EscucharConvocar un referéndum para abandonar la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos —si fuera posible— sería invitar a la sociedad costarricense a sumergirse en una gravísima crispación social ahora que las dificultades fiscales vaticinan, por sí mismas, un alto grado de conflictividad.
La propuesta, radical y binaria, excluiría todo matiz y exigiría a los votantes decidir sobre mucho más que el matrimonio igualitario. Si quien convoca a la consulta es el gobernante, se arriesgaría a perder de varias formas. La primera es no conseguir suficiente asistencia a las urnas para lograr un resultado vinculante. La segunda es obtener menos votos que el contrario y, la tercera, ganar por estrecho margen.
Un mandato débil, inclinado por el “Sí”, lejos de resolver la cuestión, garantizaría una ruta de turbulencia para la administración. Crearía un punto de reunión para la resistencia y subvertiría la discusión del resto de la agenda nacional, tanto como la opinión consultiva sobre el matrimonio igualitario secuestró y polarizó el debate político electoral.
Un mandato fuerte, surgido de una votación suficiente para arrojar resultados vinculantes, es difícil de imaginar. Según las encuestas, una holgada mayoría de costarricenses rechaza el matrimonio igualitario, pero el referendo preguntaría si la aversión es tanta como para retirar al país de la Corte Interamericana.
La decisión es imposible sin considerar el daño a la imagen e intereses de Costa Rica, un país respetuoso y dependiente del derecho internacional. La afectación de las credenciales democráticas sería inevitable, pero el debate no podría pasar por alto las consecuencias económicas. Llamar a los extranjeros a invertir en una nación capaz de dar la espalda a compromisos tan valorados por la comunidad internacional no es cosa fácil, sobre todo si hay otros motivos de reserva, como el desempeño fiscal.
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La decisión centraría los ojos del mundo en Costa Rica y es imposible descartar represalias económicas de organizaciones de la sociedad civil y hasta gobiernos y organismos internacionales. Indiana, en Estados Unidos, es un caso de estudio. Una ley de libertad religiosa abría la puerta para la discriminación por razones de orientación sexual en los comercios. Grandes corporaciones, desde Apple hasta Nascar, advirtieron sobre la posibilidad de disminuir sus inversiones en el estado. En poco tiempo, el gobernador y ahora vicepresidente, Mike Pence, se vio obligado a ceder.
agonzalez@nacion.com
Armando González es editor general del Grupo Nación y director de La Nación.
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