Escuchar
Más de 400 empleados del Banco Nacional (BN) demandaron a la entidad ante el Juzgado de Trabajo por un recorte al premio económico que reciben cada año por su desempeño.
Los funcionarios reclaman que se les pague un 43% que se les redujo, al alegar que el incentivo está en la Convención Colectiva del Sindicato del BN.
La disminución se produjo después de que la Contraloría General de la República (CGR) determinó que el Nacional estaba gastando de más en el bono conocido como Sistema de Evaluación del Desempeño e Incentivo (SEDI).
La entidad se habría ahorrado este año unos ¢6.000 millones en la entrega del bono por una orden de la CGR , acuerpada por una directriz emitida por el presidente, Luis Guillermo Solís.
El BN destinaba en promedio un 29% de sus utilidades netas a la bonificación, cuando el tope máximo debía ser un 15%.
Si bien la convención establece que se debe repartir hasta un 15% de las utilidades a los empleados, la CGR advirtió de que de dicho porcentaje también deben costearse los gastos asociados, como cargas obrero- patronales, aguinaldo, salario escolar y demás obligaciones del patrono con el Estado.
El Banco no los incluía, sino que los pagaba aparte, con lo que duplicaba el costo del bono.
Fue el lunes 15 de junio cuando poco más de 400 empleados, liderados por uno de los abogados de la institución, Mario Rodríguez Zamora, presentaron la demanda ante el Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José.
Así lo confirmó la oficina de prensa del Poder Judicial. En la demanda, la cual se tramita bajo el expediente 15-780-166-LA, los empleados alegan que el Nacional no debe incluir los costos patronales en el 15% de las utilidades netas, como lo ratificó el Gobierno en la directriz 26-H publicada el 9 de junio .
Más del 90% de los 5.800 empleados del Banco gozan de ese beneficio que, en promedio, equivalía a uno o dos salarios mensuales, aunque en algunos casos podía ascender a cuatro. Los miembros de la alta gerencia tienen otro sistema de premiación.
“La disminución obedece a un ilegal traspaso de los costos propios del patrono a la suma por distribuir (…), de cargar a los trabajadores su costo patronal. La actuación impugnada ocasionó a los aquí actores –y a toda la población de trabajadores del Banco– una disminución salarial absolutamente encausada y perjudicial, que debe ser resarcida por el patrono”, reza la demanda.
Los demandantes no solo solicitan el giro del 43% que no se les desembolsó, sino que también piden intereses e indexación.
El abogado Rodríguez se negó a referirse al caso, hasta que no fallen los Tribunales.
El Banco, por medio de la Dirección de Relaciones Institucionales, afirmó desconocer el proceso y declinó referirse.
Otras demandas. El Sindicato también pretende imponer acciones legales contra el nuevo cálculo. El secretario general, Marco Montenegro, considera que hubo una violación a la Convención.
“Es inadmisible que el patrono no se haga cargo de las cargas patronales. Esto es lo que ha pasado con este Gobierno, que nos están echando la culpa a toda la fuerza laboral de la situación económica fiscal. El asalariado no se hace millonario con el salario”, enfatizó Montenegro.
“La Contraloría venía aprobando el cálculo y ahora sale con un domingo siete, incluso ya había aprobado el presupuesto del 2014. ¿Cómo se explica uno eso ahora?”, añadió.
El bufete de abogados Ortiz Durman & Asociados está ofreciendo sus servicios a los funcionarios para demandar por el mismo caso al BN. El despacho pide un pago inicial de ¢10.000 por cada uno de los demandantes, más el 40% de los intereses que eventualmente reciban los empleados si el Banco es condenado.
“Nosotros hicimos una investigación y llegamos a la conclusión de que el cálculo estaba mal hecho (...). Simplemente es un rechazo de cuando a usted le pagan mal el salario por un mal cálculo. Ellos aplican una fórmula que es diferente a la que aplicaban siempre y por la cual los números salieron como 50% menos de lo que debía haber salido”, expresó el abogado Alberto Porras.
En el 2014, el BN tuvo utilidades netas por casi ¢43.300 millones. Con el método pasado, habría destinado unos ¢12.500 millones al SEDI y, con el nuevo, ¢6.500 millones, según estimaciones de La Nación. En el 2012, el pago ascendió a ¢10.700 millones.
El dictamen de la CGR también criticó los mecanismos de evaluación que emplea el Banco para definir quién recibe el bono. Alegó que este no permite determinar si el incentivo alcanza los objetivos de productividad.
