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Escocia tras el remolino del ‘brexit’

La ley que la enlaza con el Reino Unido da exclusiva competencia al Parlamento británico para disolver el vínculo

Se sabía. Era predecible que el brexit trajera vientos de fractura en el Reino Unido. En Gales e Irlanda del Norte son ráfagas que todavía no alcanzan el ímpetu separatista que tienen en Escocia, pero el discurso disruptivo ya es parte usual de la conversación política cotidiana.

La semilla de la discordia está sembrada. El remolino del brexit está apenas fresco cuando el trauma amenaza repetirse, esta vez, dentro de la integridad política británica interna.

Las elecciones parlamentarias en Escocia dieron una victoria contundente al Partido Nacional Escocés y, en coalición con el Partido Verde, también rupturista, le podría dar holgado margen para aprobar una ley de referendo por la independencia.

Sería el segundo intento, después del fallido conato del 2014, cuando el electorado escocés se decantó, un 55 % a un 45%, por quedarse.

La pertenencia del Reino Unido a la Unión Europea (UE) movió la balanza. Para no quedar fuera de la UE continuaron dentro del Reino.

La eurofilia fue más fuerte en ellos que su sentimiento antibritánico. El brexit del 2016 juega en sentido contrario.

Escocia votó un 62 % contra un 38 % por seguir en la UE. El brexit la obligó a separarse y reforzó fuerzas separatistas. Romper con el Reino Unido parecería un camino de regreso a Europa.

Pero no será sencillo. La ley que enlaza Escocia con el Reino Unido da exclusiva competencia al Parlamento británico para disolver el vínculo.

El referendo del 2014, con la venia expresa de Westminster, fue solo consultivo. Boris Johnson tuvo también una victoria con la consigna de mantener a Escocia dentro del redil. Y romper tiene su precio.

El 60 % de la producción de Escocia va al mercado británico. La ruptura le costaría un 8 % del PIB. Tiene un déficit fiscal del 8,6 % y la UE exige bajarlo al 3 %. Su gasto social depende de transferencias británicas, así como su infraestructura.

Al romper tendría que asumir su parte de la deuda pública común, que es el 98 % del PIB. Y deshacer los hilos del tejido administrativo que los une llevaría más de 10 años, o sea, sin perspectivas de bonanza a la vista.

Pero obstáculos prácticos cuentan poco frente a pasiones nacionalistas ciegas. Impedir la libre expresión del consenso agravaría la sensación de opresión escocesa.

En tanto, el brexit dejó heridas abiertas que son difíciles de sanar.

vgovaere@gmail.com

La autora es catedrática de la UNED.