobierno y academia— a fin de proveer tecnología, capacitación y conocimiento a las zonas rurales.
Programas como Descubre y Crecimiento Verde, de Procomer, así como los centros de desarrollo empresarial del INA, los proyectos de agricultura de precisión de la Earth y el Tec y la maricultura apoyada por la Universidad Nacional, entre otras, son iniciativas que, con priorización y apoyo, promoverán un sector agrícola exitoso, creador de riqueza, bienestar y protector de los recursos naturales.
El autor es economista.