Tras un largo proceso, conducido con tesón, disciplina, responsabilidad, transparencia y claro sentido de lo que debe ser una política de Estado, Costa Rica está lista para convertirse en miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Celebramos este éxito. Como país, lo que se impone ahora es esforzarnos cada vez más por potenciar los beneficios de nuestra inminente incorporación.
En el cumplimiento de los requisitos necesarios para la adhesión, hemos dado enormes pasos en el diseño y aplicación de mejores prácticas en el manejo de la administración pública, sus dimensiones regulatorias y su interacción con actividades privadas estratégicas. Es decir, en el camino hemos ganado. Pero una vez que, como esperamos, el Consejo de Ministros nos invite formalmente a ingresar, los beneficios serán mucho mayores y repercutirán positivamente en el desarrollo nacional y el bienestar de los ciudadanos.
El inicio de este trayecto se remonta a octubre del 2010, cuando el gobierno de Laura Chinchilla dio forma a una inquietud que se venía gestando desde el de Óscar Arias, y expresó ante la OCDE nuestra aspiración de convertirnos en miembros. En mayo del 2013, el Consejo decidió iniciar conversaciones para la posible adhesión de Costa Rica y Lituania. Nuestro país comenzó entonces a desarrollar un plan de acción para el ingreso y, dos años después, en la administración de Luis Guillermo Solís, la organización aprobó una hoja de ruta, en la cual formalizó los pasos siguientes, entre ellos revisiones técnicas sobre 22 áreas temáticas, supervisadas por igual número de comités de expertos.
Muchas de las acciones que se impulsaron desde entonces en el Poder Ejecutivo e instituciones autónomas tenían relación con mejoras administrativas; otras, con decisiones legislativas. El presidente, Carlos Alvarado, estableció como meta para el ingreso el 2020, aumentó la velocidad al proceso y otorgó a la jerarca de Comercio Exterior, Dyalá Jiménez, la responsabilidad de coordinar un equipo interinstitucional para conducirlo.
Tras consultas con los diputados, se creó una comisión especial en la Asamblea Legislativa para considerar las leyes necesarias, presidida por el diputado Jonathan Prendas e integrada por quienes entonces fungían como jefes de fracción. El grupo actuó con rigor y considerable rapidez, y el 6 de febrero pasado el plenario aprobó en segundo debate la última de las leyes. Lo anterior permitió que el 31 de marzo superáramos los requisitos del último comité, el de Análisis Financiero y de Desarrollo. La invitación formal del Consejo de la OCDE será el último paso para el ingreso. Debe ser aprobada por los 36 miembros, pero podemos darla por descontada.
La pertenencia a esa organización, de la cual forman parte países democráticos, la mayoría desarrollados y todos practicantes de altos estándares de gobernanza, implicará algunos costos de afiliación. Sin embargo, palidecen ante los réditos, no solo por la aplicación de buenas prácticas y la interacción constante de representantes de nuestro sector público con sus colegas expertos de diversas latitudes, sino también por permitirnos coordinar iniciativas multilaterales que, en las condiciones actuales del mundo, resultan particularmente necesarias. En este sentido, la OCDE también será, para una nación pequeña como Costa Rica, un escudo institucional en nuestra interacción con países mucho más poderosos y en nuestros esfuerzos por la prevalencia de normas que enmarquen las relaciones internacionales.
Sin la estructuración y conducción de la política de Estado a que nos referimos al principio, difícilmente habríamos llegado al punto donde estamos. Gracias a la clara percepción sobre la prioridad que el proceso debía tener, dada su trascendencia nacional, tres administraciones de dos partidos distintos, además de un cuerpo legislativo multipartidario, se dieron a la tarea de impulsarlo, a veces con lentitud y hasta dudas, pero con un claro sentido de dirección. Este ejemplo de madurez es otro motivo para celebrar la misión ya casi cumplida.
