El Poder Ejecutivo solicitó a los diputados aprobar dos proyectos de ley que rebajarían el costo del gas y eliminarían un sobresueldo que reciben los empleados de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) a costa de los usuarios.
Se trata de los expedientes 22.424, “Reducción del Impuesto Único al Gas GLP” y el 22.027 “Eliminación del aporte de la Refinadora Costarricense de Petróleo S.A. al Fondo de Ahorro, Préstamo, Vivienda, Recreación y Garantía de los Trabajadores”, informó Casa Presidencial, en un comunicado.
Ambas iniciativas fueron planteadas por el legislador socialcristiano Erwen Masís.
La petición del Gobienro es para que a estos expedientes se les otorgue una dispensa de trámite o bien, sean valorados para trasladarlos a alguna Comisión Plena, donde la aprobación puede ser más ágil. Así fue planteado en un oficio a la presidencia del Directorio legislativo, jefaturas de fracción y las diputaciones independientes.
La nota la remitieron Geannina Dinarte, ministra de la Presidencia, Elian Villegas, ministro de Hacienda y el presidente de Recope, Alejandro Muñoz.
El expediente 22.424 pone a consideración del Congreso equiparar el impuesto aplicado al búnker con el aplicado al gas licuado de petróleo, conocido como gas GLP de uso común en hogares, sodas, restaurantes y emprendimientos turísticos.
Hoy, por cada litro de GLP el consumidor paga ¢51,25 de impuesto único a los combustibles, mientras que por búnker cancela ¢24,25 por ese tributo.
De reducirse como sugiere el plan de ley, ese costo sería igual al del búnker, lo cual generaría un ahorro para el consumidor de ¢27 por cada litro. Esto equivaldría a un ahorro de unos ¢8.800 millones al año, según Casa Presidencial.
El precio de venta actual es de ¢9.556 para un cilindro de gas de 25 libras, el de uso más común en los hogares, según datos de referencia de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep).
De aprobarse este proyecto, a los usuarios se les reduciría en ¢300 el valor de rellenar ese envase. En el caso de cilindros de 100 libras (de uso más comercial), el ahorro ascendería a los ¢1.225.
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El otro plan de ley busca eliminar una transferencia mensual del 6,5% de la planilla que hace Recope al fondo laboral.
De aprobarse, se suprimiría el giro de ¢1.556 millones al año los cuales costean los usuarios de combustible.
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El Poder Ejecutivo solicitó la priorización de ambas iniciativa para contribuir con la reducción de costos de la institución e incidir en la disminución del precio de los combustibles para beneficiar las dinámicas productivas del país y con estas la generación de empleo.
El pedido llega al cabo de ocho ajustes extraordinarios en los precios de los combustibles en lo que va del año, de los cuales siete han sido al alza y la única rebaja fue mínima.
Este mismo martes, Aresep anunció el incremento en ¢2 por litro en las gasolinas distribuidas en el país y ¢1 por litro en el caso del diésel debido a otra actualización del impuesto único a los combustibles que hace el Ministerio de Hacienda cada tres meses, según lo establece la Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias (8114).
