“No es el momento para que el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) construya”, dijo Fabricio Alvarado, candidato del Partido Restauración Nacional (PRN), cuando se le preguntó sobre la intervención de la empresa estatal en el desarrollo de obra pública. La respuesta es significativa porque en su papel de diputado, el aspirante presidencial presentó un proyecto de ley para permitir la contratación de carreteras, puentes y edificios con la institución.
Cuando el ICE expuso planes para incursionar en obras ajenas a su misión, la Procuraduría General de la República y, más tarde, la Contraloría, señalaron la imposibilidad de hacerlo sin modificar la ley. La ley encarga a la empresa estatal el desarrollo eléctrico y de las telecomunicaciones, no la construcción de otras obras.
El gobierno del Partido Acción Ciudadana (PAC) no ha dejado de insistir en asignar todo tipo de tareas al ICE y el proyecto de Alvarado habría facilitado esos planes. El candidato reconsideró, en buena hora. No es el momento de asignar al ICE ese tipo de obras. La coyuntura propicia tampoco se ve en el horizonte.
Al ICE le sobra personal y quiere tratar de aprovecharlo. La prueba está en las declaraciones de Randall Retana, asesor de la Presidencia Ejecutiva, cuando explicó el ofrecimiento de los servicios de la entidad para construir megaproyectos de generación fuera del país. “Encontramos que nuestra área de Ingeniería y Construcción tiene una enorme capacidad, que podríamos exportar y aprovechar mucho más”, afirmó el funcionario.
Ese hallazgo, no solo en el área de Ingeniería y Construcción, sino también otros departamentos, lo habían hecho años atrás los críticos de la abultada planilla de la entidad. Ese es, precisamente, uno de los grandes problemas del ICE y la solución no es encontrarle a la capacidad excesiva alguna cosa que hacer.
El ICE no es ni debe ser una compañía constructora, con grave peligro para su misión fundamental. Ese papel implica, además, nuevos riesgos y más oportunidades de extender la falta de transparencia financiera a otras áreas del quehacer estatal. En la actualidad, el manejo de la información financiera impide saber, siquiera, si es mejor asignarle la construcción de sus propias plantas. Más difícil todavía será valorar la eficiencia aplicada a grandes obras de infraestructura, ajenas a la misión del gigante estatal.
El ICE solo divulga las auditorías de sus estados financieros consolidados, con lo cual es imposible determinar los costos internos de sus distintas unidades y cómo se asignan cargas e ingresos entre ellas. La tendencia al secretismo abarca otras unidades de negocios, como Radiográfica Costarricense.
Por lo general, cuando el país se entera de importantes pérdidas en la institución, sus proyectos y subsidiarias, es demasiado tarde y la cuenta se les pasa a los usuarios mediante las tarifas. El riesgo de semejantes subsidios para enfrentar malas decisiones en la construcción de obras públicas siempre estará latente cuando el ICE sea el encargado.
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Precisamente, Fabricio Alvarado atribuyó su cambio de criterio a la falta de transparencia. El candidato dio a entender que si la institución rectifica su política de secretismo, existe la posibilidad de retomar el proyecto. Hay buenas razones para dudarlo. Si la empresa estatal adopta la transparencia, los motivos para exigirle centrar su atención en la misión esencial quedarán a la vista.
Por otra parte, no hay razón para aceptar pacíficamente la escasa claridad imperante ni procede ofrecer la posibilidad de incursionar en la construcción de obra pública como incentivo para la transparencia. El ICE debe rendir cuentas, con salvaguardas estrictamente definidas para la información sensible en un mercado competitivo. No más.
