EscucharEl principal peligro del proyecto de ley para autorizar el retiro del 30% de los fondos del Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP) para pagar deudas es el atractivo de la propuesta a simple vista. Las consecuencias son más difíciles de percibir y, como pertenecen al futuro, no es fácil contraponerlas a la satisfacción inmediata.
Marta Esquivel, presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), se sumó a las voces contrarias a la iniciativa durante una comparecencia ante los miembros de la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa. Según la funcionaria, el impacto de la reforma es insuficiente y de corto plazo, pero con el tiempo causará un grave perjuicio al jubilado.
En muchos casos, la cancelación de las deudas será parcial y apenas abrirá espacio para contraer nuevas obligaciones. Los acreedores se verán beneficiados a costas del futuro pensionado y este bien podría volver a sumirse en problemas financieros con los mismos bancos, cooperativas, asociaciones solidaristas y casas de empeño.
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La discusión es particularmente peligrosa ahora que las pérdidas del ROP aparecen en los informes mensuales recibidos por los ahorrantes. El deterioro obedece a una multiplicidad de factores nacionales e internacionales, pero los expertos coinciden en vaticinar una recuperación cuya fecha es incierta.
La zozobra creada por el comportamiento actual de las inversiones puede incrementar el atractivo de retirar una parte de los fondos para librarse de deudas. Sacar el dinero antes de sufrir más pérdidas parece lógico, pero está lejos de serlo cuando se considera que el retiro equivale a la aceptación de lo perdido o, como dicen los entendidos, la materialización de la pérdida. Equivale, también, a renunciar a la probable recuperación de los mercados y, con ella, a la restitución de lo perdido.
Pero el proyecto de ley implica una renuncia todavía mayor, como bien lo señaló la Presidenta Ejecutiva. Es negarse fondos indispensables para la vejez pese a la segura pérdida de valor de las pensiones más comunes en el país, las del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la CCSS.
En el 2000, cuando la Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Protección al Trabajador, el beneficio del IVM era un 60% del salario de referencia. Cinco años más tarde, la CCSS lo redujo a entre un 43% y un 52,5% del salario de referencia. Se acaba de hacer una nueva reforma y el futuro de los beneficios no es prometedor.
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En cambio, el ROP se va acercando a su madurez. Con 22 años de existencia, el complemento a las pensiones del IVM ya es significativo y al ROP todavía le faltan 13 años para la plena madurez, cuando pagará cerca del 35% de la pensión principal, si se le deja alcanzar el momento cúspide sin empobrecerlo.
El primer debilitamiento del sistema fue producto del Congreso del cuatrienio anterior, cuyos integrantes aprobaron la posibilidad de hacer retiros anticipados. La iniciativa actual sería un segundo y devastador golpe a la única medida visionaria en materia de pensiones desde la creación del IVM. Aquella previsión no debe ser sacrificada en nombre del cortoplacismo, por atractivo que resulte.
El riesgo de quienes aprovechen el portillo para empobrecer su régimen complementario se trasladará a la sociedad como un todo, porque difícilmente podrá dar la espalda a los ancianos desprotegidos del futuro. Por eso, preservar las pensiones complementarias es un beneficio para todos y los diputados harían bien si consideran esa otra dimensión del problema cuando se apresten a decidir si permitirán a los individuos pagar deudas a costa de la estabilidad social del país en un futuro no muy lejano.
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