La decisión obvia cuando se adopta, valga la redundancia, una decisión equivocada, es revertirla, más si se sustentó en datos equivocados. Es lo que manda la responsabilidad si, honestamente, quieren evitarse más daños o pérdidas.
Una vez hecho público que con base en cálculos erróneos la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) desistió de un contrato con una empresa que daba el servicio de call center a asegurados, lo sensato es dar marcha atrás.
No hacerlo implica cargar a todos los cotizantes, injustamente, el costo del grave yerro que cometieron funcionarios del Área de Estadística en Salud al subestimar, por mucho, el gasto de encargar el call center a empleados de la CCSS.
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Es imposible entender por qué profesionales que tuvieron casi un año para preparar el estudio de factibilidad calcularon en $83 el salario de los 524 futuros operadores de llamadas, números tan alegres que indujeron al gerente médico, Mario Ruiz, a prescindir del contrato con la firma privada.
Y, lo penoso, es que fuera un periodista de La Nación, Diego Bosque, quien les aclarara que sus cifras están equivocadas, pues aunque alegaban que el perfil del asistente de redes es el «más bajo», y por eso los $83 (¢51.500), el salario real es ¢466.650 ($750).
Con los sueldos de los 524 funcionarios, en el segundo año, los cotizantes vamos a financiar un pomposo call center, pues nos costará $4,6 millones, un 861 % más que el cálculo de los estadísticos, y $3,7 millones más caro que lo cobrado por el contratista.
La ligereza y las omisiones del estudio de factibilidad es causal obvia para anular la decisión. El derroche de dinero de los asegurados debe tener fin y, en este caso, sería absurdo justificar un «error en la fórmula» y continuar como si nada.
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Los asegurados estamos hastiados de ser testigos de la ineficiencia de gasto en la CCSS, de las investigaciones contra sospechosos de corrupción, de errores u omisiones y del «nada pasa».
El error del 2020, que lleva a gastar ¢4.000 millones más anuales al quitarle a la Unibe el manejo de los Ebáis y ponerlos en manos de funcionarios, fue mucho. No pasó nada. Por eso, ni un mal cálculo más. Dar marcha atrás dicta la ética.
amayorga@nacion.com