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La protección de los recursos naturales no debe estar supeditada a la disponibilidad del financiamiento para administrarlos. (Alonso Tenorio)
En los últimos cinco años, las áreas protegidas de bosques, humedales y mares se expandieron en un 541%. Al mismo tiempo, el presupuesto para administrarlas cayó en picada. Solo entre el 2020 y el 2021 la disminución de recursos para el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) fue de ¢40.571 millones a ¢26.026 millones. Los datos son del Programa Estado de la Nación. Mal ponderados, podrían conducir a conclusiones equivocadas.
La expansión del sistema de protección ambiental es meritoria aunque no existan los recursos para ejercer la vigilancia deseable. En sí mismas, las declaratorias de área protegida ofrecen un grado de resguardo y crean las condiciones para preservar mejor, en el futuro, los ecosistemas designados.
La expansión de las áreas protegidas a falta de recursos para la vigilancia idónea no es un acto de irresponsabilidad, sino de visión por encima de las limitaciones impuestas por las finanzas públicas. La protección de los recursos naturales no debe estar supeditada a la disponibilidad del financiamiento para administrarlos.
Buena parte del sistema nacional de áreas protegidas y parques nacionales se la debemos a gobernantes que no esperaron a tener plata en mano para expropiar los terrenos necesarios. Costa Rica estaría muy lejos de tener un 26% de su territorio bajo protección si la creación de los parques y zonas protegidas hubiera dependido del financiamiento previo.
El Estado tiene la obligación de pagar, de eso no hay duda, pero la urgencia de preservar pocas veces permite hacerlo por adelantado. La misma regla es aplicable a la vigilancia. En buena hora aumentaron las áreas protegidas. Pendiente queda la tarea de encontrar la forma de cuidarlas.
Es una tarea urgente y el aumento del presupuesto del Sinac es condición indispensable para llevarla a cabo. También es necesario aprovechar las áreas protegidas para generar ingresos propios. Hay muchas posibilidades de impulsar alianzas público-privadas e incorporar a las comunidades vecinas a la gestión de esos tesoros naturales.
Una de las principales amenazas a los parques nacionales es la pobreza en las zonas circundantes. Proteger recursos disponibles a cielo abierto, como el oro en los ríos o la caza en las selvas, es una tarea difícil si no se ofrecen otras posibilidades a las poblaciones empobrecidas. El negocio del oro en Corcovado no enriquece a quienes se adentran en el parque en busca del metal, sino a los intermediarios.
Armando González es editor general del Grupo Nación y director de La Nación.
