Cargas parafiscales, peaje bancario, garantía estatal y procesos de contratación administrativa distorsionan competencia y afectan crecimiento económico, según estudio de Academia de Centroamérica.

Al menos 30.000 nuevos supervisados, entre personas y empresas, está previsto que se anoten, entre enero y junio del 2019, por medio de un registro obligatorio en la página de la Superintendencia.

Entre julio del 2017 y setiembre del 2018 el porcentaje de préstamos con atrasos de pago mayores a 90 días, o en cobro judicial subió de 1,57% a 2,95% del total prestado según datos de Sugef. La situación plantea riesgos tanto a deudores como al sistema financiero.