EscucharUn informe interno de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) revela el egreso de 1.958 pacientes de las listas de espera entre enero y julio del 2023 por la peor de las razones: fallecieron mientras aguardaban una operación. Es un número demasiado elevado en un período muy corto y comprende solo los casos confirmados. Probablemente haya otros de cuyas muertes la CCSS no haya tenido noticia.
No todos habrán fallecido a consecuencia del mal que esperaban corregir y, si el tiempo para recibir atención fuera más corto, alguno habría fallecido, de todas maneras, antes de llegar al quirófano. No obstante, el elevado número de muertes en solo siete meses enfatiza la cantidad de personas sometidas al atraso de los procedimientos quirúrgicos.
El dato también subraya la importancia del plan integral de reducción de las listas de espera, prometido en la campaña presidencial y ofrecido nuevamente cuando se cumplieron los cien días de gobierno con la exclamación del presidente Rodrigo Chaves: “¡Por fin!, ya la Caja tiene una estrategia para reducir las listas de espera a través de la sistematización de las referencias a especialistas, los procedimientos para las cirugías, sanciones por ausentismo y la compra de servicios a terceros, entre otras medidas. Anunciaremos esta estrategia en detalle en los próximos días”.
El anuncio no se produjo y en julio se fijó un nuevo plazo de tres meses para dar a conocer un plan. A mediados de octubre se cumplirán los tres meses y todos querríamos constatar la satisfacción de las expectativas creadas, pero hay razones para moderar el optimismo. Cuando se fijó el nuevo plazo, la presidenta ejecutiva de la CCSS, Marta Eugenia Esquivel, reveló falencias que hacen dudar del cumplimiento del compromiso, al menos en las fechas señaladas.
“Lamentablemente, me he encontrado con falta de información para la toma de decisiones. Ni siquiera tenemos el dato exacto de la capacidad instalada para poder decir cuántos especialistas requerimos”, afirmó. La falta de datos tan elementales evidencia que los planes anunciados con anterioridad nunca existieron y la institución partió de cero en julio, cuando pidió los tres meses de plazo.
Si esos tres meses no bastaran para completar el plan, la CCSS podría dar un informe del avance para despejar las dudas que seguramente surgirán, visto el historial de posposiciones y anuncios vacíos. La rendición de cuentas también respondería a los cuestionamientos de la Defensoría de los Habitantes sobre la fecha de inicio de la ejecución del plan.
La Defensoría se quejó de la incertidumbre imperante y pidió claridad. También, calificó de urgentes las medidas para enfrentar los plazos de espera “irrazonables y desproporcionados”. Para mayor certeza, la CCSS podría responder a las inquietudes planteadas por la Defensoría sobre los mecanismos de verificación del cumplimiento de las propuestas, la periodicidad de la verificación, los resultados esperados y el plazo para producirlos.
En esta materia, es iluso esperar milagros. El problema no nace con la actual administración, aunque exista de su parte un especial compromiso, dadas las promesas de campaña, el anuncio a los cien días y la fijación del plazo de tres meses en julio. Una hoja de ruta con hitos y sistemas de comprobación del progreso, anunciados de antemano, se distinguiría de las promesas formuladas hasta ahora. Aunque las listas de cientos de miles de ciudadanos no vayan a desaparecer de la noche a la mañana, el país merece saber que avanza hacia una seguridad social capaz de asistir, de manera oportuna, a quien lo necesite.
