El Banco Central de Costa Rica (BCCR) denunció penalmente a la superintendenta general de entidades financieras, Rocío Aguilar Montoya, por el supuesto delito de desobediencia a la autoridad. La jerarca fue la que informó de la acusación por medio de un comunicado de prensa enviado este jueves.
En el documento, remitido por la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), se indica que la denuncia fue interpuesta ante la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción por la gerenta del Banco Central, Hazel Valverde Richmond, el 21 de abril del 2023.
Aguilar fue notificada la semana anterior, según consta en el comunicado.
La acción por la que se presenta la denuncia se relaciona con la falta de entrega de información solicitada por la Junta Directiva del BCCR, para tener acceso a “datos integrales de todas las operaciones de crédito”, incluido el número de identificación de cada deudor, y que los intermediarios financieros le remiten al ente supervisor.
“La asesoría jurídica de la Sugef ha considerado que la solicitud es contraria a los artículos 132 y 133 de la Ley N°7558, que declaran la confidencialidad de la información, documentos y operaciones de las entidades supervisadas a que tiene acceso la superintendencia y que almacena en sus bases de datos y sistemas; y en los que se prohíbe al superintendente, intendente, funcionarios y miembros del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero( Conassif), suministrar información a terceros”, se indica en el comunicado.
Añade que la infracción de esa obligación especial de confidencialidad acarrea responsabilidad laboral, así como una pena de prisión de cuatro a seis años, y la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos, según el Código Penal.
La Superintendencia también destacó que la información solicitada se encuentra sujeta al régimen especial de protección, que se encuentra tutelado en el artículo 24 de la Constitución Política y la Ley de Protección de la Persona Frente al Tratamiento de sus Datos Personales.
‘‘Es información confidencial’
La Asociación Bancaria Costarricense (ABC) respaldó la posición de Sugef y el dictamen del Departamento Legal de la Sugef y la Procuraduría General de la República (PGR). Lo hizo sustentada en los artículos 24 de la Constitución Política, y 132 y 133 de la Ley Orgánica del Banco Central, comunicó la noche del jueves por medio de un comunicado de prensa.
“Estos artículos establecen de manera categórica que la información privada de los costarricenses respecto a sus operaciones bancarias y situación patrimonial es confidencial y no puede ser compartida sin consentimiento informado, orden judicial o norma especial” aseveró Mario Gómez Pacheco, asesor legal de la ABC.
ABC, que agrupa a 12 bancos del país, añadió que pese a reconocer que el Banco Central necesita información para generar estadísticas económicas, debe utilizar información agregada y anónima, respetando la privacidad e intimidad de las personas. “No hay una necesidad estadística que justifique la violación de la confidencialidad de la información”, declaró.
El economista Ronulfo Jiménez, asesor de la ABC, opinó, por medio de la red social X (antes Twitter), que, en ninguna circunstancia, el Banco Central debe acceder a la información confidencial de las operaciones crediticias o de depósito de las personas y de las empresas.
Banco alega ‘elaboración de estadísticas’
El Banco Central fundamentó su solicitud y la denuncia en el artículo 14 de la ley orgánica de la entidad, el cual establece la responsabilidad de la autoridad monetaria de suministrar la información que tenga en su poder sobre la situación económica del país y la política económica.
Así como en los artículos 65 y 68 de la Ley del Sistema Nacional de Estadística, pues la autoridad monetaria forma parte del Sistema Estadístico Nacional.
Según el documento del acuerdo JD-6093/10 tomado por la Junta Directiva del Banco Central, el 23 de noviembre del 2022, y del cual La Nación tiene una copia, la información que solicitó a la Sugef tiene como fin la “elaboración de las nuevas estadísticas de crédito”, por parte de la División Gestión de Información del BCCR.
Según esta institución la solicitud para incluir el número de identificación de cada deudor obedece al “proceso de unificar bases de datos que contienen información financiera”, ya que esa es “la variable que permite relacionarlas”, según consta en el documento del acuerdo.
La Nación solicitó una reacción al Banco Central luego de que la Sugef diera a conocer la denuncia interpuesta contra la jerarca Rocío Aguilar. El departamento de prensa de la autoridad monetaria respondió que, debido a que la acusación se encuentra en sede judicial, no se referirán al tema en este momento.
Procuraduría: actuación prematura
Debido a que la Sugef consideró que la petición de información de la Junta Directiva del Banco Central del 23 de noviembre corresponde a datos privados y confidenciales de los clientes, Aguilar decidió enviar una consulta a la Procuraduría General de la República (PGR), órgano que funge como asesor legal del Estado.
De acuerdo con el comunicado de la Sugef, Rocío Aguilar informó a la gerencia y a la presidencia del BCCR sobre la decisión de solicitar criterio de la PGR acerca del fondo de la petición. Esta consulta fue enviada el 23 de diciembre del 2022 y el pronunciamiento se recibió el 3 de julio.
“En este sentido, la actuación del BCCR podría considerarse prematura al presentar la denuncia sin esperar la respuesta de la PGR”, indica el comunicado enviado por la Superintendencia este jueves, dado que la acusación del Banco Central se presentó dos meses y medio antes de que la PGR se pronunciara sobre el caso.
El criterio de la PGR estableció: “Consecuentemente, como regla general, la Sugef debe entregar a las instituciones que forman parte del Sistema de Estadística Nacional, toda la información relacionada con operaciones crediticias, en la medida que tengan un fin estrictamente estadístico y que no se trate de información sensible, lo cual debe ser justificado tanto en la solicitud de las autoridades del Sistema Nacional de Estadística, como en el eventual rechazo de la información específica que pueda realizar Sugef”.
“El hecho de que se facilite el acceso a la información crediticia no violenta el secreto bancario, ni el derecho a la autodeterminación informativa, pues la ley (nº 9694) aprobada por mayoría calificada, previó una serie de garantías para mantener la confidencialidad de esa información”, añade la PGR.
Para la ABC, la solicitud del BCCR es ilegal. Asegura que así se lo han hecho saber al presidente del banco, Róger Madrigal López, y a la gerenta general, Hazel Valverde, en reuniones que han sostenido.
“(...) si el Banco Central requiere información para efectos estadísticos o de análisis técnico, las entidades pueden entregar información agregada que sirva para esos propósitos; resguardando así el secreto bancario, la confidencialidad de la información y la seguridad de las personas y respetando la Constitución Política y la Ley”, indicaron.
Banco indaga quién compra divisas
Mario Gómez agregó que el BCCR también está solicitando a los bancos la información de las personas físicas y jurídicas compradoras de divisas, incluidos nombres, montos y número de cédula.
Ante el requerimiento, la ABC ya realizó la observación al BCCR sobre que esta es información privada que no se puede entregar si no existe un consentimiento informado de cada uno de los clientes.
Explicó que los bancos tienen un impedimento legal para entregarla y podría remitirse de manera agregada si se requiere para efectos de estudios sin necesidad de revelar información específica, principalmente, en momentos donde hay vulnerabilidad de los sistemas.
Danilo Montero, director general de la Oficina del Consumidor Financiero, señaló que la solicitud de información hecha por el BCCR les “inquieta”. Consideró que la Sugef está respetando lo que establece la normativa legal para no divulgar la información y el BCCR tendría que justificar para qué la necesitará.
La Junta Directiva del Banco Central, que fue la que acordó pedir la información de “todas las operaciones de crédito”, la conforman el presidente ejecutivo, Róger Madrigal, la vicepresidenta, Silvia Charpantier Brenes, el ministro de Hacienda, Nogui Acosta Jaén, Marta Eugenia Soto Bolaños, Miguel Cantillo Simón, Max Alberto Soto Jiménez y Jorge Guardia Quirós.