EscucharVivimos momentos convulsos en los que ponerse de acuerdo a lo largo del espectro político es una batalla cuesta arriba.
Aun teniendo músculo y visibilidad en la Asamblea Legislativa, la oposición desaprovechó estos dos años para mostrarse como opción viable para quienes vayan a ejercer el voto en los próximos comicios. Pese a algunos atisbos de lucidez y eficiencia, el desempeño de los partidos no oficialistas es disparejo y deslucido.
Se han revelado rencillas entre legisladores, chats internos que incitan a la violencia y hasta el ataque físico de un diputado contra un asesor. Abundan los diputados tránsfugas, incluso hay quien es tránsfuga de los tránsfugas.
Movimientos sociales y grupos de interés también se suman a agitar el ambiente. Militantes políticos, quizá con aspiraciones a algún cargo público, sugieren descabelladas ideas y coquetean con la inconstitucionalidad en declaraciones públicas y columnas de opinión.
Con miras a encontrar algún resquicio para restablecer la unidad, vale la pena sentar como país una serie de parámetros mínimos que todo grupo de oposición llamado responsable deba cumplir para ser, cuando menos, potable para las próximas elecciones.
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Protección de la naturaleza. Nuestra reputación ecológica es la carta más fuerte en el escenario geopolítico y económico mundial. La biodiversidad, en tierra y mar, es la mayor riqueza que poseemos.
De ella dependen el atractivo turístico, gran parte de la inversión extranjera y el sustento de muchísimas comunidades. Ni que decir de su peso en nuestra calidad de vida.
El mundo necesita liderazgos legitimados y visionarios en la lucha contra el cambio climático y el declive en la diversidad biológica.
Costa Rica ha trazado un camino ejemplar en materia de conservación y por eso es clave que tales logros no sean opacados por intentos en pos de la reactivación de la pesca de arrastre ni por la exploración y explotación petrolera.
Al contrario, el modelo de desarrollo sostenible debe afianzarse con medidas y proyectos que vinculen el crecimiento económico con innovación verde y azul, de manera que se protejan y creen empleos que dependan de, y favorezcan, la protección del ambiente.
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Eficiencia del Estado. El problema del aparato estatal no es su tamaño, sino su eficiencia. Urge eliminar la duplicidad innecesaria de funciones, pero eso no debe enmarcarse en una campaña de desprestigio hacia los trabajadores, tildándolos de innecesarios o parasitarios.
El Estado debe alcanzar niveles de eficiencia tales que a los ciudadanos nos cause placer, o por lo menos tranquilidad, el pago de impuestos.
Para abordar la eficiencia estatal, se necesita introducir innovación en las políticas públicas, mejorar la capacidad de negociación del Ejecutivo y un brazo tecnócrata que vea a las instituciones públicas no como una empresa, sino como promotoras del bien común.
Democracia e institucionalidad. Se volvió muy fácil lanzar ideas antidemocráticas al aire para ver cuál de todas cae en terreno fértil, abonado por la incertidumbre y el descontento. No más.
La sola sugerencia de quebrantar el orden democrático, incluso en momentos críticos, debería encender todas las alarmas con respecto a la visión política de la persona o agrupación de donde se origine.
Por lo demás, todo proyecto político debería estar sentado sobre las bases de la democracia, lo cual no es tarea fácil. La democracia es una decisión continua, que privilegia el diálogo por sobre la intimidación. Su legitimidad yace sobre bases de la institucionalidad, no sobre los efectos de la desinformación y la retórica incendiaria.
La clase política no puede seguir usando los derechos humanos como moneda de cambio para negociar. Tampoco colocar los intereses económicos de unos pocos poderosos encima del bienestar de la mayoría ni legislar únicamente con una visión vallecentrista.
El próximo gobierno deberá garantizar con sus acciones y su discurso que gobernará en beneficio de todas las personas, sin excepción.
Producción y prosperidad. Para el 2022 no basta con que un plan de gobierno prometa “reactivación económica”. La frase, hoy vacía, debe venir respaldada por una estrategia de remozamiento del entorno productivo para inversión nacional y pequeños emprendedores.
Formar una empresa rentable y cumplir requerimientos legales debería ser una aspiración, no un martirio. La formalidad en el sector privado debería ser la norma, no la excepción. Pero esto no se logrará sin una mezcla de innovación pública, voluntad política, coherencia ministerial y un esfuerzo articulado entre el Ejecutivo y el Legislativo.
Propiciar la generación de empleos de calidad en el sector privado y velar por una recaudación eficiente de los impuestos es imperativo para que la prosperidad se traduzca en bienestar para toda la población, en especial para potenciar la movilidad social en familias que viven bajo o cerca de la línea de pobreza.
Salud, educación, cultura e innovación. La abolición del ejército es una de las mejores semillas que hemos sembrado. No podemos desperdiciar sus frutos ni dejar que ese árbol muera.
Financiar estos cuatro campos de manera inteligente mantiene encendidos los motores económicos y sociales, y eleva el bienestar de la población con efectos que se mantendrán por generaciones.
Como ciudadanos, exijamos a los partidos políticos una impecable administración de estas cuatro áreas y nunca más serán un gasto, sino una inversión de altos intereses.
Para hilvanar los puntos anteriores, es momento de que los actores políticos eleven el nivel de su discurso. La gestión política exige un grado de madurez que primero se revela en el contenido de las palabras. Una persona que no mide el peso de sus palabras difícilmente comprende el impacto de sus acciones.
En el caso de la política, esta máxima es devastadora. Por consiguiente, y por el respeto que la ciudadanía merece, no está de más el llamado para que la clase política vuelva a inyectar sabiduría en su discurso público y procure fomentar el diálogo concertador en el país en lugar de dividirnos aún más.
El autor es comunicador y administrador.
