EscucharLa Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, conocida como ley de usura, puede haber sentado las bases para la aparición de los peores usureros imaginables: los administradores de préstamos gota a gota. La ley fue anunciada como una solución para las altas tasas de interés cobradas por los emisores de tarjetas de crédito.
La banca formal justificaba esas tasas por el riesgo de financiar a personas de bajos ingresos. Cuando la ley entró en vigor, el porcentaje máximo fue sometido a un tope incapaz de compensar el riesgo, y los bancos iniciaron la eliminación masiva de tarjetas, pero la falta de acceso al financiamiento formal no eliminó la necesidad de crédito y la delincuencia llenó el vacío.
Es la tesis de muchos expertos en finanzas y seguridad pública. Para respaldarla, hay llamativas correlaciones entre la fecha de exclusión de más de 136.000 personas de la banca formal y el surgimiento de los préstamos gota a gota, con sus intereses exorbitantes, imposibles de imaginar en el sector formal. El cambio de legislación ocurrió en el 2020 y a partir de ese momento tomó impulso la nueva actividad criminal. Demostrar la relación de causalidad exigiría un estudio detallado; sin embargo, la correlación existe y la explicación es plausible.
En los préstamos gota a gota no hay documentos ni garantías, salvo la propia vida y la de los seres queridos. Hasta la colocación del préstamo, la víctima recibe un trato cordial. Luego aparecen en escena los cobradores, con toda la brutalidad imaginable. El cumplimiento se convierte en esclavitud y ni siquiera el pago total permite la salida de esa condición. A muchas víctimas se les rechaza la devolución del capital y se les exige seguir pagando “intereses”.
El capital a menudo proviene de las ganancias del narcotráfico. Es una razón más para descartar la tesis según la cual “mientras se maten entre ellos, no hay problema”. Los narcotraficantes no se conforman con el negocio de las drogas ni limitan la violencia a los “ajustes de cuentas” y guerras territoriales. La falta de pago de una deuda con los prestamistas gota a gota se cobra con la vida o serias lesiones corporales. En ocasiones, el terrible pago lo hace la víctima mediante el suicidio inducido por la desesperación.
Dar marcha atrás a los efectos de la ley de usura, si efectivamente está entre las causas del fenómeno criminal, parece difícil, pero es urgente legislar para impedir que las organizaciones dedicadas a los préstamos sigan causando tanto sufrimiento. El Congreso, además de establecer tipos penales adecuados, debe fortalecer los medios de investigación de estos delitos. La policía considera necesario ampliar a estos casos la posibilidad de intervenir teléfonos y levantar el secreto bancario con las mismas precauciones y controles empleados en la investigación de otros delitos.
El préstamo gota a gota es, por naturaleza, un delito basado en el temor de la víctima. Esperar una denuncia o un testimonio de los afectados es ilusorio. Las autoridades deben contar con medios de prueba independientes de las declaraciones de personas asustadas y vulnerables. El miedo, dicen los expertos, convierte la extorsión gota a gota en un delito prácticamente invisible.
La comisión de narcotráfico de la Asamblea Legislativa tiene el problema bajo estudio y ha recibido a autoridades del Ministerio de Seguridad Pública y la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional. La Fiscalía y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) también han señalado el rápido desarrollo del negocio ilícito. Todos coinciden en denunciar la gravedad de la situación creada por la “banca” del crimen organizado y piden herramientas para combatirla. Al mismo tiempo estarán luchando contra el narcotráfico.
