Editorial: Incentivos en el Banco Nacional

A partir del 2015, el Banco acató una disposición emitida por la Contraloría General de la República (CGR) después de ejecutar una auditoría especial de los años comprendidos entre el 2006 y el 2012. La decisión motivó una demanda de más de 1.800 empleados. El Banco y la Contraloría lograron, en el 2018, una sentencia parcialmente favorable.

Los jueces aprobaron la decisión de incluir en el cálculo del monto que se debía distribuir por concepto de SEDI los costos del seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), y Enfermedad y Maternidad (SEM), y los aportes al IMAS, INA, Asignaciones Familiares, Banco Popular, Ley de Protección al Trabajador, Fondo de Garantías y Jubilaciones y contribución a la asociación solidarista.

Como el Tribunal dejó por fuera del cálculo los gastos por aguinaldo, vacaciones y salario escolar, el Banco y la Contraloría interpusieron recursos de casación, y ganaron. De la sentencia informó La Nación el 7 de abril pasado, pero, desafortunadamente, erramos el enfoque. La nota, titulada “Jueces ordenan al Banco Nacional parar exceso en pago de plus a funcionarios”, hace pensar que el Banco persistió en la interpretación errada hasta recibir la orden judicial.

Nos equivocamos. En efecto, el Banco acató la instrucción de la Contraloría en el 2015, cuando calculó el SEDI del 2014. A partir de entonces, defendió la interpretación de la convención colectiva acorde con los resultados de la auditoría especial. La última resolución judicial no le ordena parar el exceso en el pago del plus, sino que le da la razón al sistema de cálculo adoptado luego de la auditoría. En una nota aclaratoria publicada ayer en estas páginas, el Banco llamó la atención sobre la errónea interpretación de la sentencia, y tiene razón.

Admitido el error y advirtiendo que no hay responsabilidad de los funcionarios nombrados después del 2015, antes de esa fecha y durante años el Banco destinó hasta el 28% de sus utilidades al SEDI. Según la Contraloría, eso representó ¢78.221 millones solo en el período auditado entre el 2006 y el 2012 (un promedio de ¢11.174 millones al año) “sin que se tenga claro el aporte o contribución del gasto realizado con la aplicación del modelo de incentivos al logro de los objetivos estratégicos institucionales”.

Tampoco cabe duda de que la Contraloría puso en evidencia una “incorrecta interpretación y aplicación de la norma convencional por parte del ente bancario en perjuicio de la Hacienda pública”, dice la sentencia. El error del Banco es muy costoso para el erario, pero no se habla de establecer responsabilidades, aunque sea de orden político, si el transcurso del tiempo impide las de otra naturaleza.

Cuando La Nación informó de la auditoría, el 27 de enero del 2015, la contralora, Marta Acosta, declaró: “Las juntas directivas de los bancos acordaron otorgar estos incentivos que posteriormente se incorporaron dentro de las convenciones colectivas”. Ya incorporados a esos acuerdos fueron, además, malinterpretados en perjuicio de la Hacienda pública.

La reacción del Nacional no fue de inmediato acatamiento. Por el contrario, presentó resistencia. “El Banco Nacional estima que no tiene razón la Contraloría (...), por cuanto el pago se ha realizado estrictamente de acuerdo con lo que establece la convención colectiva vigente”, dijo la Junta Directiva horas después de conocerse la auditoría.

Es de celebrar el cambio de actitud y la diligencia mostrada con posterioridad, pero ¿no valdría la pena examinar lo sucedido antes de que el Banco depusiera la resistencia?