Recientemente, según informó «La Nación» (10/6/ 2021), la Cámara Nacional de Avicultores (Canavi) denunció que el Consejo Nacional de Producción (CNP) paga un «sobreprecio elevadísimo» a los intermediarios por los huevos que luego el Programa de Abastecimiento Institucional (PAI) —manejado por el propio CNP— vende a las escuelas.
Los hechos habían sido denunciados anteriormente. En el 2017, «La Nación» reveló que los funcionarios de los centros educativos que obligatoriamente deben comprar los alimentos al CNP no solo se quejaban del costo, sino también de la baja calidad de algunos productos, los retrasos en la entrega, la burocracia en la compra y el desorden del CNP en el manejo de facturas.
Ante los cuestionamientos, el presidente de la República justificó la práctica del CNP aduciendo que es «una discusión de fondo ideológica». Reconoció la existencia del recargo en el precio ordinario, pero sostuvo que este es pagado por el gobierno para que «haya muchas familias en las comunidades rurales más pobres del país que produzcan y vendan en un mercado institucional».
En palabras simples, las compras al PAI son un mecanismo de sostenimiento de precios —un subsidio— mediante el cual el gobierno transfiere recursos de los contribuyentes a un grupo particular.
Para hacerlo, sin embargo, recurre a un alambicado procedimiento burocrático, cuyo costo es pagado directamente por las escuelas que requieren comprar para abastecer los comedores y los beneficiarios finales son, paradójicamente, los estudiantes de las familias más pobres del país.
Nos enfrentamos a un claro problema de incoherencia de políticas. El gobierno pretende apoyar a un grupo de familias, pero a la vez perjudica a miembros del mismo grupo, y en el camino origina ineficiencias que son costeadas por todos los contribuyentes.
Además, no está tan claro que el sostenimiento de precios beneficie a los productores. Por un lado, no ataca la raíz de sus problemas —la baja productividad— y, por otro, perpetúa su pobreza atándolos a un sobreprecio artificial.
Dada la situación, es preciso preguntarse cuándo y cómo deben intervenir los gobiernos. En términos generales, los gobiernos intervienen en la economía en situaciones en las que el mercado no produce los resultados deseados. A esto se le conoce como «fallas de mercado» y estas adoptan formas diferentes.
Algunas fallas de mercado tienen que ver con externalidades relacionadas con el medioambiente, por ejemplo, cuando existen incentivos para contaminar. Otras adquieren la forma de asimetrías de información sobre las características del producto y, como consecuencia, los consumidores no pueden tomar la decisión correcta a la hora de comprar.
También, se dan cuando la concentración en los mercados hace que algunas organizaciones ejerzan una posición dominante, en detrimento de la sociedad.
Los gobiernos tienen el poder para remediar las fallas de mercado a través de regulación, impuestos y subsidios. Al querer solucionar las fallas e intervenir, tienen en mente varios objetivos, por ejemplo, la maximización del bienestar social, la solución de problemas macroeconómicos, la equidad social o la seguridad nacional.
Así es que, cuando un gobierno interviene, la pregunta crucial que debe hacerse es para qué, es decir, cuál es la falla en el mercado que desea resolver y en función de cuál objetivo nacional.
Volviendo al ejemplo de los huevos: ¿Es un objetivo válido apoyar la producción nacional agropecuaria? Efectivamente. ¿Es a través de la intervención en el mercado de alimentos como se apoya a los agricultores? Claramente no, porque, literalmente, sale más caro «el caldo que los huevos»; la condición socioeconómica de los productores no mejora, las escuelas pagan más por los alimentos, los estudiantes resultan perjudicados y a los contribuyentes se nos carga la ineficiencia de todo el sistema.
Este ejemplo, junto con algunos otros, como la discusión en torno al cáñamo, la oposición a inscribir agroquímicos, la escasísima atracción de inversión hacia las zonas rurales, la poca investigación y desarrollo, son evidencias de que el Estado no consigue atender las fallas del mercado que afectan a la agricultura.
Al no identificar claramente los problemas, la intervención «ideológica» del gobierno redunda en la falta de coherencia con el desarrollo sostenible.
Los problemas de la agricultura se resumen en la necesidad de aumentar la productividad. La productividad determina el ingreso de las personas, así como la tasa de retorno de las inversiones. Los agricultores merecen vivir mejor y que sus hijos alcancen su pleno potencial. No es con una transferencia del Estado disfrazada de compra institucional como se lograrán esos fines.
Crear más empleos en las zonas rurales precisa una mayor inversión. Por eso, el círculo virtuoso implica más productividad, más inversión y más empleos.
Por ello, es necesaria la definición de políticas públicas eficaces, que se traduzcan en acciones concretas para solucionar los problemas de los agricultores.
El gobierno entrante debe replantear la visión y estrategia de las instituciones públicas agropecuarias, que hasta el momento se caracterizan por ser anacrónicas, complejas e ineficientes.
Considero que se debe racionalizar la institucionalidad pública agropecuaria bajo una línea de mando desde el Ministerio de Agricultura. Eso conducirá al cierre de instituciones obsoletas y el traslado de las funciones básicas de varias de ellas al MAG.
El replanteamiento del sector público agropecuario deberá efectuarse a la luz de la coherencia con el desarrollo sostenible. Las intervenciones del Estado deben basarse en sus beneficios y costos, y este análisis puede recomendar que no se requiere ninguna forma de intervención, incluso cuando los mercados fallan.
victor.umana@incae.edu
El autor es economista.
