EscucharImagine el día en que se filtren los datos de personas y empresas que están detrás de cuatro millones de operaciones de crédito en Costa Rica. Habría un terremoto financiero por la violación de la privacidad y la destrucción de la confianza en el sistema bancario.
De ahí, la relevancia de la custodia de información como números de cédula, nombres, apellidos, ubicación geográfica y montos que contienen los expedientes de 1,4 millones de préstamos en colones y 2,7 millones en dólares. Hasta el momento, la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) ha manejado esos datos con impoluta confidencialidad y, por ello, es vital que no los comparta con nadie.
Si esa megabase anduviera de mano en mano, de institución en institución, el riesgo de filtración aumentaría y es un chance que no se puede jugar el país por su impacto macroeconómico.
Por eso, la justificación del Banco Central para apropiarse, a la brava, de datos personales de deudores bien califica de lobo envuelto en piel de oveja. Aducir que los requiere para generar estadísticas que le permitan conocer el nivel de endeudamiento y medir la eficacia de su política monetaria parece loable, aunque en la práctica sería abrir un innecesario portillo al caos.
Además, el argumento es inverosímil. Para dirigir la política monetaria se requieren estadísticas, no listados personales, y la misma Sugef ya le suministra esa estadística. ¿Entonces?
La duda la alimenta también el raro interés del Banco en hacerse de identidades de compradores de divisas para ver cuánto transan. ¿Con qué fin?
En un contexto democrático normal, la gula de información no causaría mayor sospecha, pero el país vive un cambio radical en el uso del poder. Es sabido que varias instituciones son instrumentalizadas para perseguir a quienes se atrevan a criticar o denunciar a la cúpula del gobierno o su círculo.
Por este entorno de desconfianza, no es momento de que el Banco Central intente adueñarse de datos personales de ciudadanos. Más bien, lo que procede, por decencia, es el retiro de la vergonzosa denuncia penal contra la superintendenta Rocío Aguilar por negarse a darle los datos de deudores.
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El autor es jefe de Redacción de La Nación.
