Para reducir la desigualdad, es necesaria una reforma estructural del sistema educativo público. Es incorrecto afirmar que vivimos en una sociedad justa, pues no todos gozan de la mismas oportunidades.
Hay una gran diferencia entre quienes tienen los medios para enviar a sus hijos a una escuela o un colegio privado y los que dependen del sistema público.
La educación gratuita debe ser tan o buena, incluso mejor, que la privada; los centros educativos del Estado, sin embargo, carecen de infraestructura adecuada, no son bilingües, los profesores no tienen libertad en cuanto a contenidos y metodología, y su capacitación es deficitaria y no están centrados en la innovación.
Costa Rica no invierte suficientes recursos en la primera infancia, etapa clave para reducir la desnutrición infantil y estimular de forma temprana a los niños a fin de prepararlos para el mañana.
Otra debilidad preocupante es la falta de conectividad, la cual no funciona si los educadores no saben utilizarla. Falta equipamiento tecnológico en las aulas y facilidades deportivas.
No hay innovación
Existe una preocupante ausencia de creatividad, apoyo a proyectos no académicos, fomento de la investigación, trabajo con problemas reales y formación continua.
En la enseñanza privada, las juntas directivas y las direcciones establecen las metas y los plazos. La rendición de cuentas se produce todos los meses.
Los costos en la educación privada son menores que los del Ministerio de Educación Pública, lo cual se explica cuando se analiza la estructura burocrática.
La educación privada trabaja con vocación y fomenta la meritocracia. En la pública no hay flexibilidad, y mucho menos creatividad del cuerpo docente para desarrollar nuevas formas de enseñanza.
Los educadores dedican mucho tiempo a los reportes, sacrificando la calidad de la educación. Ningún educador levanta la voz por miedo a represalias de las autoridades o del sindicato. Como dicen, “es mejor no hacer olas”.
Maraña administrativa
Hay que reformar la integración del Consejo Superior de Educación (CNE), que es el órgano rector, para que esté conformado por cinco excelentes profesionales, escogidos en un concurso público y sean ratificados por el Congreso, con lo cual se asegurará calidad, continuidad, visión estratégica y transparencia.
Los miembros del CSE deben ser independientes, tener una conformación multidisciplinaria, con experiencia y capacidad. El CSE debe tener flexibilidad operativa y autonomía económica.
El MEP es un gigante que recibe ¢1,5 billones de presupuesto, cuenta con 20.000 administrativos y 65.000 docentes. Está compuesto por tres viceministros, 66 departamentos, 27 direcciones regionales, 15 direcciones, 207 circuitos educativos, 4.500 centros educativos y múltiples instancias de asesoría.
Además, hay un consejo asesor regional, un consejo de supervisión de centros regionales y departamentos de personal, finanzas, asesoría y administración. En el enjambre burocrático coexisten juntas de educación y administrativas. La estructura es compleja y costosa, y prácticamente imposibilita toda mejora competitiva.
Debe simplificarse, digitalizarse y descentralizarse. Las juntas educativas necesitan poder para tomar decisiones dentro de un marco general.
Falta de coordinación
Las juntas se crearon como un vínculo entre el centro educativo y la comunidad; no obstante, la relación del MEP y los gobiernos locales no existe.
Las juntas reciben recursos anuales por ¢250.000 millones, pero su ejecución promedio no supera el 27%. Las juntas se encargan de manejar el presupuesto, contratar personal administrativo y coordinar obras de infraestructura, transporte, comedores y proyectos.
Aunado a lo anterior, otras de las falencias de las juntas son su bajo nivel de digitalización, estructura fragmentada, brechas regionales y locales, complejidad de funciones y poco control interno.
Las juntas están sometidas a directrices y políticas establecidas por el MEP y el Consejo Superior de Educación, aunque el nombramiento y la destitución son prerrogativas del gobierno local.
La mayoría de los miembros de la junta pertenecen a los grupos de baja escolaridad y la rotación es elevada. Solo el 8% cuenta con estudios universitarios completos y el 39% ha recibido capacitación.
Cambios impostergables
Las juntas educativas deben tener autoridad para exigir resultados al cuerpo académico y administrativo y al director. Todas las directrices provienen de la dirección central y no hay espacio para la innovación y flexibilidad educativas.
No se premia los centros de enseñanza que consigan los mejores resultados en concursos académicos, culturales, deportivos y sociales. Las juntas no tienen ninguna función en la escogencia, evaluación, sanción, separación y premiación del personal docente y administrativo. Padecen serios problemas estructurales, ya que no existe un lineamiento claro de sus funciones.
No es posible mejorar la educación pública manteniendo la estructura del MEP. Se debe evaluar la participación de fundaciones, cooperativas o asociaciones en el desarrollo y manejo de la educación.
Con la actual estructura seguiremos perdiendo productividad, capacidad de mejora y no cerraremos las brechas sociales. No podemos seguir secuestrados por una maraña burocrática. La Red Educativa debió estar terminada hace 10 años y nadie asume la factura por este y los demás fallos.
El autor es ingeniero.
