El Gobierno decidió no convocar para su discusión en la Asamblea Legislativa un proyecto de ley que obligaba al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) a aplicar normas contables que aclararían el estado real de sus finanzas.
Aquella es la condición incluida en el expediente legislativo 19.998 cuyo propósito primordial es la aprobación de un crédito por $500 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para obras del Instituto.
Dicha iniciativa ya fue aprobada en primer debate y listo para el segundo y definitivo. Sin embargo no fue convocado para las sesiones extraordinarias que van del 1.° de diciembre al 30 de abril, cuando es el Poder Ejecutivo el que determina o convoca los proyectos de ley que deben ser discutidos.
El viceministro de la Presidencia, Luis Paulino Mora, confirmó que el plan de ley fue excluido y se limitó a explicar que fue por pedido del Instituto.
Se consultó al ICE las razones para postergar la aprobación de ese crédito, pero no recibió respuesta al cierre de la edición.
Desde 2016, la Contraloría General de la República solicitó al ICE la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), que permitieran a ese ente conocer la verdadera salud financiera de la entidad.
También el Intendente de Energía de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), Mario Mora, señaló que si el Instituto aplicara plenamente las NIIF tendría un esquema financiero diferente que podría derivar en tarifas más bajas.
Normas NIIF
En setiembre, la discusión del proyecto de ley enfrentó a varios diputados.
La polémica surgió luego de que se aprobara la inclusión en el texto de un transitorio que obligaba al ICE aplicar plenamente las llamadas Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF),
Esa aplicación debía darse al año siguiente de aprobado el crédito, el cual financiaría obras de generación con fuentes renovables.
Las NIIF, también llamadas Normas Internacionales de Contabilidad, son estándares técnicos contables. En la práctica, sirven de marco regulador para elaborar estados financieros y presentar la información económica de cualquier entidad porque previenen o reducen discrepancias de criterio que pudieran conducir a diferencias sustanciales en los datos vertidos en los estados financieros.
La moción para incluir el transitorio la presentó el 4 de setiembre pasado el diputado cartaginés Mario Redondo, del Partido Alianza Demócrata Cristiana (ADC).
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El proyecto con esa condición se aprobó en primer debate el 2 de octubre anterior.
Quince días después, 20 congresistas remitieron a la Sala Constitucional una consulta facultativa para determinar si el transitorio era o no inconstitucional por la eventual violación del principio democrático y supuesto abuso del derecho de enmienda de los legisladores.
El 12 de diciembre, recién iniciado el actual período de sesiones extraordinarias, la Sala Constitucional resolvió la consulta de los congresistas en su voto 2017019636 donde aclaró que no existían "concretos motivos de inconstitucionalidad".
Varios diputados señalaron que la eventual obligación a aplicar las NIIF explica por qué el proyecto perdió interés al punto de sumar ya tres meses guardado aunque está listo para segundo debate.
Francisco Camacho, jefe de fracción del Frente Amplio, aseguró que el Ejecutivo prefirió excluirlo al considerar que era un tema polémico el cual podría haber interferido en la discusión de la recién aprobada vía rápida para la reforma fiscal.
También William Alvarado Bogantes, jefe de fracción de la Unidad Social Cristiana (PUSC), cree que el Gobierno perdió interés por el plan, cuando se cuestionó el tema de las finanzas del ICE.
"Querían que se aprobara tal y como estaba, pero al plantearse la necesidad de conocer la información financiera, el Ejecutivo consideró que no era conveniente revelar esa información al punto de preferir desistir del préstamo", dijo.
En el mismo sentido se pronunció el liberacionista Julio Rojas.
El diputado Mario Redondo opinó que el Gobierno prefirió inclinarse por lo que llamó "falta de transparencia" en vez de usar ese dinero en proyectos de generación limpia.
Efecto de normas transparentes
En julio del año pasado, Mario Mora, intendente de Energía de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) explicó en la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Públicos que si el ICE aplicara al 100% las normas NIIF se reflejaría en tarifas de electricidad más cómodas para los abonados.
La razón es que lo obligaría a una modificación en el esquema financiero de los fideicomisos que hoy tiene el Instituto.
El ICE tiene bajo esquema de arrendamiento operativo el Proyecto Térmico Garabito (Puntarenas), el Proyecto Geotérmico Las Pailas (Guanacaste) y las plantas hidroeléctricas Toro III y Cariblanco en San Carlos y Sarapiquí (Alajuela) respectivamente, según sus estados financieros.
Bajo esta modalidad, todos los gastos operativos de esos proyectos se trasladan a la tarifa de electricidad pagada por los consumidores.
Sin embargo, una vez calificados de arrendamientos financieros bajo las normas NIIF, solo se podría trasladar a la tarifa los intereses incurridos correspondientes a la tasa de interés del fideicomiso pero no así, por ejemplo, la amortización de los proyectos de generación.
Dicha situación obligaría a la Aresep a rebajar las tarifas.
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La contralora Marta Acosta también denunció en la misma comparecencia en julio ante dicha Comisión que el ICE se muestra “agresivo” hacia la Contraloría General de la República (CGR) y reacio a control alguno cuando esa entidad ha procurado examinar su salud financiera.
La propia Acosta recomendó desde abril del 2016 la aplicación total de las NIIF en el ICE porque la información financiera que remite la empresa pública a la CGR impide al ente contralor realizar un análisis del estado de sus finanzas.
La deuda total del Grupo ICE, de largo y corto plazo, ascendía a ¢2,2 billones al 30 de junio del 2015 con lo cual ya se acercaba al máximo de endeudamiento permitido por ley.
El nivel de deuda de la empresa pública ascendió entonces a 39% del total de sus activos, según había confirmado el ICE a solicitud de la La Nación. Al año 2011, era 32%.
La legislación de fortalecimiento de la entidad autónoma –Ley N.° 8.660– dicta que el límite de deuda para la compañía y sus subsidiarias es 45% de sus activos.
A setiembre del 2017, la deuda total del Grupo ICE había crecido a ¢3,3 billones según sus estados financieros. De ese endeudamiento, 55% era por obligaciones en dólares.