Escuchar:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gruponacion/RGWENYKAZBHFLFEHDMFCMWLXMM.jpg)
Recope debe aportar de su presupuesto al fondo privado, creado por convención colectiva. La sede central de la Refinadora está en barrio Tournón, en San José. (Rafael Pacheco Granados)
Un plan de ley para eliminar una transferencia mensual del 6,5% de la planilla que hace la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) a un fondo laboral, avanzó un peldaño para su votación en la Asamblea Legislativa.
De aprobarse, erradicaría un giro anual de ¢1.556 millones cargado a los usuarios de combustible. Se trata del expediente 22.027 “Eliminación del aporte de la Refinadora Costarricense de Petróleo S.A. al Fondo de Ahorro, Préstamo, Vivienda, Recreación y Garantía de los Trabajadores”, planteado por el legislador Erwen Masís, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).
La Comisión de Gobierno y Administración dio este martes un dictamen positivo unánime a la propuesta, que ahora ingresa a la agenda del plenario para su discusión en primer debate.
El texto plantea reformar el artículo 3 de la ley que otorga personalidad jurídica al Fondo de Ahorro, Préstamo, Vivienda, Recreación y Garantía de los Trabajadores de Recope, Ley No. 8847, para que el patrimonio se componga, únicamente, del aporte de sus trabajadores.
Según un comunicado del propio Masís, la empresa destinó ¢62.639 millones entre 1999 y junio del 2020 a este fondo, creado por convención colectiva y que goza de personería jurídica desde el 2010.
“Desde que este fondo adquirió personería jurídica, Recope realiza un aporte millonario de fondos públicos a un fondo privado que, adicionalmente, carece de regulación y supervisión, por lo que no sabemos qué sucede con esos fondos que pagan todos los costarricenses con la compra de combustible”, expresó el diputado.
Desde el año 1978, dicho fondo recibe transferencias del porcentaje que le corresponde por la planilla de Recope y un aporte obligatorio de los trabajadores de esta empresa pública.
Sin embargo, el diputado afirma que no existen registros de las transferencias de treinta años atrás, solo a partir del 2009. Para el legislador, no es lógico que al cabo de tantos años, dicho fondo no haya desarrollado la capacidad de ser autónomo en su sostenibilidad administrativa.
“La situación que vivimos nos obliga a recortar estos gastos y a encontrar la forma de abaratar el costo de la vida de los costarricenses, ya que los aportes de todos los que pagamos por el combustible están alimentando este fondo”, agregó Masís.
