En una economía pequeña como la nuestra, operan monopolios y oligopolios privados o públicos distorsionando las relaciones económicas que deben predominar en los mercados para que se dé el buen funcionamiento de los precios de los bienes y los servicios.
Los monopolios tienen una condición de privilegio, por su misma estructura, que les permite producir sin preocuparse de la productividad, la calidad, los precios, las preferencias de los clientes, los recursos humanos o la innovación que exige un mercado abierto y competitivo.
Un mercado donde existan varios productores siempre exigirá calidad, eficiencia y tecnología. Si no existe un mercado en competencia, con reglas claras y exigentes de productividad, difícilmente una institución pública será eficiente. En este caso, los grandes perdedores serán siempre los consumidores. He ahí la importancia de que los costos de los servicios o de los productos de los monopolios públicos sean estrictamente vigilados por una institución técnica superior como la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), entidad creada en 1996 para armonizar los intereses de los consumidores y de los prestadores de servicios de electricidad, agua, transporte público y puertos. Es su responsabilidad vigilar la calidad, los precios, la continuidad y la confiabilidad.
Este organismo técnico analiza cada institución y empresa para verificar su eficiencia, rentabilidad e inversiones, y, al final, fijar tarifas después de diferentes consultas y establecer modelos. No obstante, las presiones políticas y de los grupos de interés han afectado el balance objetivo y técnico de sus decisiones.
Muchas de las decisiones de la Aresep están ligadas a los costos operativos, las inversiones realizadas, la liquidez y la realidad política. En este escenario, la Aresep no ha protegido siempre los intereses de los consumidores.
Este es el escenario actual, donde cada día el sector empresarial pierde más competitividad y el país más inversiones y empleo.
Me referiré a dos instituciones monopólicas que hasta ahora han sido intocables: Recope y el ICE. En el caso de la segunda, incluso, ha operado con secretismo al negar acceso a sus estados financieros y rehúsa aplicar plenamente las llamadas Normas Internacionales de Información Financiera.
Recope. Con 50 años de existencia, es la empresa más grande de Centroamérica. Recope tiene un muelle petrolero, un poliducto y tanques de almacenamiento en La lima, Limón, La Garita y Barranca. El poliducto atraviesa el país de este a oeste, lo cual le asegura costos de trasiego económicos y seguros.
En Moín, construyó y operó por muchos años una planta de refinación que fue cerrada hace más de seis años y todavía conserva parte de los 350 empleados que tenía.
En el campo de la investigación, la empresa ha trabajado con universidades estatales para desarrollar alternativas de gas natural, biocombustibles, hidrógeno y otras alternativas. Los resultados han sido raquíticos y la alianza con Franklin Chang terminó cancelándose por falta de voluntad política y “problemas legales”.
El proyecto soñado de la nueva refinería china ha sido una aventura muy costosa, pues, en solo seis años, ha gastado $30 millones y nadie se atreve a cerrarle la llave, a pesar de que no es viable financieramente.
La estructura de costos de la gasolina plus es un 44 % costo del producto, un 39 % impuestos, un 9 % fletes y margen de gasolineras, un 1 % de subsidios y un 7 % de margen para Recope. Del margen de intermediación de Recope, el 3,3 % es para gastos de operación, un 1,4 % es para servicios de importación y el 2,2 % es para inversiones, que normalmente se estrecha. Para el diésel, el impuesto es menor y el margen para Recope aumenta al 8 %.
Recope es una empresa estatal estratégica para nuestro desarrollo, lo preocupante es la sostenibilidad por el creciente costo operativo afectado por las altas remuneraciones. En el presupuesto modificado de Recope en el 2017, se gastaron ¢50.329 millones en remuneraciones, es decir, ¢137,9 millones diarios para mantener operando la institución. Lo preocupante es que las remuneraciones básicas son ¢10.329 millones y el resto son remuneraciones “eventuales”, incentivos salariales y contribuciones patronales.
Los incentivos son anualidades, salarios escolares, extras, peligrosidad, capacitación, desarraigo, vivienda, servicios médicos, trabajo en altura, méritos, calificación y otros. Esto significa que en pluses se invierte más del 300 % de la base. El total de empleados es de 1.742, lo que nos da un costo promedio por empleado de ¢2,39 millones al mes con cargas sociales incluidas. Suma importante para una empresa de importación, almacenamiento y trasiego.
¿Podremos mantener esos salarios? ¿Se podrán congelar las nuevas plazas? ¿Es posible que los aumentos salariales sean iguales a los del sector privado? ¿Qué pasará si los acelerados cambios tecnológicos y el mejoramiento del transporte público reducen la demanda de derivados del petróleo? ¿Cuál es la visión del futuro con la invención de baterías de litio para almacenar energía? ¿Qué espera Recope para cerrar Soresco? ¿Cuál es la visión para explorar gas natural, más barato y amigable con el ambiente? ¿Estamos dispuestos a implementar un salario único?
ICE. Otro gran actor en nuestra matriz energética es el ICE, que ha venido incrementando los costos de energía eléctrica en los últimos 10 años, todo lo contrario a lo sucedido en el mundo.
Costa Rica tiene un precio promedio que es un 25 % más alto que en toda la región centroamericana y un 80 % con respecto a Estados Unidos y Europa. Estos costos afectan seriamente la competitividad del país. Situación que se agrava cada día más por los altos gastos operativos, inversiones costosas, esquemas de arrendamientos a corto plazo y la falta de transparencia financiera del ICE.
No cabe duda de que las nuevas tecnologías en energía solar, gas natural e invenciones en almacenamiento de energía van a revolucionar nuestra matriz energética. Esto obligará al nuevo gobierno a eliminar todos los impuestos a los componentes de la energía solar y eólica, entre otras.
No podemos seguir perdiendo competitividad, inversión y empleo por los altos costos del ICE. Faltan nuevos actores privados que vengan a competir en el mercado interno y centroamericano con energías limpias más baratas.
No podemos hacer un ICE constructor que compita con el sector privado. El ICE debe redimensionar su planilla, al igual que incorporar el salario único. Hay que hacer una reingeniería del ICE para hacerlo más flexible y menos costoso, con fechas y metas claras. Si se ordena el mercado energético con la incorporación de una nueva institución reguladora, lo ideal es que los más eficientes y de mejor calidad sean escogidos en forma transparente. Toda apertura debe hacerse gradualmente para no desbalancear las altas inversiones del ICE y la alta capacidad instalada.
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Estamos claros de que para mejorar nuestra competitividad necesitamos la participación de nuevos actores en el mercado. El mejor ejemplo fue la apertura ordenada de la banca, las telecomunicaciones y los seguros. Con el ICE hay que hacer lo mismo y obligarlo a mostrar el verdadero estado de sus finanzas, porque es una institución que le pertenece a los contribuyentes, no a sus empleados.
El que haya competencia y transparencia nos va a asegurar más calidad, eficiencia y costos más competitivos. Reestructuremos el sector energético antes de que sea tarde. Hagamos un pacto social con los sindicatos.
Solo si nos sacrificamos todos, saldremos adelante. Recope y el ICE son dos instituciones claves. No pospongamos más las decisiones por el bien de Costa Rica.
El autor es ingeniero.