La Presidencia de la República incluyó tres proyectos sobre seguridad y uno de protección de datos personales en la agenda de la Asamblea Legislativa.
1 - Sanciones contra el gota a gota
En la convocatoria figura un proyecto presentado en febrero de este año por la diputada Gloria Navas, del Partido Nueva República (PNR), y respaldado por el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), para castigar los préstamos gota a gota.
El proyecto propone sanciones para los cobradores que utilicen intimidación, amenazas graves, privación de libertad o lesiones. Estos cobradores enfrentarían penas de tres años a 10 años de prisión, y si el cobro es realizado por una estructura de crimen organizado, la pena se elevaría de cuatro años a 12 años de prisión.
Los préstamos gota a gota son créditos informales ofrecidos por particulares, con altas tasas de interés y de fácil acceso, lo que ha generado problemas financieros y de seguridad para muchas personas.
El proyecto también propone sancionar con seis meses a dos años de prisión o entre 20 y 80 días multa a quienes se aprovechen de la situación económica de una persona, su estado de pobreza o calamidad social, ligereza o inexperiencia, otorgándoles o prometiendo ventajas pecuniarias desproporcionadas en las condiciones del préstamo. Estas sanciones ya se aplican a los créditos usureros.
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La pena se elevaría a un rango de nueve meses a tres años o de 30 a 100 días multa cuando el acreedor no esté regularizado.
2- Cambios en prisión preventiva, libertad condicional y medidas cautelares
Otra iniciativa, presentada en abril por el Gobierno, busca implementar cambios en la forma en que los jueces deciden sobre prisión preventiva, libertad condicional y medidas cautelares en el sistema judicial. Se pretende agregar una nueva circunstancia para que un juez pueda dictar prisión preventiva a una persona imputada por un delito, y esta sería cuando el sospechoso “represente un peligro para la sociedad”.
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Para determinar si una persona representa un peligro para la sociedad, el juez evaluaría las siguientes circunstancias:
- La gravedad del hecho punible.
- La cantidad de delitos que se le imputan.
- Que la actividad delictiva esté sancionada con pena de prisión.
- La vinculación del sospechoso con organizaciones criminales.
- La proclividad de cometer delitos dolosos.
- El estar disfrutando una medida de localización permanente con mecanismo electrónico por delito doloso.
- La reincidencia en delitos dolosos y la utilización de armas de fuego o armas blancas en el hecho.
En cuanto a las medidas cautelares, el proyecto establece que las personas condenadas a prisión solo podrán ser enviadas a arresto domiciliario con monitoreo electrónico si el delito que cometieron tiene un tope de pena de cuatro años, en lugar de los seis actuales.
Asimismo, se agregarían modalidades en las cuales no sería procedente el arresto domiciliario con monitoreo electrónico, como en casos donde se utilicen armas blancas en la comisión del delito o cuando la condena sea por tráfico de drogas, legitimación de capitales o financiamiento al terrorismo.
En relación a las medidas cautelares diferentes a la prisión preventiva, como el arresto domiciliario o la obligación de presentarse periódicamente a firmar a un juzgado, el proyecto plantea que se impongan únicamente cuando el delito bajo investigación tenga una pena inferior a los cuatro años de prisión.
3- Reforma a Ley de protección de datos
Una tercera propuesta en la lista es una reforma integral a la Ley de Protección de la Persona frente al tratamiento de sus datos personales, presentada por el Partido Liberal Progresista (PLP) en mayo del 2022.
Consta de 183 artículos distribuidos en 11 capítulos y tiene como objetivo modernizar la actual legislación para adaptarla a las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, y al marco jurídico costarricense.
Una de los cambios que se plantea es el traslado de la Agencia de Protección de datos de los Habitantes (Prodhab) del Ministerio de Justicia al Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt).
Además, busca dotar a la agencia de más recursos humanos y brindarle mayor independencia de criterio mediante la creación de una personalidad jurídica instrumental, lo que permitiría un mayor grado de desconcentración y agilidad en su funcionamiento.
Otro aspecto relevante del proyecto es la ampliación del marco sancionatorio.
4- Fortalecimiento del secuestro sobre bienes de origen incierto
Finalmente, el Poder Ejecutivo convocó un plan presentado en diciembre de 2021 por la administración de Carlos Alvarado, para fortalecer la recuperación de bienes o productos financieros adquiridos con dinero de dudosa procedencia.
El expediente propone autorizar al Ministerio Público para que solicite al Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda la adopción de medidas anticipadas y provisionales, previas a la interposición de denuncias por legitimación de capitales sin causa lícita aparente, así como que se exonere del pago de tributos, los mandamientos que ordenen esas medidas cautelares.
Asimismo, se dispone que los bienes o productos financieros incautados sean ágilmente entregados en depósito judicial del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD). Igualmente, se establecen modificaciones en los mecanismos de notificación de estos casos, e incluso se permite que agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) puedan detener a los involucrados con la finalidad de que se les notifique el proceso.
La iniciativa fue solicitada por la Fiscalía General de la República y, en febrero de 2022, la Corte Plena determinó que no afecta la organización y funcionamiento del Poder Judicial, lo que abre la posibilidad de ser aprobada por una mayoría simple de la mitad más uno del plenario.
El Gobierno controla la agenda de la Asamblea Legislativa hasta el 31 de julio, día en que expira el actual periodo de sesiones extraordinarias de tres meses. En agosto, setiembre y octubre, los diputados manejarán la agenda.
