La inexplicada y abrupta destitución de Mónica Araya de la presidencia ejecutiva del Instituto Nacional de Seguros (INS) no puede quedar como otro secreto entre las cuatro paredes de la Casa Presidencial.
En qué falló, qué hizo o incluso qué se negó a hacer, debe ser de dominio público, dado que la aseguradora es del Estado, genera millonarias utilidades y compite fieramente con empresas privadas. Si hubo algún riesgo, debe ser advertido a los ciudadanos. La transparencia es vital.
Independientemente del conflicto que pudiera existir entre el mandatario Rodrigo Chaves y Araya, es imposible ignorar lo que ocurrió una hora antes del despido, el miércoles 8 de mayo. Justo a las 3:02 p. m., Araya comunicó que la Junta Directiva había declarado desierta la millonaria licitación del marchamo digital. Los directores al parecer actuaron responsablemente, porque la única oferta sobre la mesa, aunque cumplía los requisitos formales y técnicos, sobrepasaba en $1,8 millones el costo presupuestado.
De hecho, Araya se puso del lado de los dueños de vehículos. Advirtió que el sorpresivo aumento en la oferta —que tampoco explicó de dónde salió— iba a perjudicar a los propietarios, que al final serán los que pagarán los 1,9 millones de marchamos. Y puntualizó que el golpe más fuerte se lo llevarían “desproporcionadamente” los motociclistas. “La diferencia no perjudica al INS”, aseveró, pues lo termina pagando el usuario, agregó, lo cual contraviene los principios de igualdad y el interés público, precisó.
Si en apariencia Araya y la Junta protegían a los usuarios de un sobrecosto en el marchamo digital, ¿por qué la echaron de esa manera? Algo no calza, más cuando una hora antes grabó un video para anunciar el freno a un negocio que, inicialmente, estaba previsto por $5,5 millones y, de aprobarse, iba a subir a $7,3 millones.
Es contradictorio que un gobierno que se jacta de estar contra los sobrecostos en contratos sacara por la puerta trasera a una jerarca que una hora antes pregonaba proteger los intereses públicos y no los de una empresa privada. El gobierno no debería normalizar las destituciones sin explicación, y los ciudadanos no debemos aceptarlas como cosa normal. En asuntos públicos, los secretos despiertan dudas.
