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La Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) aporta hasta el 10 % de su gasto en planilla al Fondo de Ahorro, Préstamo, Vivienda, Recreación y Garantía de los Trabajadores. Eso significó, entre el 2009 y el 2019, más de ¢38.000 millones cargados a los consumidores de hidrocarburos. La suma pesa sobre las economías familiares y la producción de bienes y servicios, sin más justificación que la condición de empresa monopolista de la distribución de combustibles.
Si Recope compitiera con otros, no se daría el lujo de afectar el precio al consumidor y, en consecuencia, las ventas. Lo hace porque el mercado está cautivo. Otro tanto podría decirse de los encargados de las negociaciones colectivas en representación de la empresa. Tienen pocos incentivos para enfrentar las demandas irracionales porque deben convivir con quienes las plantean. En ocasiones, cuando dejan sus cargos de dirección, vuelven a los puestos de donde salieron dentro de la compañía. También están cautivos.
En buena hora el diputado socialcristiano Erwen Masís impulsó un proyecto de ley para eliminar la contribución, que ascendió a ¢2.800 millones en el 2019 y en la actualidad representa un 6,5 % de la planilla. La iniciativa fue dictaminada afirmativamente por la Comisión de Gobierno con la única oposición del liberacionista David Gourzong, representante de Limón, donde Recope tiene mucha influencia.
Si el proyecto corre la misma suerte en el plenario, la firma presidencial está prácticamente asegurada, porque Zapote más bien solicitó avanzar en su discusión junto con otra iniciativa para reducir el impuesto sobre el gas GLP. No es el único exceso en Recope, pero su eliminación sería significativa.
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Para justificar su apoyo, la presidencia argumentó la necesidad de reducir el costo de los combustibles y su impacto en la actividad productiva y en los hogares. Esa sería una buena justificación para otros ajustes y hasta para eliminar el monopolio en cuya ausencia los privilegios no podrían subsistir.
Un fondo de ahorro muy similar ha mantenido a la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) al borde del abismo. Un aumento en los aportes de la empresa fue incorporado a la convención colectiva con cargo a las tarifas, pero la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos rechazó trasladar el costo a los clientes y la institución no pudo cumplir lo pactado. El sindicato demandó y embargó los fondos necesarios para reestructurar la institución en procura de la supervivencia.
Los jerarcas no parecen contemplar las consecuencias de sus decisiones cuando participan en negociaciones colectivas. Tampoco, en casos como el de Recope, hay una supervisión de la sociedad que, a fin de cuentas, paga. El país supo de la nueva convención colectiva de Recope en la madrugada del 3 de febrero, cuando las conversaciones habían concluido. Aun así, los detalles del acuerdo no fueron divulgados pese a las instrucciones del presidente, Carlos Alvarado, para hacerlos «públicos cuanto antes».
Ahora, la Asamblea Legislativa tiene la oportunidad de enmendar el acuerdo fraguado a la sombra, como si los fondos en juego no fueran del público. Sí, lo son, al menos hasta su ingreso al fondo cuya personería jurídica es de entidad privada. Como tal, dice el proyecto, debe financiarse exclusivamente con el aporte de sus beneficiarios.
«Desde que este fondo adquirió personería jurídica, Recope hace un aporte millonario de fondos públicos a un fondo privado que, adicionalmente, carece de regulación y supervisión. No sabemos qué sucede con esos fondos que pagan todos los costarricenses con la compra de combustible», afirmó, con impecable razonamiento, el diputado Masís.
