PUSC urge al Gobierno a convocar proyecto para sancionar créditos gota a gota

Los gota a gota son préstamos informales de fácil acceso ofrecidos por particulares que suelen cobrar altas tasas de interés. Según la iniciativa, desde enero de 2020 y hasta finales de setiembre de 2022, se han presentado ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) 689 denuncias sobre abusos en este tipo de créditos.

“Desde amenazas, hasta casos de homicidios, es la realidad que han vivido muchas víctimas, incluida una cifra oscura, ya que no en todos los casos el ofendido, por temor, asiste a interponer la correspondiente denuncia ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ)”, señala el plan en su justificación.

Alejandro Pacheco, jefe de bancada del PUSC, comentó que las 12 iniciativas solicitadas fueron seleccionadas junto con un grupo de expertos, exministros de Seguridad y el Colegio de Abogados. Su intención es que sean convocados al periodo de sesiones extraordinarias, en el que el Poder Ejecutivo coordina la agenda legislativa.

El proyecto para castigar los préstamos gota a gota es una iniciativa de la diputada Gloria Navas, del Partido Nueva República (PNR).

La iniciativa propone una sanción de seis meses a dos años de prisión o entre 20 y 80 días multa a quien se aproveche de la situación económica de la persona, estado de pobreza o calamidad social, ligereza o inexperiencia, y le otorgue o prometa cualquier ventaja pecuniaria desproporcionada en las condiciones del préstamo.

Esa misma sanción aplicaría para los créditos usureros. La pena se elevaría a un rango de nueve meses a tres años o de 30 a 100 días multa cuando el acreedor no esté regularizado.

“Buscamos seguridad para las familias costarricenses, sabemos que familias costarricenses se han desintegrado por inseguridad y alta tasa de homicidios en este momento. Planteamos una ruta de inmediato, con solución inmediata de mano dura contra la delincuencia”, expuso Pacheco.

Entre las 12 iniciativas que los socialcristianos urgen al Gobierno convocar, figuran presupuestos extraordinarios para que el Ministerio de seguridad contrate más policías, compre equipos y uniformes y le dé mantenimiento a patrullas; así como un impuesto a las personas jurídicas para financiar cuerpos de seguridad y un plan para revocar la libertad condicional al condenado que sea reincidente.

También, están un proyecto para eliminar portillos para el otorgamiento de beneficios carcelarios, fuertes sanciones a quienes fabriquen o faciliten dispositivos para el bloqueo de señal celular y penas para funcionarios que introduzca o facilite el ingreso a un centro de detención, de cualquier tipo de aparato electrónico de telefonía y telecomunicaciones.