Thelmo Vargas. 3 junio

Por mandato del artículo 78 de la Constitución Política, el Estado dedica el equivalente a un 8 % del producto interno bruto al financiamiento de la educación pública. A pesar de ello, los logros —por ejemplo, en las prueba PISA (siglas en inglés de Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes)— todavía no se ven. El orden de importancia de las erogaciones debería ser educación básica, media y, por último, la universitaria. Pero este no se refleja en el financiamiento por alumno que recibe uno y otro nivel educativo. Quienes estudian en escuelitas de educación primaria pública, en particular de zonas alejadas de la capital, suelen pasar penurias, como de tiempo en tiempo nos informa la prensa.

Algunos niños tienen que recibir clases debajo de un árbol; otros, en edificios destartalados que no satisfacen los requisitos mínimos, no solo de estética, sino también de función. ¿Puede un niño o una niña asimilar la materia si debe hacerlo en un local con techo de zinc y sin cielorraso, que se convierte en una caldera de las 9:30 de la mañana a 3 de la tarde? ¿Puede hacerlo si en la época de invierno, que es la más larga, a partir del mediodía abundan el sonido adormecedor de la lluvia y las goteras, y hasta las instalaciones eléctricas son riesgosas? Difícilmente.

Es un asunto de prioridades y las autoridades del país, comenzando por el Ministro de Educación Pública, están llamadas a ordenarlas, pues a la legua se nota que están mal definidas y que se está sacrificando el interés de muchos para satisfacer el lujo de pocos.

Noticias reveladoras. Recién La Nación publicó dos noticias que procede comentar. El viernes 31 del mes pasado, en la página 4A informó: “Fideicomiso del MEP apenas alcanzó para la mitad de obras”. En la página siguiente, la noticia fue: “Sala IV anula plus de ¢4.300 millones a profesores de la UCR”. El primero se refiere a un plan aprobado en marzo del 2013 para, mediante la figura de fideicomiso, construir 103 centros educativos en varios sitios del país, con financiamiento proveniente del Banco Interamericano de Desarrollo.

Resulta que, cuando hubo que pasar del dicho al hecho y comenzar a construir escuelitas, los costos de las obras resultaron más altos de lo inicialmente previsto porque el cálculo se hizo sin mucha información. Entonces, 47 proyectos (Colegio Técnico Profesional (CTP) de Hatillo y los liceos de Siquirres, Corredores, Tierra Blanca y muchos otros más) no contaron con financiamiento.

Eso ha hecho que los alumnos del Colegio Técnico Profesional de La Carpio reciban clases en diez locales de un centro comercial en La Uruca. Los del Liceo de Tierra Blanca lo hacen en ocho sitios, que van desde una vieja funeraria, hasta cocheras, casas, oficinas y el salón parroquial.

El costo unitario de las obras no es alto. Se estima que muchas cuestan alrededor de $5 millones. Pero, desafortunadamente, no alcanzó para todas y el gobierno debe buscar alguna nueva fuente de financiamiento para ellas. Como en infraestructura el avance de las acciones en el sector público más se asemeja al de una tortuga en tierra, que al de una liebre, la espera podría ser muy larga.

Abusos. La siguiente noticia se refiere a una decisión de la Sala Constitucional (Sala IV), que eliminó gastos “pocos razonables” (eufemismo por abusivos), como lo son el plus salarial pagado a los profesores de la Universidad de Costa Rica y que cuesta ¢4.300 millones anuales (equivalentes, al tipo de cambio actual, a unos $7,2 millones). Repito: ¢4.300 millones anuales.

También la Sala IV frenó el auxilio de cesantía superior a 12 años concedido no solo en la Universidad Nacional (UNA), sino también en las municipalidades de Santa Cruz y Vázquez de Coronado. La UNA permitía 20 años, la municipalidad de Coronado 30 y la de Santa Cruz no tenía tope. Para referencia, el Código de Trabajo estipula ocho años como límite. En Costa Rica, todos somos verdes, pero —aparentemente— unos son más verdes que otros.

Como se nota, las prioridades educativas en Costa Rica están trastocadas por algunos grupos de interés. Los estudiantes, administradores y profesores de las universidades estatales tienen gran poder de organización, y de presión, para demandar y obtener de sus contrapartidas tratos favorables, “poco razonables”, en las convenciones colectivas. (¡Cuán fácil es ser generoso con el dinero de otros!) Los niños y los maestros de las escuelitas rurales no lo tienen.

Con los más de $7,2 millones que, después de la eliminación de un gasto “poco razonable”, se ahorran año tras año en la Universidad de Costa Rica, el gobierno tiene recursos para comenzar a construir y reacondicionar las instalaciones escolares (no “plazas de la diversidad”) que se requieren. No es necesario más endeudamiento y, si hubiera que contraerlo, el ahorro de los próximos años permitirá fácilmente hacer frente a esos compromisos.

Es un asunto de prioridades y las autoridades del país, comenzando por el Ministro de Educación Pública, están llamadas a ordenarlas, pues a la legua se nota que están mal definidas y que se está sacrificando el interés de muchos para satisfacer el lujo de pocos.

El autor es economista.