Por unanimidad, los diputados de la Comisión para el Control de Ingreso y Gasto Públicos acordaron investigar por qué la CCSS asumió 37 Ebáis, cuya operación antes le contrataba a la Universidad de Iberoamérica (Unibe), pese a que el cambio aumentó el gasto en alrededor de un 30%.

Se trata de los centros de salud de los cantones de Montes de Oca, Curridabat y La Unión.

Cuando estos Ebáis eran contratados a Unibe, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) pagaba ¢4.800 millones anuales. Ahora, la institución desembolsa ¢6.600 millones.

Solo en salarios para 419 funcionarios, el gasto es de ¢1.800 millones más por año, según el acta de la sesión 9.068 de la Junta Directiva de la CCSS.

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Desde diciembre del 2017, la Auditoría Interna de la CCSS advirtió de que institucionalizar estos Ebáis costaría ¢4.227 millones adicionales solo el primer año, en comparación con mantener la contratación de los servicios a la Unibe.

La moción aprobada este jueves por los diputados la propuso Pedro Muñoz, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).

“El objetivo es que la CCSS explique cuál es la lógica de deshacer lo que está funcionando bien, porque no tiene ningún sentido aumentar el gasto", afirmó el socialcristiano.

La liberacionista Yorleny León, presidenta de la Comisión para el Control de Ingreso y Gasto Públicos, calificó la iniciativa de Muñoz de “muy importante” y explicó por qué la votó a favor.

“Últimamente, hemos visto cómo la Caja ha venido retomando la administración de Ebáis que han estado a cargo de cooperativas o de otras entidades cuyos costos para los costarricenses son menores a los que tiene establecidos la misma Caja”.

“Sin embargo, parece que cada vez que se llega a esos procesos de renegociación de los nuevos contratos, estos comienzan a tambalear, aun cuando hay mucha evidencia de que los costos, en su manejo y administración, son menores”, expresó la verdiblanca.

Los legisladores de ese foro legislativo acordaron convocar a audiencias a Román Macaya, presidente ejecutivo de la Caja; Luis Diego Calderón, gerente financiero de esa misma entidad; a un representante de la Unibe cuyo nombre no fue especificado; a Óscar Avellán, gerente general de Coopesiba; y a Luis Beirute, gerente general de Coopesana.

Estas son dos de las siete cooperativas que administran Ebáis mediante la contratación de servicios por parte de la CCSS.

La fecha de las audiencias aun no ha sido fijada por los congresistas.

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Desde el 2013, la Unibe le vendió servicios de atención primaria en salud a la CCSS en los 37 Ebáis de Montes de Oca, Curridabat y La Unión.

Sin embargo, el 17 de febrero del 2020, finalizó el contrato que esta universidad privada tenía con la Caja, institución que asumió la atención de los 200.000 vecinos de esas comunidades.

Durante casi dos décadas, los habitantes de esos cantones habían sido atendidos por terceros contratados por la CCSS.

El primer contrato se firmó con la Universidad de Costa Rica (UCR), que, en el 2012, tomó la decisión de no renovar el compromiso que tenía con la CCS, al considerar que dar esos servicios la hacía incurrir en mayores gastos que los recursos que recibía de la Caja.

Posteriormente, la CCSS contrató a Unibe, que brindó servicios durante los últimos siete años; el último de ellos, con una prórroga autorizada por la Contraloría General de la República (CGR) para dar tiempo a la Caja de planificar la transición de los servicios.

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Otras dos mociones más

La Comisión para el Control de Ingreso y Gasto Públicos también aprobó un dictamen de mayoría que eximió de responsabilidad al presidente ejecutivo de la Caja, Román Macaya, en la investigación sobre el acuerdo que con sindicatos del sector salud el 20 de febrero de 2019.

Dicho acuerdo permitía pagar pluses salariales como porcentajes del salario, de manera distinta a las disposiciones introducidas en la reforma fiscal del 2018, la cual ordenó convertir los pluses porcentuales en nominales.

Posteriormente, en setiembre del 2019, la Contraloría General ordenó aplicar las medidas de ahorro y la CCSS acató.

Otto Roberto Vargas, diputado del Partido Republicano Social Cristiano, dijo que se firmó un informe de mayoría para archivar el tema debido a que no se encontró fundamento legal para abrir un procedimiento contra Macaya.

Por otra parte, se aprobó investigar la condena del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda contra el Estado costarricense, para que indemnice, por daños y perjuicios, a un grupo de empresarios afectados por la prohibición de importar aguacate mexicano tipo Hass en el 2015.

Ese año, el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y el Servicio Fitosanitario del Estado prohibieron la importación de ese producto bajo el argumento de que podía traer, desde México, una plaga llamada “mancha de sol”, la cual, en ese momento, afectaba el aguacate.

La iniciativa es de Franggi Nicolás y Roberto Thompson, ambos del Partido Liberación Nacional (PLN).

“La empresas que demandaron al Estado adujeron que se vieron afectadas por esa normativa. El monto de la indemnización no lo fijó el Tribunal, hasta que se haga un nuevo peritaje y sea fijado en el proceso de ejecución de sentencia; no obstante, se considera que, posiblemente, sea de más de $5 millones (unos ¢2.850 millones)”, dicta la moción.

Por ese caso, México llevó a Costa Rica a un proceso internacional ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), el cual se discute actualmente.