Expertos citados en la Comisión de Narcotráfico de la Asamblea Legislativa calificaron los préstamos gota a gota como un fenómeno criminal invisible que golpea a pobladores de todo el territorio y que requiere urgente legislación, ya que repercute en los casos de muertes por homicidio o suicidio.
La ausencia de diputados impidió el normal desarrollo de la sesión, por lo que Gloria Navas, presidenta de la comisión, decidió llevar a cabo una “reunión de trabajo” con los invitados debido a la falta de cuórum.
Mario Gómez Pacheco, representante de la Asociación Bancaria Costarricense, expresó que, aunque no está claro desde cuándo comenzaron estos créditos informales en nuestro país, lo cierto es que se potenciaron después del 2020, cuando un cambio en la legislación excluyó las tarjetas de crédito de los microcréditos e implementó otros cambios.
Basándose en un estudio de la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF), Gómez afirmó que al aprobarse la reforma de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor (N.° 9859), conocida como la ley de usura, quedaron excluidas del crédito más de 136.000 personas, lo que abrió una oportunidad que aprovechan aquellos que se dedican a prestar dinero de procedencia dudosa en créditos gota a gota.
Según el informe, “si se analiza la evolución de los deudores y las operaciones de crédito en cartera activa antes y después de la entrada en vigencia de la ley de usura, se observa un impacto significativo sobre el crecimiento, lo que significó una reducción en el promedio de los deudores. El año 2020 es el que presenta la mayor caída en términos de variación interanual”.
Así actúan los cobradores de los préstamos gota a gota
Toda esa población que no tiene acceso fácil a créditos se ve tentada en momentos de necesidad o emergencia a caer en las garras de estas mafias, que, según expuso el ministro de Seguridad Mario Zamora, tienen colocadores de crédito sumamente amables que embaucan a personas vulnerables entregándoles cualquier cantidad de dinero que pidan sin ningún documento, pero les advierten que cada semana pasará un cobrador por los intereses, y es ahí donde surge una relación de esclavitud, ya que al llegar el primer cobro, ven el error en que incurrieron.
Los cobradores son personas rudas que amenazan, agreden e incluso asesinan a personas que no pagan a tiempo. En San Ramón, un comerciante que, con ayuda de su familia, pudo reunir el dinero que adeudaba para cancelar la cuota, recibió una golpiza y le dijeron que no aceptaban ese pago y que debía seguir abonando semanalmente, pues no se acepta que la persona se libere de la esclavitud económica a la que se le somete.
Se mencionaron casos que han terminado en homicidios, como el de un conductor de una plataforma privada en Naranjo y el de una enfermera asesinada por sicarios meses atrás en Cartago.
Zamora afirmó que en sus giras por distintas regiones del país, las personas exponen la situación en la que viven debido a estos préstamos que se han generalizado y tienen a familias enteras en condiciones de gran zozobra.
De la desesperación al suicidio
Hans Sequeira, asesor de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), informó a los diputados que “gota a gota” suele ser un mecanismo del crimen organizado para insertar el capital del narcotráfico en la economía. Cuentan con su propia seguridad basada en el sicariato y el ajuste de cuentas y cuando en sus libros contables notan incumplimientos, exigen el pago o la vida.
El grado de dominación sobre las víctimas es tal que, según Sequeira, muchas personas se quitan la vida después de que los cobradores les dicen “o paga usted o paga alguno de sus familiares.” Estos casos, obviamente, no salen a la luz pública, pero surgen a raíz de las deudas con el crimen organizado, indicó.
Estas organizaciones vieron una oportunidad en las poblaciones que no son objeto de crédito, por lo que Sequeira estima urgente proteger esas vidas que se ven en riesgo todos los días.
Intervenciones telefónicas
Se hizo un llamado a los legisladores para proporcionar a los investigadores judiciales y a la Fiscalía los instrumentos judiciales, como las intervenciones telefónicas y el levantamiento del secreto bancario de esas estructuras cuando hay coacción o amenazas. Esto es para no cargar la prueba en el testimonio de las personas extorsionadas, que, como se ha constatado, tienen amenazas de tal magnitud que desisten de poner denuncias y tornan invisible el delito.
A veces, cuando el cobrador llega, se llama a la policía para evitar represalias o golpizas, pero cuando el sujeto se va y los oficiales de la Fuerza Pública piden a la persona afectada interponer la denuncia, se niegan a hacerlo. Una gran parte de las víctimas tienen entre 18 y 34 años.
Muchas de las víctimas son mujeres, debido a que regularmente intentan solucionar problemas económicos de sus hijos o de personas que están a su cuidado. Según el estudio de la SUGEF, el 48% de las personas excluidas tras el cambio en la legislación del 2020 fueron mujeres.
El director de la DIS, Jorge Torres, afirmó que en el país hay estructuras del narco que generan hasta ¢200 millones al mes, y parte de esas ganancias las destinan a los préstamos gota a gota. Dijo que es un modelo copiado de otras organizaciones que operaban en Colombia en la década de los años 80. Agregó que en la actualidad, hay estructuras de costarricenses que rápidamente aprendieron y ahora son ellos quienes tienen el 95% de esas organizaciones delincuenciales.
Afirmó que durante la pandemia, una señora fue víctima de estos usureros, de modo que por un crédito de ¢20 millones pagaba intereses de ¢500.000 diarios, pero su negocio no daba para tanto. Torres le ofreció acompañarla a poner la denuncia, pero ella se negaba debido a las amenazas contra sus nietos, pues incluso los cobradores le mandaban fotos de ellos y de otros familiares para someterla.
Cynthia Zapata Calvo, directora de la Defensoría del Consumidor del Ministerio de Economía, sostuvo que son grupos que operan en la oscuridad contra gente humilde que carece de conocimientos financieros básicos sobre estos créditos extorsivos y a tasas exorbitantes.
Son dineros de procedencia desconocida y en los que resulta casi imposible encontrar a los dueños del capital que se esconden en una red distinta, explicó. Llamó a establecer penas severas debido al terror que se ejerce contra las personas y a las amenazas contra la vida.