A pesar de los retrasos, aumento de precios y falta de transparencia de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS, por sus siglas en inglés) en la ejecución de infraestructura pública en el país, el Instituto Nacional de Seguros (INS) prepara un contrato por $44,6 millones con ese organismo para la adquisición e implementación de sistemas informáticos.
El proceso avanza en secreto, pues este diario solicitó copias de las actas de Junta Directiva en las que se aprobó negociar con UNOPS y la oficina de prensa respondió que “lo referente al proyecto de modernización de los sistemas informáticos del Grupo INS” fue declarado confidencial.
La Nación tiene copia del memorando de acuerdo que ambas entidades afinan para enviarlo en los próximos días a la Contraloría General de la República para su refrendo.
De acuerdo con el documento, UNOPS se encargaría de hacer el diagnóstico de necesidades, desarrollar las licitaciones para el diseño y compra de las plataformas tecnológicas y de implementarlas en un plazo de 56 meses (4,6 años). De los $44,6 millones (¢28.320 millones), $4,5 millones (¢2.882 millones) son para pagar los servicios de la agencia de la ONU, lo que equivale a un 10% del presupuesto total.
De los $4,5 millones que pide UNOPS para ejecutar las tareas, $2,4 millones son para cancelar salarios de su personal, $1,1 millones se usarían en “gastos indirectos de operaciones” y $800.000 se incluyen para “gastos de soporte nacional e internacional”.
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Además, exigen $245.000 para “costos de operación UNOPS” relacionados con viajes, viáticos, gastos de misiones internacionales, talleres, comunicación y materiales, entre otros y $140.000 para comunicación del proyecto.
También piden que el INS transfiera en cinco desembolsos, distribuidos entre diciembre de 2022 y enero de 2025, los $44,6 millones del proyecto. El dinero, según el memorando de acuerdo, debe ir a una cuenta a nombre de UNOPS en Nueva York y los trabajos empezarán 15 días después de la primera transferencia. Los intereses que generen esos fondos, según lo estipulado, serán reintegrados de manera anual.
Un aspecto importante es que, aunque UNOPS fungiría como ejecutor del proyecto y estaría al frente de cada componente, los riesgos deberán ser asumidos por el INS. Eso quiere decir que solo se podría responsabilizar a la agencia de la ONU y sus funcionarios si ellos mismos aceptan haber cometido errores o incumplido funciones.
“El INS cargará con los riesgos de las operaciones bajo el presente Acuerdo y mantendrá indemne a UNOPS, su personal, agentes, empleados y servidores de y contra toda acción, reclamación, demanda, proceso o responsabilidad de cualquier índole o clase provenientes de las operaciones”, establece el memorando de acuerdo confeccionado por las dos entidades.
El documento agrega que la única forma de endosar responsabilidades a UNOPS es que ambas partes “convengan” que los reclamos o responsabilidades “están asociados a negligencia grave o falta intencional de UNOPS y su personal”.
Ninguna de las dos instituciones aceptó responder preguntas para este reportaje.
Sin explicaciones
Desde el 15 de setiembre se preguntó al INS sobre su relación con UNOPS, el 28 de setiembre contestó que no tenían ningún contrato firmado con ese organismo internacional.
Al informarle a la entidad, mediante su oficina de prensa, que este diario tenía una copia del memorando de acuerdo que se pretende firmar, enviaron una nueva respuesta vía correo electrónico.
“UNOPS, entre otros, es parte de los instrumentos que pone a disposición la legislación. Cualquier mecanismo de derecho internacional debe ser refrendado por la Contraloría General de la República y hasta que se cuente con dicho refrendo es que se puede afirmar que existe un convenio firmado”, declaró el Instituto.
Agregaron que el artículo 145 de la Ley General de Administración Pública les impide informar del asunto. Sin embargo, esa norma se refiere a la eficacia de los actos administrativos y su comunicación a las partes involucradas y no establece alguna prohibición para hablar sobre procesos de contratación.
William Emilio Fernández, director jurídico del INS, mencionó el artículo 12 de la Ley del Instituto Nacional de Seguros como un argumento para rechazar entrevistas sobre este tema. Esa normativa enlista la información de caracter confidencial dentro de la entidad, pero no incluye lo relacionado con contratación de bienes o servicios.
Además, según la ley, la declaratoria de confidencialidad requiere un pronunciamiento de la Junta Directiva.
Desde la semana pasada se intentó contactar a Mónica Araya Esquivel, presidenta ejecutiva del INS, para consultarle por qué buscaron a UNOPS para ese proyecto, cómo se definió el presupuesto, los costos directos e indirectos, si se investigó la experiencia de esa organización en la adquisición e implementación de plataformas tecnológicas y si valoraron los retrasos y sobrecostos de UNOPS en los proyectos viales que han desarrollado en el país.
No obstante, la jerarca no contestó las llamadas hechas a su teléfono celular ni contestó los mensajes.
José Arévalo, Subgerente de Transformación Digital y Gobernanza del INS, tampoco contestó las llamadas y mensajes.
Laura Mora Camacho, vicepresidenta del INS, dijo que no está autorizada para hablar sobre este asunto. Al preguntarle si la idea de buscar a UNOPS pasó por la aprobación de la Junta Directiva respondió que no podía contestar y que si queríamos averiguarlo debíamos buscar las actas de las sesiones.
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“Esa es mi posición, no podría darle información, porque ni como directora, ni como individuo voy a faltar a esa línea y esa práctica que tenemos en el INS (...) Es un tema del que no tengo que darle información, no me insista porque no voy a cambiar de opinión, yo no voy a faltar a la confidencialidad, no voy a salir de esa posición, no me insista porque no voy a cambiar de manera de conducirme y si gusta así lo consigna, pero no insista. Busque en las actas”, comentó Mora.
También se buscó a Alejandro Rossi, director de UNOPS en Costa Rica, pero no respondió los mensajes y llamadas.
Tropiezos
El plan para modernizar las plataformas tecnológicas del INS no es nada nuevo. Desde 2015 registran varios intentos para actualizar sus sistemas, integrar procesos y dar trazabilidad a procedimientos, pero no han concretado el objetivo.
El último intento fallido ocurrió en diciembre de 2021, cuando el INS tuvo que suspender la adjudicación del proyecto a la empresa UST Equipo Consorcio por aparentes irregularidades en la firma de una declaración jurada de su abogado, Christian Garnier Fernández, quien es esposo de la exlegisladora del Partido Liberación Nacional, Karine Niño y, según publicó el Diario Extra, en 2021, omitieron comunicar esa relación a la hora de concursar por la contratación.
La argumentación del INS para suspender esa contratación, fijada en ¢33.000 millones, es una aparente violación al régimen de prohibiciones de la Ley de Contratación Administrativa, pues el artículo 22 y 22 bis impiden a una serie de funcionarios públicos -entre ellos los diputados- contratar con el Estado. La restricción también aplica para “el cónyuge, el compañero o la compañera en la unión de hecho, de los funcionarios cubiertos por la prohibición, así como sus parientes por consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado inclusive”.
Para marzo de 2021, fecha en que se publicó la licitación mencionada, ¢33.000 millones equivalían a $53 millones, aproximadamente (al tipo de cambio del 31 de marzo de 2021).