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En la década de los setenta, Costa Rica perdía su cobertura forestal a razón de 50.000 hectáreas al año, a consecuencia de diversos modelos de desarrollo que fueron implantados en el país. Nos preguntamos entonces cómo revertir radicalmente la situación y de qué manera incentivar lo suficiente a los propietarios de tierras para que hicieran el cambio y protegieran los bosques.
Motivados por esas preguntas y preocupados por la elevada tasa de deforestación y la necesidad de la conservación de los recursos naturales, el Estado creó en 1979 un sistema de incentivos con el fin de asegurar la producción de materia prima para la industria y al mismo tiempo remediar el problema.
Entre los incentivos fiscales están la reducción del impuesto sobre la renta en 1979 y el pago de servicios ambientales (PSA) aprobado en 1996 en la figura de certificados de abono forestal (CAF), certificados de abono forestal por adelantado para pequeños reforestadores (CAFA), los créditos blandos, el Fondo de Desarrollo Forestal, el certificado de abono forestal para el manejo de bosques (Cafma), el certificado para la protección del bosque (CPB) y el certificado para la conservación del bosque (CCB).
Gracias a este conjunto de estímulos y esfuerzos estatales por evitar la destrucción de los bosques nacionales, recuperar zonas degradadas y mejorar la producción forestal, es posible afirmar que la situación de los ecosistemas forestales en Costa Rica cambió significativamente.
Tanto así que de deforestar 50.000 hectáreas pasamos a una tasa neta de cero pérdidas de cobertura forestal a finales de los noventa («La Nación», 6/3/1998). Hoy se reconoce en el mundo que hemos llegado a una cobertura del 62 % del territorio nacional.
Al comienzo, los servicios ambientales siguieron el mismo patrón establecido para los incentivos forestales. Incluso se usó el mismo mecanismo de pago —los certificados de abono forestal— e idénticos montos.
Mediante un proceso experimental llevado a cabo por el gobierno, en conjunto con la Comisión de Desarrollo Forestal de San Carlos (Codeforsa), el modelo fue evolucionando y, en 1998, el sistema de pago y la cantidad cambiaron.
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Las principales variaciones se produjeron en su filosofía, pues de ser dinero no reembolsable que se destinaba al fomento de una actividad se pasó a un mecanismo de pago que reconoce uno o varios servicios que el bosque presta a la sociedad.
Por lo tanto, el PSA es el reconocimiento económico que hace el Estado a los propietarios de bosques y plantaciones forestales por los servicios ambientales que brindan las áreas boscosas.
Ese pago, creado en 1996 mediante la Ley 7575, brinda una retribución por los servicios ambientales que proporcionan el bosque y las plantaciones forestales en la mitigación de gases de efecto invernadero; la protección del agua para uso urbano, rural o hidroeléctrico; la protección de la biodiversidad para su conservación y uso sostenible en los ámbitos científico, farmacéutico e investigativo; para el mejoramiento genético; y la protección de ecosistemas, formas de vida y belleza escénica natural con fines turísticos.
El autor es exministro de Ambiente y Energía.
