Costa Rica expandió su área legalmente protegida en un impresionante 541% durante los últimos cinco años, con el propósito de preservar ecosistemas en bosques, humedales y mares nacionales. Ese hito conservacionista; sin embargo, en la práctica nunca estuvo acompañado de la asignación de recursos públicos para afrontar el aumento de las responsabilidades de vigilar más espacio.
Por el contrario, mientras el Estado proclamaba la incorporación de 150.000 kilómetros al sistema de protección ambiental —principalmente de mares—, por otro lado recortaba recursos presupuestarios a las instituciones encargadas de ejercer la vigilancia de dichas áreas protegidas.
El Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac), por ejemplo, pasó de tener un presupuesto de ¢40.571 millones en 2020, a solo ¢26.026 millones el año siguiente, es decir, que sufrió un disminución de recursos del 36%.
Los recortes comenzaron en 2019 y se agravaron un año después, debido a los severos efectos que la pandemia de la covid-19 tuvo sobre la economía nacional, que profundizaron la crisis fiscal.
Áreas silvestres de Costa Rica
25,5% del territorio y 27,9% de la superficie marina están bajo esquemas de protección.
FUENTE: SINAC. || INFOGRAFÍA / LA NACIÓN.
Tesoros naturales expuestos
La disonancia al tener más superficie bajo protección, pero menos recursos para su vigilancia fue expuesta por el Programa Estado de la Nación (PEN) en su último informe, donde se asegura que esta realidad “amenaza el estado de los recursos, así como las posibilidades que tienen las instituciones de realizar tareas de investigación, control y fiscalización en torno a impactos por uso y manejo”.
Karen Chacón, investigadora del Estado de la Nación, explicó que la protección de nuevas zonas son hitos importantes para el país, especialmente, por el cumplimiento de acuerdos y compromisos internacionales, que podrían dar acceso a recursos de cooperación.
Y agregó que la declaratoria de protección brinda cierto grado de resguardo legal a esos espacios. No obstante, dijo que esta situación resta efectividad a la protección de los ecosistemas.
“El tema es que esta decisión de ampliar el área protegida no se acompañó de más recursos, ni económicos, ni técnicos, ni tecnológicos, ni humanos. Tampoco de actividades paralelas que podrían realizarse como alianzas público-privadas o coordinación con las comunidades aledañas para tratar de que estos esquemas que se crean sean muchísimo más efectivos”, señaló Chacón.
Más extensión por vigilar con los mismos guardaparques
Muestra de esta realidad es que la misma cantidad de guardaparques ahora debe cubrir un área legalmente protegida total de 178.020 kilómetros cuadrados.
Con grandes limitaciones de personal, los guardaparques deben cuidar esas zonas de los cazadores, taladores, extractores, pescadores ilegales y hasta de narcotraficantes y otros peligros como incendios forestales.
De acuerdo con cifras oficiales del Sinac, en la actualidad, disponen de 471 personas, entre técnicos y oficiales de seguridad. Es decir, si se repartiera en partes iguales el total de territorio a vigilar, a cada uno le correspondería cubrir una zona de 378 kilómetros cuadrados. Eso equivale a 8,5 veces el tamaño del cantón central de San José, que mide 44,37 kilómetros cuadrados.
Dependencia a la cooperación internacional
El director ejecutivo del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, Rafael Gutiérrez, aseguró que los hechos que revela el Estado de la Nación son “irrefutables”.
En esa línea, el también viceministro mencionó que debido a las limitaciones presupuestarias el país apuesta por la cooperación internacional para cubrir esos vacíos.
“Hemos aumentado la cobertura de protección de áreas silvestres protegidas, tanto en la parte marina como en la parte terrestre y, ciertamente, sobre esta situación la institución se ve obligada a buscar mecanismos que permitan darle administración y manejo a las áreas protegidas”, dijo Gutiérrez.
El director de Sinac también manifestó que están en conversaciones con el Ministerio de Hacienda para tantear la posibilidad de inyectar recursos a la institución mediante un presupuesto extraordinario durante el año 2023.
Un compromiso internacional
La mayor parte de la expansión del área protegida ocurrió en diciembre del 2021, cuando el gobierno de Carlos Alvarado decidió agigantar el Parque Nacional Isla del Coco y el Área Marina del Bicentenario, ubicadas en el Pacífico.
Isla del Coco pasó de tener un área de 2.034 kilómetros cuadrados a una superficie de 54.844 kilómetros cuadrados, o sea, ahora es casi 26 veces mas grande que antes.
Mientras que el Área Marina de Manejo del Bicentenario pasó de tener 9.649 kilómetros cuadrados de protección a una extensión de 106.285 kilómetros cuadrados, es decir, diez veces más.
La administración de Carlos Alvarado tomó esa decisión a raíz de la iniciativa internacional llamada “30x30″, mediante la cual, 60 países establecen el objetivo de “proteger al menos el 30% de la tierra y los océanos del mundo para el año 2030″.
Con estas modificaciones, el espacio terrestre e insular costarricense bajo algún esquema de protección, representa el 25,5%, mientras que se aumentó a un 27,9% la superficie marina nacional.
El Estado de la Nación insiste en que esa expansión “es un logro significativo para el país” y “constituye un paso importante para el cumplimiento de las metas en materia de conservación”, pero insiste en que se requiere “fortalecer las capacidades institucionales para resguardar esta área”.
‘Áreas protegidas de papel’
El gerente de Ciencias de la fundación MarViva, Juan Posada, señaló que estas iniciativas de crear o expandir áreas de protección marina son insuficientes si los gobiernos no desarrollan los planes de acción e inyectan los recursos necesarios para implementarlos.
“Ciertamente en todos los países del mundo preocupa la declaratoria de áreas marinas protegidas. Algunas de ellas quedan sin que se elabore el plan de manejo o si se llegó a elaborar, no se implementa. Entonces, eso es lo que uno llama áreas protegidas de papel”, aseveró Posada.
El biólogo manifestó que si los gobiernos van únicamente detrás de un compromiso internacional, sin resguardar realmente sus zonas protegidas, lo que ocasionan es “un desprestigio a la figura, que no se debe permitir”.
“Desde el punto de vista efectista a lo mejor alcanzaste un porcentaje que había sido establecido en algún acuerdo entre países; pero si no hay la capacidad para efectivamente implementar esa decisión, pues se queda en el papel”, sentenció Posada.
El vocero de la fundación MarViva agregó que existen alternativas tecnológicas para vigilar las áreas marinas protegidas, las cuales los países podrían conseguir mediante la cooperación internacional.