Los retos demográficos, producto del acelerado envejecimiento poblacional y la reducción de la natalidad, en un contexto de informalidad, transformación de los mercados laborales y disrupciones tecnológicas, están agudizando las tensiones de los sistemas de pensiones en el mundo y en particular están afectando nuestro principal régimen básico: el de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).
El IVM evidenciaba, desde años atrás, la necesidad de ajustes, pero la pandemia y una aguda caída en la tasa de natalidad, que se adelantó doce años a las proyecciones, hacen insoslayable su reforma. Pero no solo las que están planteadas, consultadas y a la espera de que la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) las incluya en su agenda y las apruebe sin más dilación, sino también la imperiosa necesidad de diseñar un plan a largo plazo, con etapas claras que permitan atender la sostenibilidad, suficiencia y cobertura. En otras palabras, que provea una vejez digna, con equidad y responsabilidad intergeneracional.
Este plan que podemos denominar por lo pronto Plan Nacional de Pensiones no solo debe responder a la presión que sobre los fondos de pensiones ha generado la pandemia, sino que depende de repensar nuestro sistema nacional de pensiones como un todo.
Una propuesta para que se pueda lograr una cobertura que efectivamente proteja contra la pobreza en la vejez, dinamice los mercados laborales, facilite los incentivos fiscales para la previsión social, refuerce la sostenibilidad financiera y la gobernanza de los fondos de pensiones a la vez que reduzca los pasivos fiscales contingentes, producto de los compromisos subsidiarios del Estado.
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Actuar de inmediato. Es evidente que el primer paso es aprobar las reformas propuestas por la Gerencia de Pensiones a la Junta Directiva de la CCSS. No hacerlo hará más profundas y dolorosas las reformas necesarias para darle sostenibilidad al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte.
Por ello, es imprescindible que se actúe de inmediato para asegurar que durante los próximos 20 años tengamos la estabilidad necesaria para analizar, elaborar e implementar las reformas enmarcadas en una visión clara y compartida, con apoyo técnico y político, que llevarán a ese régimen a ser la respuesta para las siguientes generaciones.
Estudios preliminares de la Superintendencia de Pensiones (Supén) cuantificaron la viabilidad financiera de concretar lo anterior mediante una serie de transformaciones complementarias a largo plazo: la eliminación de pensiones mínimas dentro del IVM para en su lugar dar cabida paulatinamente a una pensión básica universal, la capitalización del ahorro asociado a la extinción de pensiones con cargo al presupuesto, la aprobación de reformas complementarias en el pilar voluntario, de forma que, por lo menos, mantenga la tasa de reemplazo mediante mecanismos que faciliten el ahorro a través del consumo y otras aplicaciones tecnológicas.
Todo lo anterior dentro de un amplio y necesario diálogo nacional que debe abordar reformas de este calado, pero que no puede ser interminable.
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Justicia intergeneracional. Como un mecanismo para alcanzar la universalización de las pensiones, es necesario implementar una pensión básica universal (PBU) de manera que permita asegurar, a todos los costarricenses, un ingreso mínimo vital a fin de erradicar la pobreza en la vejez. Tal vez, la forma más justa de cumplir con la justicia intergeneracional.
El costo de otorgar esta pensión se financiará estrictamente con los recursos fiscales producto de la reducción paulatina de las pensiones con cargo al presupuesto, más los rendimientos adicionales que se puedan destinar a ese fin. Por ejemplo, si se le suma un 0,2 % del PIB al monto ahorrado por la extinción de las pensiones con cargo al presupuesto, la PBU se podría empezar a otorgar a partir del 2045.
Otra alternativa sería ir incrementando primero la cobertura del Régimen No Contributivo de Pensiones, actualmente del 15,4 % de la población mayor de 65 años y subsidiariamente ir avanzando en la PBU hasta lograr a largo plazo la cobertura del 100 % de la población en pobreza extrema, una vez la PBU madure.
De esta forma, los planes de fortalecimiento que analiza la Junta Directiva de la CCSS son el primer paso de una serie de reformas, como la puesta en marcha de una PBU, que faciliten forjar los cimientos en busca de la sostenibilidad, progresividad y suficiencia de nuestro sistema nacional de pensiones.
Lo anterior señala un norte claro, conciso y realizable, que depende de la voluntad de quienes tienen a cargo la ejecución de estas acciones, para así pasar de la utopía a la realidad.
La autora es superintendenta general de pensiones.
