La situación de los residuos sólidos se complica en la Gran Área Metropolitana (GAM), pues, en un plazo de siete años no habría un lugar de destino final para los desechos que no pueden ser reciclados o revalorizados.
Al Parque de Tecnología Ambiental (PTA, popularmente conocido como “relleno sanitario”) Uruka, ubicado en La Carpio, San José, le queda un año de vida útil, de acuerdo con proyecciones de la empresa EBI de Costa Rica. Cuando se dé la clausura, una opción es enviar toda la basura al Parque de Tecnología Ambiental Aczarri, en El Huazo de Aserrí. Pero, allí hay otro inconveniente: la vida útil de ese sitio se redujo de 11 a 7 años por la enorme cantidad de residuos que llegan diariamente.
Óscar Guzmán Coto, gerente técnico de EBI, empresa que administra los dos parques, explicó el problema. “Por falta de otros sitios, por falta de otros proyectos, se ha puesto una gran carga de residuos en el PTA Aczarri. En otras palabras, el que está sosteniendo en este momento el gran peso de la gran cantidad de residuos de la GAM es el PTA Aczarri, y eso lo ha sometido a una presión, por lo que, en lugar de tener la proyección para 11 años, se nos reduce a entre 5 y 7 años”.
Hay 32 municipios que llevan total o parcialmente sus residuos a Aserrí. Estos son: Acosta, Alajuelita, Aserrí, Coronado, Curridabat, Desamparados, Dota, Escazú, León Cortés, Mora, Moravia, Puriscal, Pérez Zeledón, el cantón central de San José, Santa Ana y Tibás (en San José), Naranjo y Sarchí (en Alajuela), Alvarado, Cartago, Cervantes, El Guarco, La Unión y Oreamuno (en Cartago), Belén, Flores y Santo Domingo, San Isidro, San Pablo y San Rafael (en Heredia) y Corredores y Osa (en Puntarenas).
La Municipalidad de San José es el principal “cliente” de la planta de la Uruca y también uno de los que más lleva a El Huazo. Cada año, este ayuntamiento envía a los rellenos 170.000 toneladas métricas de residuos, las cuales se distribuyen entre ambos sitios. En promedio, los dos reciben más de 700 toneladas diarias.
En el futuro inmediato no se ven salidas alternas. La altura o nivel de los desechos sólidos en Uruka no pueden superar los 1.005 metros por encima del nivel del mar. En junio de 2021, la Sala Constitucional ordenó que cuando llegara a ese tope, las instalaciones debían cerrar. Aunque proyecciones del Ministerio de Salud dan seis meses, en EBI aseguraron que con el tratamiento que se les da a los residuos podrían sumar al menos un año más.
“El país requiere con urgencia nuevos proyectos, nuevas tecnologías. Ya en el área metropolitana es muy difícil, ya no hay espacios. La situación está crítica, pero estamos viendo la luz, continuar los ya propuestos. (...) Independientemente de cuál sea la empresa, necesitamos nuevos proyectos”, subrayó Guzmán.
Dentro de los proyectos ya propuestos a mediano plazo, mencionó Bajo Pita, en Turrúcares de Alajuela, que tiene la oposición de la comunidad. También están sitios en Montes de Oro (Puntarenas) y un plan en Cartago. Estos, dijo, permitirían descongestionar y sectorizar los destinos finales.
De acuerdo con EBI, se ha estado trabajando todo lo posible en alargar la vida útil del PTA Uruka y a la vez no poner tantas presiones sobre el PTA Aczarri. Con ese fin, se implementan estaciones de separación, de recuperación y reciclaje.
Estas acciones permiten que “una enorme cantidad de desechos” ya no vaya a las celdas de los rellenos sanitarios. Sin embargo, frente al volumen que el país genera estos esfuerzos resultan insuficientes.
Diego Miranda Méndez, alcalde electo del cantón de San José, quien asumirá el cargo este 1.° de mayo, declaró: “Sabemos que existe una dificultad en el tema de los manejos. Es una bomba de tiempo. Nosotros planteamos en la campaña (electoral) varias cosas que hay que hacer de manera urgente, como desarrollar un plan y los pasos que durante mucho tiempo la Municipalidad no ha desarrollado para cumplir la ley de residuos sólidos”.
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Rellenos más lejanos, tarifa más cara
Ricardo Morales Vargas, jefe de la Unidad de Salud Ambiental del Ministerio de Salud, es consciente de la situación que enfrenta El Huazo y sabe que la presión será mayor una vez que cierre La Carpio. “No queremos que se sobrecargue, por eso debemos buscar otras opciones”, expuso.
Coincidió en que una posibilidad es el envío de los residuos a zonas fuera de la GAM, pero también conllevaría costos que aumentarían las tarifas para los contribuyentes.
“Todos contaminamos, todos emitimos residuos y tenemos que estar dispuestos a pagar por ese tratamiento. A veces esa es la parte más difícil, porque implica ajustar tarifas en las municipalidades para sufragar los costos de transporte y de combustible”, comentó.
Eso implica que habrá mayores emisiones producto de los vehículos para transportar los desechos y esto contribuye a la contaminación ambiental.
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Para Marcel Soler Rubio, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias (Anai), el problema no se circunscribe al área metropolitana y se ha visto desde hace años en regiones más alejadas. El ejemplo más claro, indicó, son las comunidades de la zona sur, que se ven en la obligación de hacer traslados por gran parte de la costa pacífica para llegar al relleno de Miramar, Puntarenas, y con ello el servicio que se brinda es más caro.
En el caso de San José, Miranda expresó que varias zonas del cantón envían sus desechos a El Huazo porque les queda más cerca que La Carpio (como San Francisco de Dos Ríos o Zapote). Sin embargo, la situación cambiará con el cierre del PTA Uruka y el desplazamiento de zonas del cantón más alejadas de Aserrí. Y esto podría complicarse al salir de la GAM.
El alcalde electo afirmó que “cuando aumenta el kilometraje en los viajes de recolección de los residuos evidentemente va a aumentar el costo, y ese es un problema. En un distrito tan populoso como Pavas es poco lo que se transita hasta la Uruca, pero el kilometraje, el gasto de combustible, las presas y el tiempo de los trabajadores, el desgaste de la propia maquinaria... esto tiene un costo económico relacionado. Por eso debemos buscar alternativas más integrales que no solo engloben a San José, sino también a las otras municipalidades cercanas que llevan los residuos a ambos rellenos”.
Julien Charbonneau, director administrativo EBI, explicó que la empresa da diferentes servicios. En algunos casos es solo el tratamiento y disposición final de residuos, pero en otros casos también se ofrece la recolección y el transporte. En esos últimos no se verán cambios de precios del servicio de transporte y recolección mientras el contrato esté vigente. Una vez que venza, se tendrá que licitar con lo que la empresa pueda ofrecer y con precios actualizados, por lo que los contribuyentes de algunos municipios sí podrán ver una mayor tarifa.
Para él, es un hecho que en el futuro los residuos saldrán de la GAM. Para eso se requieren centros de transferencia, “puntos medios” donde lleguen los residuos que no pudieron revalorizarse, ser colocados en vehículos más grandes para luego ser llevados al sitio de disposición final.
“Eso significa un costo adicional. Yo soy de Montreal, Canadá. Cuando la población comenzó a crecer se abrieron rellenos fuera de la ciudad, y para llegar ahí es un costo adicional. Hacia eso vamos”, destacó.
“La ciudadanía debe saber que tarde o temprano va a tener un aumento en su tarifa, porque es lo que toca”.
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A mediano plazo: tecnologías más allá de un relleno
Marcel Soler es enfático en que se debe ver más allá de los rellenos sanitarios y deben explorarse los usos de otro tipo de tecnologías de gestión de residuos. Este es un tema que escapa de la acción de las municipalidades y que está destinada al Ministerio de Salud.
En su criterio, depender de los rellenos sanitarios como se ha hecho hasta hoy y pensar en seguir solucionando el problema con rellenos dista de ser una solución.
“¿Cuál es la línea tecnológica que quiere seguir el país? Porque al final de cuentas los rellenos sanitarios si bien tienen una vida útil de 30 años o más, dependiendo del tamaño, no dejan de ser parches a las soluciones definitivas. Y en el área metropolitana es difícil encontrar hoy en día un espacio adecuado, lejos de centros de población donde no genere un impacto a las poblaciones aledañas”, destacó.
Soler señaló que el país no está explorando las otras opciones en la pirámide de la generación de residuos que podrían ser más viables. Aseguró que la incineración pudo haber sido vista con malos ojos anteriormente, pero las tecnologías han cambiado y son más amigables y seguras; también se puede hablar de convertir a una mayor escala los desechos en energía o de llevarlos por procesos químicos, además del compostaje de para los residuos orgánicos.
No obstante, no toda tecnología es viable para un país tropical como Costa Rica. En una entrevista anterior, Freddy Bolaños Céspedes, vocero del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA) y especialista en Ingeniería Ambiental, manifestó que no toda tecnología de gestión de residuos que haya sido exitosa en otros países funcionaría en las condiciones de temperatura y humedad de Costa Rica, pero hay algunas que sí.
Él dio el ejemplo de que la pirólisis (descomposición química de materia orgánica) o incineración no sería apta para el terreno nacional, pero en cambio, el uso de bacterias anaerobias sí podría prestarse.
Bolaños y Morales coinciden en que hay desechos que no tienen otra forma de revalorizarse o tratarse y deben ir a rellenos sanitarios por lo que sí deben buscarse otras opciones de terreno, pero con el propósito de solo llevar ahí lo que no pueda tener otro tipo de gestión.
“Necesitamos una sinergia, entre gobierno, empresas y gobiernos locales, sino puede ser peor”, concluyó Guzmán.
