Editorial: Contradictorios controles internos

El aparato y el mantenimiento cuestan $613.000. El sistema de seguridad social podría tener dos y le sobrarían $74.000. Hoy no tiene ninguno, salvo el viejo, comprado en el 2002, cuya reparación se imposibilita por falta de repuestos. No hay un equipo similar en todo el país, ni en el sistema público ni en el privado, y había 124 pacientes necesitadas de colocarse un implante para generar radiación y combatir la enfermedad.

La Caja previó la avería del viejo aparato porque su vida útil estaba por agotarse, pero el tiempo se fue en trámites de compra, y, cuando ocurrió el desperfecto, no hubo más remedio que enviar a las pacientes al extranjero, con un costo exorbitante. La licitación “abreviada” con el objetivo de reponer el equipo comenzó el 17 de diciembre del 2020, pero la máquina acaba de llegar al país y todavía no está en funcionamiento porque es preciso someterla a pruebas supervisadas por la CCSS, el Ministerio de Salud y la Comisión de Energía Atómica. Además, el nuevo aparato exige capacitación del personal destinado a atenderlo.

La Caja tardó más de dos meses en diseñar el cartel de licitación y la recepción de ofertas empezó el 8 de marzo del 2021, nueve meses antes de la falla. No obstante, cuando el desperfecto se produjo, poco tardó la autorización de compra de servicios de emergencia en Panamá. La medida se mantuvo hasta el 15 de junio.

Nada hay que objetar a la rápida solución ofrecida a las pacientes, pero existe una obvia contradicción entre el pausado ritmo de los trámites de compra del nuevo equipo y la veloz reacción ante la emergencia creada por esa lentitud. La seguridad social perdió $1,3 millones en el proceso, sea porque la burocracia actúa con excesiva parsimonia o porque no planifica siquiera lo obvio. El monto crecerá en meses venideros porque hay pacientes en trámite de viaje, otras en tratamiento y algunas quizá no hayan entregado todavía la factura a la CCSS.

Pero la paradoja no termina ahí. Los rigurosos controles durante la compra del equipo contrastan con las dudas surgidas del pago de servicios a un consultorio panameño. El Reglamento para el Otorgamiento de Ayudas para Tratamiento Médico en el Exterior impide enviar pacientes directamente a un consultorio fuera de Costa Rica, pero las pacientes recibían, con los requisitos para obtener la asistencia de $11.033, el número de un médico, su correo electrónico y los datos de contacto de su secretaria.

Todavía más llamativa es la facturación de la terapia por montos superiores al costo normal. El servicio cuesta $9.380 por persona, pero, según mensajes enviados por la secretaria del consultorio, confeccionan el recibo por $11.033 para que la paciente se deje la diferencia y pague transporte, hospedaje, alimentación y otros gastos.

La suma de $11.033 (¢7,5 millones aproximadamente) corresponde, exactamente, con el monto aprobado para las pacientes por la Caja, de conformidad con el Reglamento para el Otorgamiento de Ayudas para Tratamiento Médico en el Exterior. Es el máximo autorizado por la normativa, pero solo puede ser utilizado para pagar el servicio médico, no los demás gastos.

Por un lado, los controles internos obligaron a gastar más del doble del valor del equipo requerido para ofrecer el tratamiento en el país y, por otro, facilitaron la aparente anomalía de la facturación excesiva. La contradicción, no cabe duda, exige revisar los procedimientos en procura de racionalidad.