El Gobierno anunció el pasado miércoles 26 de abril que impulsaría un proyecto denominado Marchamo Digital, que tiene como objetivo, al menos en su primera etapa, sustituir el tradicional “sticker” por un chip con la información del automotor.
A raíz del plan estimado en ¢4.860 millones, surgieron preocupaciones sobre la privacidad de las personas.
La diputada del Partido Liberal Progresista (PLP), Johana Obando, quien ha laborado en el área de la tecnología y en análisis de software, alertó que el chip podría ser utilizado, en futuras etapas, para recopilar datos sensibles de los ciudadanos sin autorización.
El Estado podría colocar sensores en las principales rutas del país, lo que serviría, por ejemplo, para aplicar multas de tránsito por irrespeto a la ley al detectar el paso del chip.
Sin embargo, la diputada Obando teme que también sirva para la recopilación de datos sensibles, como los recorridos usuales de una persona y los sitios que visita.
“El monitoreo es un dato sensible. El Estado no tiene por qué saber en qué momento, a qué hora y con qué vehículo se desplazan las personas. Y usted dirá que ya redes sociales o aplicaciones nos rastrean (Google Maps, Waze), pero hay un elemento medular: el consentimiento. En esos casos, usted otorgó permisos, pero lo que pretende el INS es la obligación de usted a ser vigilado”, pronunció Obando en el plenario.
Según informó el Gobierno, el plan del marchamo digital será ejecutado por el Instituto Nacional de Seguros (INS) y podría implementarse a partir de noviembre de 2023, con el próximo cobro del derecho de circulación. Sin embargo, esto depende de la evolución del proceso de compra que se encuentra en marcha.
La diputada del Liberal Progresista dijo que el cambio del “sticker” por el chip es solamente la primera etapa de un proyecto más extenso, según entendió en una reunión entre la presidenta ejecutiva del INS, Mónica Araya, y la bancada del PLP el pasado lunes 19 de junio.
“En esta primera etapa, el chip solamente recopilará la información del vehículo y el derecho de circulación, pero, luego, cada ministerio que desee involucrarse para usar este dispositivo podrá tener diferentes casos de uso, y cada caso de uso puede ser una violación a cualquier derecho”, declaró Obando.
El 26 de abril, cuando anunció el proyecto, el Gobierno aseguró que emitiría un decreto para declararlo de interés público. Incluso, el presidente de la República, Rodrigo Chaves, explicó que “los vehículos estarán identificados de manera única por medio de un chip que enviará la información hacia un sistema informático y esta información la podrán leer los equipos de la Policía de Tránsito”.
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Un comunicado publicado por el INS señala que el plan pretende “modernizar el ecosistema digital de regulación vehicular”. Además, informó de que una segunda etapa del proyecto permitiría recopilar datos para la construcción de ciudades inteligentes.
“Hará que el chip en su carro agilice el tránsito durante las presas, dando prioridad a los vehículos de emergencia y hasta abriendo la aguja del peaje o permitiendo el ingreso a parqueos”, apuntó el Instituto.
Además, el comunicado detalló que la tecnología RFID permite identificar automóviles mediante ondas de radio de manera única y pudiendo captar cientos de objetos a la vez. El chip estaría diseñado para interactuar con un “sistema integrador” para “orquestar los sistemas de servicios ciudadanos”.
‘La mera instalación del chip ya permite el rastreo’
Juristas expertos en tecnología y protección de datos llamaron la atención sobre los riesgos que puede tener el proyecto para la privacidad de los ciudadanos.
Para José Adalid Medrano, abogado especialista en Derecho Informático, no hay duda del impacto sobre la privacidad. “La mera instalación del chip ya permite, para quien tenga la tecnología, rastrear que usted pasó por un determinado lugar”, declaró a La Nación.
“El INS nos dice que debemos confiar en ellos porque esto no está pensado para controlar, pero por la manera en que han expuesto esta tecnología, queda muy claro que las diferentes etapas están pensadas para eso. Esto requeriría que nosotros simplemente confiemos en que el Gobierno va a hacer las cosas bien y que la base de datos va a estar bien resguardada”, detalló Medrano.
Según explicó el abogado, Rusia implementó en el pasado un sistema que incorporaba el reconocimiento facial de las personas a bordo del vehículo. Pocos meses después, esta información ya se vendía en el mercado negro.
“En Costa Rica, tenemos experiencia de que, desde la cárcel La Reforma, utilizan datos de costarricenses que no hay otra forma de obtenerlos a menos de que se tenga la complicidad de empleados de bancos o instituciones. Esta información puede ser facilitada a sicarios, secuestradores y otros tipos de delincuencia, lo cual debería generar preocupación al costarricense”, declaró.
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Medrano también cuestionó la obligatoriedad del marchamo digital, es decir, no hay consentimiento.
“Si usted no instala el ‘sticker’ con chip, le van a poner una multa, no hay opción a elegir. Entonces estamos obligados a instalarlo y permitir que a través de ciertas tecnologías nos puedan rastrear, y no podemos hacer nada.
“Esto merece estar en el Congreso. Nadie eligió a los funcionarios del INS para tomar decisiones que impactan derechos fundamentales, pero el INS lo único que ha hecho es acelerar el proceso de licitación, lo que hace la situación más preocupante. El Congreso debería decidir si amerita tomar el riesgo con un chip, o podríamos escoger una tecnología que no permita ese rastreo. Antes de avanzar, debemos discutirlo”, criticó el jurista.
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La Nación también consultó sobre el tema al abogado Mauricio París, experto en arbitraje, tecnología y protección de datos, quien coincidió en el riesgo que implica no definir con antelación los usos que se le dará al chip.
París señaló que la función del INS respecto al marchamo debería limitarse a la recaudación del impuesto. Sin embargo, luego del anuncio, otras instituciones, como los ministerios de Obras Públicas y Transportes; Hacienda; y Ciencia y Tecnología, hablaron sobre posibles usos que no están claros o, al menos, no han sido explicitados a la ciudadanía.
“Si el INS hubiera dicho que ponía un marchamo electrónico para las mismas finalidades para las que actualmente se utiliza el ‘sticker’, a mí me generaría algunas preocupaciones, pero no tantas como en este caso, que aparece la plana mayor del Estado y ponen esto como un asunto importantísimo”, señaló.
“Tiene que ser transparente, el ciudadano tiene que saber para qué se usan sus datos y qué instituciones van a poder hacer uso. Además, en el momento en el que el sensor lee el chip del carro, podría tomar una fotografía del vehículo e identificar quiénes van dentro.
“El Estado en Costa Rica hace un uso abusivo de los datos personales de los ciudadanos. Hay casos recientes, el caso de la UPAD fue uno y el caso de las pruebas FARO fue otro. No existe el marco regulatorio suficiente y adecuado para que el ciudadano se pueda sentir tranquilo. Venimos de un hackeo en donde todavía no sabemos ni cuáles datos nos robaron”, explicó el jurista.
París también criticó que la Agencia de Protección de datos de los Habitantes (Prodhab) tiene un rol apenas testimonial en los casos mencionados. “Tenemos un regulador que no regula”, dijo.
“Hay otro aspecto importante, que es el conflicto de interés del INS como aseguradora. La institución tiene una cartera de seguros de automóvil; entonces, quiere decir que el INS va a saber información de los vehículos que tiene asegurados, como la velocidad a la que circula o quién iba conduciendo”, alertó el especialista.
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Finalmente, París criticó que, hasta el momento, el Gobierno no haya emitido ni siquiera un decreto.
“En el caso de la UPAD, al menos había un decreto que la Sala IV declaró inconstitucional, pero aquí ni siquiera hay un decreto, reglamento o directriz, lo único que hay es una compra pública (de ¢4.860 millones), que de un momento a otro pareciera que todo el desarrollo del país depende de eso. Pareciera, cuando menos, desproporcionado”, concluyó el abogado.
La Nación se encuentra a la espera de una declaración de la Prodhab sobre el proyecto impulsado por el Gobierno.
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