San José.
La polémica por el manejo de datos sobre las finanzas del ICE amenaza la aprobación en el Congreso de un proyecto de préstamo por $500 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para esa empresa pública.
Su discusión se encendió con una moción que pretendía obligar al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) a aplicar plenamente las llamadas Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), en el año siguiente a la aprobación del crédito, el cual financiaría obras de generación con fuentes renovables.
Las NIIF, también conocidas como Normas Internacionales de Contabilidad, son estándares técnicos contables que se utilizan en todo el planeta. En la práctica, sirven de marco regulador para elaborar estados financieros y presentar la información de cualquier entidad económica, pues evitan o reducen discrepancias de criterio que pudieran conducir a diferencias sustanciales en los datos que muestran los estados financieros.
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La moción polémica la presentó el 4 de setiembre el diputado cartaginés Mario Redondo, de la Alianza Demócrata Cristiana (ADC). Esta enmienda fue aprobada y se incorporó como un transitorio al proyecto.
Sin embargo, el 11 de setiembre pasado, los diputados Marco Vinicio Redondo, Javier Cambronero y Franklin Corella Vargas, del Partido Acción Ciudadana (PAC), introdujeron en el orden del día otra moción para modificar la de Redondo.
En el nuevo texto, se propone una aplicación parcial de dichas normas; posponiendo para los años 2019 y 2022 la implementación completa de las reglas contables.
Marco Vinicio Redondo, del PAC, asegura que es materialmente imposible para el ICE cumplir todo en un año. Así lo hizo tras una reunión,el 5 de setiembre, en su despacho, con Jesús Orozco, gerente de Finanzas del ICE y otros empleados de esa entidad.
Según el legislador, el Instituto cerrará este año con entre 80% y 90% de todas las normas NIIF implementadas pero, aún así, descarta cumplir en un año con el resto.
Efecto en tarifas
Mario Mora, intendente de Energía de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) había explicado en la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público que si el ICE aplicara todas las normas NIIF esto derivaría en tarifas de electricidad más cómodas para los abonados.
Esto sería sería así porque se modificaría el esquema financiero de los fideicomisos que hoy tiene el Instituto.
El ICE tiene bajo esquema de arrendamiento operativo el Proyecto Térmico Garabito (Puntarenas), el Proyecto Geotérmico Las Pailas (Guanacaste) y las plantas hidroeléctricas Toro III y Cariblanco en San Carlos y Sarapiquí (Alajuela), según sus estados financieros.
Bajo esta modalidad, todos los gastos operativos de esos proyectos se pueden trasladar a la tarifa de electricidad pagada por los consumidores.
Sin embargo, una vez calificados de arrendamientos financieros bajo las normas NIIF, solo se podría trasladar a la tarifa la tasa de interés del fideicomiso pero no así, por ejemplo, la amortización de los proyectos de generación.
Dicha situación obligaría a la Aresep a rebajar las tarifas.
En su comparecencia en julio pasado, Mora señaló que la Aresep le ha descubierto al ICE "serios problemas de gestión en los proyectos de generación en todas las etapas: pre-factibilidad, factibilidad y ejecución".
Mora reiteró que esto es importante porque la Aresep también halló que la mayor parte de esos proyectos tienen plazos de financiamiento que no son consistentes con la vida útil de las plantas; ni con el ciclo de los proyectos.
"Básicamente, proyectos de vida útil de 40 años, financiados a 12 o 13 años, que generan una escasez financiera y un proceso de recuperación vía tarifas pues muchísimo más acelerado", expresó el intendente.
No obstante, Marco Vinicio Redondo del PAC aseguró que los funcionarios del ICE le informaron que tal reclasificación de arrendamientos presionaría mucho las finanzas de la entidad al punto de crearle un desfase financiero por hasta $350 millones.
"No podemos obligar al ICE a algo que no conviene. Materialmente no es posible. El proceso de conversión de las operaciones de arrendamientos operativos a financieros, podría afectar las finanzas del Instituto", apuntó Marco Vinicio Redondo.
La Nación remitió este lunes varias consultas a Jesús Orozco del ICE sobre este tema y su reunión en el despacho del diputado Marco Vinicio Redondo, sin embargo, no se obtuvo respuesta.
Clamor de transparencia
Diputados de otras fracciones apoyan que el ICE implemente cuanto antes esa normativa internacional para conocer el estado real de sus finanzas.
"El ICE debe aplicar las normas NIIF y este es el momento adecuado para que le demuestren a los que creemos en el ICE que quieren imprimir transparencia a sus finanzas. La moción que pretende que se cambie esto por la aplicación escalonada de normas no tiene sentido si queremos esa transparencia" señaló Gonzalo Ramírez, diputado del partido Partido Renovación Costarricense y presidente de la Asamblea Legislativa.
Mario Redondo Poveda, de la Alianza Demócrata Cristiana, insistió en que el país no debería avalar operaciones crediticias al ICE si no hay claridad de cuál es la situación económica y financiera.
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"Esto preocupa. Quisiéramos un ICE en excelentes condiciones financieras, que fuera ejemplo de rendición de cuentas y transparencia pero lamentablemente notamos un ICE casi secuestrado al punto que ya no parece ser del pueblo costarricense y se da el lujo incluso de ocultar información financiera", enfatizó Redondo.
Para el legislador, la situación financiera del ICE podría ser más delicada de lo que se conoce y, con las normas NIIF, esto quedaría en evidencia.
A noviembre del 2015, el ICE estaba al borde de superar el máximo de endeudamiento permitido por ley. El nivel de deuda de la empresa pública ascendió al 39% del total de sus activos en junio del 2015 (en el 2011 era 32%) según confirmó el Instituto a solicitud de La Nación.
La legislación de fortalecimiento de la entidad autónoma –Ley N.° 8.660– dicta que el límite de deuda para la compañía y sus subsidiarias es del 45% de sus activos. La deuda total del Grupo ICE, de largo y corto plazo, ya iba por ¢2,2 billones al 30 de junio del 2015. Casi el 70% de ese monto está en dólares confirman estados financieros de la empresa pública.
Jorge Arguedas, diputado del Frente Amplio y sindicalista del ICE, recalcó que un efecto de registrar los arrendamientos de operativos a financieros es que ello reflejaría el nivel de endeudamiento real del Grupo ICE.
De esta forma, aseguró Arguedas, se sabría si la entidad aún está bajo el tope legal que fija el artículo 14 de la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del sector Telecomunicaciones (8660) o si este se superó "con todas las implicaciones que tendría esto en la relación con sus acreedores".
"Estoy de acuerdo con que al ICE se le otorgue este préstamo, pero que de una vez por todas adopte las normas NIIF y se sujete a los controles debido sin impactar las tarifas, tal y como lo reconoció el intendente de energía Mario Mora ante la Comisión de Control de Gasto Público", afirmó.
Estado garante
El proyecto respaldaría el convenio suscrito con el BID el 5 de febrero del 2016 con el Gobierno de Costa Rica como fiador.
Precisamente, por el hecho de ser el Estado el garante, muchos diputados habían retirado el apoyo el 3 de agosto pasado, dos días después de que el presidente Luis Guillermo Solís anunciara una crisis de liquidez.
No obstante, el proyecto para el préstamo, que se tramita bajo el número 19.998, volvió a la corriente legislativa el 4 de setiembre anterior, cuando se presentó la moción que lo mantiene en suspensión.